24 de Mayo de 2020

Con fecha primera sesión de mediación en casos de Título III

Por el 28 de Junio de 2017

El Gobierno de Puerto Rico, la junta de control fiscal y acreedores de la isla se ven nuevamente las caras con una agenda cargada en el tribunal federal. (iStock)

Poco después de las 9:30 a.m. de hoy, la jueza federal Laura Taylor Swain dio comienzo a una nueva vista relacionada a los casos de quiebra del ELA bajo el Título III de la ley Promesa.

La vista inició con la presentación de la jueza federal Barbara Houser, quien liderará el comité de cinco jueces federales que servirán como mediadores en los casos. Houser explicó el proceso de mediación que se llevará a cabo en los próximos meses y que comienza el 12 de julio con la primera sesión de mediación.

Acto seguido, se presentó a la jueza Judith Dein, quien actuará como magistrada y ayudará a Swain con el manejo de los casos.

La jueza Swain autorizó la consolidación del manejo de los casos de quiebra presentados para el Sistema de Retiro y la Autoridad de Carreteras (ACT), con el del gobierno central y Cofina. Aunque acreedores de las dos entidades se oponían a la movida, durante la vista se anunció que resolvieron las diferencias y retiraron sus objeciones.

También se retiraron las oposiciones a la moción del Gobierno que buscaba confirmar la aplicación del “stay” o suspensión de acciones legales en contra del ELA. Así las cosas, Swain autorizó la moción, pero conforme a lo acordado entre el Gobierno y los acreedores en este aspecto.

En cuanto a la disputa entre acreedores de obligaciones generales (GOs) y Cofina, la jueza rechazó un pedido por parte de ciertos fondos mutuos para dejar sin efecto el “stay” y así poder pedir al Tribunal Supremo de Puerto Rico que se exprese sobre la legalidad de la estructura que el impuesto sobre ventas y uso (IVU) garantiza. La junta fiscal, al igual que ciertos grupos de acreedores, se opusieron a la movida.

Mientras, la jueza también rechazó un pedido de la junta para nombrar a dos agentes independientes para el gobierno central y Cofina, con miras a que puedan representar, por parte de la junta, los intereses particulares de estas entidades. La moción rechazada también establecía un mecanismo para solucionar la disputa, con una fecha límite del 1 de noviembre.

La mayoría de los grupos acreedores se opusieron a la estrategia debido a varios aspectos que consideraban problemáticos en la propuesta del ente creado por Promesa, incluyendo el poder que tendría sobre cualquier acuerdo que se pudiera lograr y el nombramiento de los agentes. Al denegar la moción, Swain pidió que auscultaran la posibilidad de mejorar entre las partes las propuesta de la junta.

También se atendió sin mayores objeciones una moción del Gobierno que buscan asegurar la continuación de servicios de sus suplidores.

Durante el día de hoy, el Gobierno de Puerto Rico, la junta de control fiscal y acreedores de la isla -o más bien sus abogados- se ven nuevamente las caras en el tribunal federal de Hato Rey, con una agenda cargada que incluye argumentación sobre varias acciones legales por parte del Gobierno y acreedores.

Por último, también atendió algunos asuntos procesales relacionados a varios casos que han radicado ciertos acreedores en contra del Gobierno.

A negociar acreedores de Retiro y Gobierno

Una vez terminó de atender los asuntos relacionados a la vista general, u “omnibus”, Swain discutió una moción por parte de acreedores del Sistema de Retiro que buscan levantar el “stay” y que se les proteja adecuadamente.

El grupo alega que, a raíz de que el Gobierno dejará de realizar las aportaciones patronales a los sistemas comenzando el próximo año fiscal, se verán afectados ya que las aportaciones garantizan el pago de sus bonos. Buscan que se deposite hasta $18 millones en una cuenta segregada cada mes, hasta tanto se resuelva el proceso de reestructuración bajo Título III del Sistema de Retiro.

Tras escuchar los argumentos de las partes, se acordó que el Gobierno y este grupo de acreedores negocien hasta el 10 de julio un posible acuerdo sobre la controversia. De no lograr consenso, la jueza tomará una decisión inmediata al respecto.

 

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