11 de Diciembre de 2018

Comité de Reclamaciones evaluará posibles demandas que puedan beneficiar a deudores

Por el 19 de Septiembre de 2018

El Comité de Reclamaciones Especiales creado por la junta de control fiscal evaluará los hallazgos de una investigación sobre las causas de la deuda realizada por la firma Kobre & Kim para determinar posibles demandas que puedan beneficiar a los deudores.

“La primera fase de esta investigación fue diagnóstica. ¿Hay causas de acciones de diversas maneras y qué podemos hacer para garantizar que esto no vuelva a suceder?”, señaló David Skeel, miembro de la junta, durante una audiencia el martes. El Comité de Reclamos está compuesto por Skeel y los miembros Ana Matosantos, Arthur González y Andrew Briggs.

Durante la vista, la firma Kobre & Kim enfatizó que el objetivo de la investigación era determinar qué contribuía a la deuda de $72 billones de Puerto Rico y no culpar a individuos específicos.

“El objetivo del informe tiene poco que ver con la culpabilidad, pero más con los hechos… El objetivo era identificar para el público los hechos relevantes de la crisis fiscal y dejar para el público y los políticos el objetivo de la responsabilidad”, expresó John Kouriel de la firma Kobre & Kim.

El tiempo es esencial debido a que la fecha límite para que los deudores del Título III ejerzan poderes de evasión para recuperar ciertas transferencias de propiedad, tales como preferencias o transferencias fraudulentas, o para anular gravámenes será para el mes de mayo. “El foco va a ser si hay causas de acción que podrían traer dinero”, dijo Skeel.

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La documentación reunida por el investigador está programada para hacerse pública de acuerdo con un plan de salida presentado a la jueza Laura Taylor Swain que también contiene procedimientos para establecer disputas de confidencialidad, de acuerdo con documentos judiciales. Ninguno de los documentos se ha hecho público aún.

El Comité de Acreedores No Asegurados se ha quejado en la corte del acuerdo de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), argumentando que liberaría a la entidad de responsabilidad por las acciones como agente fiscal del gobierno, impidiendo que los deudores del Título III busquen activos. Skeel señaló que había confusión sobre el alcance de las exoneraciones que se permitirán como parte de la reestructuración del BGF.

“El alcance es bastante estrecho. Las exoneraciones no liberan a los antiguos ejecutivos del BGF. No liberan a ninguno de los profesionales, a ninguno de los bancos… También se aplica a los empleados actuales del BGF. Deberían estar protegidos en el proceso de reestructuración actual… Es algo que hemos estudiado con mucho cuidado”, dijo.

El martes, la jueza Laura Taylor Swain negó la solicitud del comité de hacer cumplir la suspensión automática de la reestructuración del BGF. Todavía hay otra demanda acusatoria pendiente.

Antes de la conferencia de prensa de la junta de control fiscal, un panel de funcionarios del sector privado formuló varias recomendaciones, incluido el nombramiento de un síndico de reclamaciones. Cuando se le preguntó acerca de la propuesta, Skeel dijo “no sabemos”. El nuevo comité está recién formado. Lo que haremos es mirar este informe, buscar posibles causas de acción y actuar en consecuencia… Llevaremos el litigio donde sea apropiado”.

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Matosantos dijo que el comité especial no solo presentará reclamos, sino que también hará referidos al Departamento de Justicia y hará sugerencias para cambios en las operaciones del gobierno. “Muchos de los problemas que surgieron ya son parte del caso del Título III”, dijo Matosantos. Algunos de estos problemas incluyen la legalidad de la emisión de bonos de 2014 y si Puerto Rico violó sus límites de deuda constitucional.

Cuando se le preguntó si la junta respaldará investigaciones paralelas a la deuda, como la propuesta por el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Kouriel dijo que el informe habla por sí solo. “En lo que a mi respecta, pudimos identificar qué tipo de decisiones se podrían haber tomado”, dijo.

Al preguntársele si la firma informó a la junta de cualquier mala conducta, Kouriel dijo que “el informe es la respuesta… El informe habla por sí mismo sobre el grado de mala conducta que encontramos…”

El consejero general asociado de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), Alvin Velázquez, dijo a CB en Español que la junta necesitaba ir detrás de los bancos y las empresas que asesoraban al gobierno sobre las emisiones de bonos en lugar de perseguir a las personas porque ese no es el lugar donde está el dinero.

Durante la audiencia, hubo una protesta silenciosa de un grupo de personas que sostenían un letrero que decía “La junta miente”.

Junta de control fiscal establece Comité Especial de Reclamaciones

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