10 de Diciembre de 2019

Comisionado de la FCC advierte al gobernador sobre desvío de fondos del 9-1-1

Por el 30 de Abril de 2018

En su segunda carta al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, el comisionado federal de comunicaciones, Michael O’Rielly, advirtió que “le resultará difícil” respaldar que se otorguen Fondos de Servicio Universal adicionales para reconstruir la infraestructura de comunicaciones en la isla si continúan desviándose las tarifas del 9-1-1 para fines de seguridad no relacionados o no públicos.

Por su parte, Rosselló Nevares indicó en una conferencia de prensa que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estaba “esencialmente” acusando a la previa administración de Alejandro García Padilla.

Comisionado de la FCC, Michael O’Rielly. (www.fcc.gov)

“Hubo un mal uso de los fondos del 9-1-1 y nosotros, tanto el secretario [Héctor] Pesquera como los directivos del 9-1-1, hemos estado entablando comunicación para dejarle saber cómo es que se va a corregir, de dónde es que se va a sacar ese capital y cómo es que se va a utilizar de manera adecuada”, indicó Rosselló Nevares.

Añadió que, aunque el comisionado estaba haciendo una imputación, “y nosotros la reconocemos, de alta seriedad, pero es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que esto no surge de algo de ahora. Surge de un mal uso de recursos que ya se había dialogado previamente […]”.

“Como producto de eso hay una preocupación genuina allá [en la FCC] y nuestro compromiso es trabajar para poder mitigar esas preocupaciones y darles garantías, tanto a la FCC como a todo el mundo, de que esos fondos se van a utilizar de manera adecuada”, aseveró el gobernador.

El 1 de marzo, después de enviar cartas a los gobernadores de Nueva York, Oklahoma, Missouri, Montana, Guam, Islas Marianas del Norte y Puerto Rico el 20 de febrero, O’Rielly reiteró que los estados y territorios que fallaron en informar a la FCC respecto a sus prácticas de desviación de tarifas 9-1-1 podrían estar socavando la “capacidad de modernización de los centros de llamadas de emergencia de seguridad pública local” y que “el problema es equivalente a atar las manos de funcionarios de seguridad pública a sus espaldas durante una crisis importante” y rezar para que las cosas funcionen. No está bien y no es inteligente”, escribió el comisionado.

El Fondo de Servicio Universal proporciona subsidios federales a las empresas para que los servicios de comunicaciones sean más accesibles y asequibles en lugares donde el costo es alto.

“La Comisión depende de que los estados y territorios informen en qué medida desvían las tarifas del 9-1-1 para otros fines, si es que lo hacen. Esta información luego se envía al Congreso, que tiene la importante tarea de determinar qué políticas pueden ser necesarias para garantizar que se proporcionen fondos suficientes para los servicios del 9-1-1”, recordó el comisionado a los gobernadores.

O’Reilly pidió a los gobernadores que explicaran por qué su jurisdicción no respondía a la solicitud de información, qué medidas tomaron para “rectificar el error” y si se desviaron las tarifas, qué cantidad de dinero y para qué funciones.

El 7 de marzo, Rosselló Nevares respondió al comisionado un día después de que el presidente de la FCC, Ajit Pai, propusiera destinar unos $954 millones para “restaurar y expandir” las redes de comunicaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI) que fueron dañadas por los huracanes de septiembre a través de un plan que incluye “reutilizar el servicio universal de apoyo actualmente dirigido” a Puerto Rico y las USVI.

En su carta a O’Reilly, el gobernador incluía el formulario anual de cobro del 9-1-1 que el gobierno no había presentado. Le explicó al comisionado que el documento no había sido archivado debido a un error administrativo. Rosselló Nevares dijo que la Oficina del 9-1-1 de la isla crearía una Guía de Cumplimiento para “recopilar y presentar solicitudes futuras mejor que en la actualidad”, y dijo que el exgobernador García Padilla había desviado legalmente $243,100 en ahorros de tarifas 9-1-1 a un fondo de desarrollo de fuerza laboral de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

“De todos los lugares, no creo que deba recordarle cuán importantes pueden ser los servicios del 9-1-1 durante momentos críticos de la necesidad”, escribió O’Rielly a Rosselló Nevares, agregando que si se logran excedentes, entonces las tarifas no deberían ser recolectadas de los residentes después de los huracanes del año pasado.

Ahora quiere saber si el gobernador apoya tales “maniobras presupuestarias” y si tiene la autoridad para rectificar el desvío de fondos hacia actualizaciones de la red o devolverlos a los residentes.

Según la FCC, puede “aumentar la presión y obligar a los estados a poner fin a esta práctica despreciable” al prohibir la imposición de tarifas 9-1-1 a las llamadas interestatales, prohibiendo que los servicios interestatales se incluyan como fuentes de ingresos, impidiendo a los proveedores tarifas de servicio superiores a las que se requieren para el fondo de servicio universal, y excluir a cualquier persona de un estado desviador de la participación en un Comité Asesor de la Comisión.

El comisionado también advirtió que el Congreso podría frenar la práctica de desviar fondos del 9-1-1 aplicando la ley existente o ejerciendo influencia al condicionar subsidios y fondos.

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