28 de Junio de 2022

Confiado el gobernador que prevalecerá contra la junta en reducción de jornada 

Por el 28 de Agosto de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se expresó hoy confiado en prevalecer sobre la junta de control fiscal en el recurso que presentó el ente creado por la ley federal Promesa para que se imponga un recorte de dos días al mes en la jornada laboral de los empleados públicos de la rama ejecutiva, excepto a los policías.

El mandatario insistió en que la reducción en la jornada es una “recomendación” y “no es necesaria en este momento”, pues se ha cumplido con las expectativas de liquidez. También sostuvo que una medida como esta tendría un impacto “negativo” sobre la economía, los recaudos gubernamentales y sobre los miles de trabajadores a los que se les aplicaría.

En un recurso legal presentado hoy ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien dirige los procesos de renegociación de la deuda de Puerto Rico mediante el Título III de Promesa, la junta solicita que se declare que tanto el recorte en la jornada laboral como la reducción de un 10% en las pensiones públicas son “partes mandatorias” del plan fiscal y no recomendaciones, como alega el Gobierno. Así, buscan que se pongan en vigor los recortes.

[DOCUMENTO] Junta fiscal demanda al Gobierno por reducción de jornada

“La ley [Promesa] dice bien claro lo que es una recomendación, el gobernador va a tener el espacio para contestar. Hemos evaluado, estamos en evidencia, lo pudimos demostrar que no es necesario [implementar un recorte en la jornada laboral], y nos sentimos confiados de que sí [prevalecerá el Gobierno contra la junta]”, afirmó el primer ejecutivo durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

Su reacción a la demanda se dio justo después de que declarara que su representante ante la junta, Christian Sobrino, continuaba conversando con el ente para evitar la imposición del recorte en la jornada laboral.

De hecho, el mandatario confirmaba que el Gobierno solicitó a la junta que les otorgaran más tiempo para evaluar la necesidad de un recorte en el periodo laboral de los trabajadores, al menos hasta que concluyera el trimestre el 31 de octubre. De esa forma, se tendría más información sobre si el Gobierno estaba cumpliendo con los recaudos estimados y los recortes establecidos en el plan fiscal.

“Hay una conversación continua para poder ver cómo es que trabajamos con medidas fiscales que cumplan con el plan fiscal”, indicó Rosselló Nevares antes de que se diera a conocer que la junta había demandado al Gobierno para imponer la reducción en la jornada.

Tras conocer del recurso legal, el mandatario alegó que “todo el mundo anticipaba eso. No es una gran sorpresa. Entendemos que tenemos un argumento robusto en ley donde por el [artículo] 205 [de Promesa] estamos ejecutando todo el plan fiscal, y la reducción de jornada laboral era una recomendación que se había puesto como enmienda dentro del plan fiscal”.

Gobierno se defenderá en los tribunales por reducción de jornada 

El Artículo 205 establece el proceso mediante el cual la junta realizará las “recomendaciones sobre la estabilidad financiera y la responsabilidad administrativa”. Ahí se destaca que el organismo podrá realizar recomendaciones “en cualquier momento” sobre diversos temas, sobre todo en el ámbito fiscal, y que el Gobierno y la Legislatura podrían adoptarlas presentando un plan de implementación o rechazarlas.

En caso de un rechazo, deben enviar una explicación al presidente estadounidense, el Congreso federal y la junta. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el gobernador ya envió esa respuesta a las autoridades pertinentes.

“No me opongo a la reducción de jornada laboral como una guerra filosófica. Es por una razón pragmática de que no es necesaria en este momento, hemos cumplido con los objetivos que se habían establecido que se tenían que cumplir, que eran unos objetivos de liquidez, pero que estamos dispuestos a buscar otras alternativas para cumplir medidas que lleguen a los objetivos fiscales”, insistió el primer ejecutivo.

El gobernador sostuvo que el 1 de septiembre, fecha en que debía entrar en vigor el recorte, los empleados públicos tendrán un día de trabajo normal.

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