21 de Septiembre de 2020

Comparan reducción de jornada laboral con despidos provocados por la Ley 7

Por el 9 de Marzo de 2017

El economista Vicente Feliciano expresó que la reducción de la jornada laboral a empleados públicos, propuesta por la junta de control fiscal, tendría el mismo impacto que las cesantías provocadas por la Ley 7 de 2009, cuando la administración de Luis Fortuño.

“Cuando hablas de una reducción de jornada en la semana, estás hablando de una reducción en la nómina. Desde el punto de vista económico, es mejor hacer una reducción de jornada a llegar a despidos directos, porque la carga en un individuo es menor, pero el impacto económico es muy similar. Si tú reduces la nómina en un 20% en este caso –lo que la junta sugiere es 20% o menos– no estará lejos de la reducción en nómina que ocurrió como resultado de la Ley 7”, explicó.

Feliciano destacó que los despidos del 2009 tuvieron un gran impacto en el sector empresarial. Además, advirtió que si es necesario aplicar recortes a la jornada laboral, no debe hacerse a la ligera debido a que el impacto en la economía será significativo, a la vez que provocará una contracción en la base tributaria.

El exsecretario de Estado, Kenneth McClintock. (Juan J. Rodríguez/CB)

El exsecretario de Estado, Kenneth McClintock. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Durante los años inmediatos luego de la crisis financiera global y la Ley 7, la economía se contrajo un 4% por dos años consecutivos, la contracción más grande desde la depresión”, resaltó Feliciano.

El exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, señaló que en el 2009, la administración de Fortuño también consideró reducir la jornada laboral, pero optó por despedir empleados. A manera de ejemplo, sobre cómo esta medida podría afectar a los puertorriqueños, McClintock indicó que si los recortes se aplican al salario de un empleado, pero no a sus préstamos hipotecarios o de autos, esto provocaría que pierdan sus hogares o vehículos.

“Si tú despides una cantidad pequeña de empleados, y yo creo que no tenemos que hacerlo, en lugar de acortar las horas por seis días al mes, puedes hacer que algunas personas, los jóvenes, que son más flexibles, buscar otro trabajo o reubicarse. Si pierdes tu trabajo, tu familia estará ahí para apoyarte. Si tienes una reducción en los ingresos, no cuentas con tantas personas que puedan ayudarte”, expresó McClintock.

A esto, Feliciano respondió que los empleados públicos que se vean afectados por el recorte de horas pueden recuperar el tiempo de trabajo una vez la economía se fortalezca. Además, señaló que la isla necesita retener trabajadores.

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El intercambio se dio durante el Segundo Encuentro de Bonistas de Puerto Rico, en donde se discutió si el país debe reestructurar su deuda a través del Título VI (negociación voluntaria con la mayoría de los acreedores de un crédito) de la ley federal Promesa o bajo el Título III (con la intervención del tribunal federal). El foro, moderado por el editor de Caribbean Business, Philipe Schoene Roura, se llevó a cabo previo a que se conociera que la junta de control fiscal brindaría 48 horas al gobierno para revisar su plan fiscal, luego de que concluyeran que el mismo no cumple con los requisitos de la Ley Promesa.

Feliciano mencionó que, si bien Título VI sería la mejor opción, hay una gran posibilidad de que la reestructuración de la deuda ocurra bajo Título III. Desde que la ley federal Promesa entró en vigor el año pasado, el gobierno no ha podido firmar un acuerdo de reestructuración de la deuda, pues el acuerdo alcanzado con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se logró previo a que Promesa se convirtiera en ley.

El economista destacó que “lo que hace que Título III sea probable” es que, aunque el gobierno indicó que cuenta con $1,200 millones para negociar, la junta argumentó que solo son $800 millones, lo que provocará una batalla entre los acreedores por obtener parte de la suma acordada.

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En cuanto al plan fiscal, que propone una reducción en la estructura del gobierno, Feliciano dijo que las reducciones en varias áreas están comenzando a ir más allá de lo que se necesita para asegurar la prestación de servicios. Aunque muchos piensan que Puerto Rico cuenta con un gran número de servidores públicos, Feliciano indicó que el sector privado es muy pequeño, por lo que sugirió que el enfoque debe ser promover el crecimiento de este sector.

Mientras, McClintock señaló que cree en la toma de decisiones apoyadas en datos, pero que los números del gobierno deben ser evaluados con cautela. Sin embargo, argumentó que la junta de control fiscal se equivoca en asumir que el gobierno federal no proveerá fondos de salud a la isla.

¿Cómo caracterizan las operaciones de la junta? McClintock indicó que, debido a los plazos impuestos por Promesa –como la expiración del “stay” sobre demandas a principios de mayo–, el gobierno debe operar en modo de crisis y contar con diversos grupos para negociar con varias clases de acreedores en lugar de solo un grupo. Además, opinó que el periodo de protección contra demandas debe extenderse.

Feliciano agregó que la belleza de tener una fecha límite es que el gobierno puede realizar una oferta de reestructuración de la deuda a un acreedor, que estaría dispuesto a aceptarlo si es razonable en lugar de pasar al Título III de Promesa.

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“Si el plazo no está, entonces vamos a continuar negociando hasta diciembre 31. Nuestra economía no puede darse el lujo de negociar hasta diciembre. Tuvimos un congelamiento de los incentivos fiscales que va a estar al margen hasta que la situación se resuelva. Es importante sacarlas del camino (las negociaciones) lo antes posible”, explicó.

McClintock indicó que el Título III de Promesa no debe ser una opción para reestructurar la deuda, pues todo el proceso sería liderado por un juez encargado de tomar las decisiones. Como problema adicional, destacó que sería más difícil incorporar a Puerto Rico en los mercados. “Realmente tenemos que tomar el tiempo para negociar”, agregó.

Feliciano resaltó que la ciudad de Detroit atravesó un proceso de quiebra y regresó al mercado un año después.

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