13 de Noviembre de 2018

Comité de Acreedores no Asegurados demanda para detener acuerdo de reestructuración del BGF

Por el 7 de Septiembre de 2018
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El Comité de Acreedores no Asegurados demandó en el tribunal federal para detener el plan de ajuste de la deuda del Banco de Gubernamental de Fomento (BGF) las resoluciones consensuales de Título VI de la ley Promesa.

En un procedimiento contradictorio presentado el jueves por la noche, el Comité dijo que bajo el acuerdo del BGF, los exfuncionarios y asesores del banco estarían exentos de responsabilidad por la deuda pública de la isla. El BGF era el asesor financiero del gobierno.

“Mucho antes del comienzo de estos casos del Título III [ajuste de la deuda], el Banco de Gubernamental de Fomento…como asesor financiero de los Deudores del Título III, fue el arquitecto de varias de las maniobras financieras que llevaron al Título III la crisis fiscal actual de los deudores”, expresó el comité.

Como resultado de la crisis fiscal, el BGF se redujo operacionalmente y cesó sus labores hace más de un año, pero los exempleados del BGF siguen involucrados en los esfuerzos de reestructuración de Puerto Rico.

“De hecho, los conocedores actuales y anteriores del BGF son ahora (i) miembros de la junta de control fiscal, (ii) funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) , (iii) directores generales del asesor financiero de Aafaf, o (iv) el director ejecutivo de un grupo de bonistas del BGF que respalda la transacción (los llamados “Bonistas Del Patio” cuyo director ejecutivo es el extitular del BGF, Jorge Irizarry). Estas personas preferirían que esta Corte ‘sepulte’ al BGF antes de que el Comité y otras partes interesadas tengan la oportunidad de realizar la autopsia”, señaló el comité.

Acreedores no Asegurados aseguran se necesitan realizar más investigaciones sobre la deuda

El comité hizo hincapié en que el gobierno está tratando de reestructurar todas las deudas de BGF y liquidar sus activos fuera de los procedimientos del Título III.

El ajuste de la deuda del BGF contempla la reestructuración de sus acreedores no asegurados y de ciertos depositantes a través de una modificación calificada (“qualifying modification”, en inglés) vinculante para todos los tenedores de bonos bajo el Título VI, dijo el grupo, para lo cual el BGF ya solicitó aprobación.

“Las reclamaciones de los Deudores del Título III y ciertos otros depositantes del gobierno no se están reestructurando como parte de la supuesta modificación calificada. Por el contrario, sus reclamaciones se reestructuran únicamente a través de transacciones que se realizarán en conformidad con la Ley de Reestructuración del BGF, que pretende liberar cualquier derecho o reclamo de los Deudores del Título III contra el BGF o sus actuales o anteriores funcionarios, directores, empleados, agentes o representantes (colectivamente, los ‘Liberados de BGF’) y privar a los Deudores del Título III y cualquier otra entidad gubernamental de legitimación para impugnar la Reestructuración del BGF”, escribió el comité.

Sin embargo, incluso si no se permitieron reclamos potenciales de responsabilidad contra los funcionarios del BGF, tampoco se permiten otros reclamos de los deudores contra el banco, dijo el grupo.

El comité dijo que el acuerdo compensaría los fondos públicos depositados en BGF por los deudores del Título III contra los “supuestos préstamos pendientes” del BGF a esos deudores, transferirá todos los activos valiosos en el BGF, muchos de los cuales consisten en depósitos de fondos públicos para la Autoridad de Recuperación, y liberar la entidad y los liberados del BGF de los reclamos que los deudores pudieran presentar contra ellos.

El grupo quiere invalidar el trato, alegando que va en contra de Promesa porque solo los tenedores de bonos pueden invalidar los reclamos, y que la ley no puede ser reemplazada.

“El ELA no puede promulgar su propio estatuto de liquidación porque cualquiera de estos estatutos sería reemplazado por Promesa de conformidad con la Cláusula de Quiebras. La Ley de Reestructuración del BGF equivale a una ley de bancarrota de facto que descarga o extingue la mayoría de los reclamos contra el BGF, transfiere todos los activos del BGF a otras entidades y existe en la misma área cubierta por el Título III de Promesa”, indicó el comité.

El grupo también discrepó con el informe comisionado por la junta de control fiscal sobre las causas de la deuda de la isla.

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