21 de Septiembre de 2019

Comisión de Energía impone nuevos controles a la AEE tras revisión de contratos

Por el 21 de Noviembre de 2017

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)  incluir una cláusula en todos sus contratos que establezca que estos no entrarán en vigor hasta que la corporación reciba autorización del organismo regulador.

En una orden emitida la pasada semana, la CEPR requiere además que se incluya en las contrataciones de la AEE la advertencia de que si la Comisión determina que, o tiene fundamentos suficientes para pensar que los servicios están siendo  provistos de forma  defectuosa, se tendrán que paralizar los trabajos.

Las acciones de la CEPR responden al resultado de un análisis de contratos para asegurar la prudencia y evitar el malgasto en la contratación. (Archivo/CB)

Las nuevas directrices de la Comisión surgen en momentos en que tanto a nivel local como federal se realizan sendas investigaciones sobre el contrato otorgado Whitefish Energy Holdings, LLC, por $300 millones. De hecho, la empresa informó ayer la paralización de sus trabajos debido a que durante las pasadas semanas no ha recibido paga por las facturas entregadas que ascienden a $100 millones. La AEE alega que se encuentra auditando las facturas e investigando la denuncia de una de las empresas subcontradas por Whitefish Energy en relación a falta de pago.

Las acciones de la CEPR responden al resultado de un análisis de contratos para asegurar la prudencia y evitar el malgasto en la contratación.

A modo de ejemplo, la CEPR encontró que en los contratos con compañías de energía renovable la AEE paga un precio por energía más una prima por megavatio-hora que se denomina un “crédito de energía renovable” (REC, en inglés). De acuerdo a la Comisión, sin embargo, el precio contractual de la energía, es decir, el precio sin el crédito (“REC”) cubre de manera suficiente los costos  prudentes de construir y financiar los proyectos de energía renovable más una ganancia razonable para sus dueños.

Además, se indica que según sus expertos, aun si fuese apropiado presumir que la AEE debe pagar por los RECs, el monto de la tarifa que estaría pagando la corporación pública por estos contratos sobrepasa el de otras jurisdicciones de Estados Unidos.

La CEPR censuró que por años la AEE permita en su contrato con la generadora EcoEléctrica se requiera un “pago por energía en exceso” de un factor de capacidad de 76%.

 

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EcoEléctrica, una generadora privada de energía mediante gas natural localizada en Peñuelas, fija dicho factor mensualmente, además de fijar la tarifa por energía en exceso semanalmente, lo que dificulta que la AEE pueda predecir sus pagos a EcoEléctrica.

Otro contrato evaluado fue el firmado entre la AEE y Navigant Consulting Inc. para revisar las tarifas en el 2016. La Comisión destacó que el informe sometido por Navigant Consulting contenía errores en cómputos que tenían que ver con la demanda de electricidad y las horas pico. El mismo estuvo por debajo de los estándares de la industria, lo que ocasionó que consultores hayan incurrido en costos adicionales para identificar esos errores, obtener clarificaciones, documentos en apoyo y entender los parámetros de su propuesta.

Otro contrato evaluado fue el de Siemens PTI, que sirvió de consultor en el diseño del Plan Integrado de Recursos (PRI) de la corporación pública que se evaluó en el 2016.  La Comisión sentenció que el trabajo presentado por Siemens y aprobado por la AEE desacata el reglamento estipulado por el ente regulador.

“Junto con su consultor principal, Siemens Power Technologies International, la Autoridad desacató nuestras reglas, no empleó técnicas de planificación estándar, atrasó  la producción de información requerida y demostró tener poca apreciación para el potencial de la eficiencia energética  y la respuesta a la demanda. Estas conductas llevaron a que la Autoridad y Siemens llegaran a conclusiones que sobre enfatizan las construcciones costosas, mientras subenfatizan los roles de las tecnologías de energía renovable y el comportamiento del consumidor, como maneras de lograr la independencia energética”, esbozó la Comisión.

Mientras, el contrato de la AEE con Excelerate para la construcción del Aguirre Offshore Gasport (AOGP) contenía una disposición para retener la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FRSU, en inglés) por 15 años que requería un pago diario de $111,500, o $40.7 millones por año, e incluye daños líquidos sustanciales por resolver el contrato. Además, tenía una cláusula “hell or high water”, la cual requería que la Autoridad pagará por la instalación flotante “independiente de la cantidad de gas natural licuado entregado a Excelerate para regasificación”.

En cuanto a los contratos con Mitsubishi Hitachi y Alstom para la unidad de ciclo combinado en San Juan y el mantenimiento de la planta, se destacó que no contenían métricas de desempeño.

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