29 de Noviembre de 2021

Confiado el presidente electo de la Cámara en que es posible trabajar con la junta fiscal

Por el 1 de Diciembre de 2016

En la foto, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez. (Agustín Criollo/CB)

En la foto, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. (Agustín Criollo/CB)

A dos semanas de las elecciones, el presidente electo de la Cámara de Representantes tiene claras sus prioridades para el nuevo cuatrienio que inicia en enero. Carlos “Johhny” Méndez tiene la mira puesta en cuatro asuntos fundamentales: el desarrollo económico, la salud, la educación y la transparencia.

También está seguro de que sus planes no serán obstaculizados por la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la ley Promesa. El legislador confía en que el organismo, aunque tiene el poder de revisar las leyes, presupuestos y decisiones fiscales que tomen las ramas ejecutiva y legislativa, corroborará durante la administración del gobernador electo Ricardo Rosselló que “aquí [en Puerto Rico] se están haciendo las cosas bien por primera vez”.

“Ya eso es ley y sencillamente vamos a trabajar con ella [con la junta de control fiscal] demostrándole que nosotros tenemos la madurez suficiente y la credibilidad para ejecutar un buen trabajo en la preparación del presupuesto”, expresó Méndez en una entrevista con Caribbean Business.

El representante explicó que, como la Cámara es el cuerpo legislativo que constitucionalmente tiene la responsabilidad de aprobar primero el presupuesto, serán incisivos cuando las agencias gubernamentales defiendan en vistas públicas el dinero que reciben.

Indicó que desde el primer presupuesto que aprobarán, el del año fiscal 2017-18, solicitarán a las entidades públicas que justifiquen “cada una de las partidas” mediante el mecanismo de presupuesto base cero. “Aquellas que no se justifiquen, no las vamos a aprobar”.

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De igual forma, restablecerá el requisito de solicitar una certificación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cada vez que se presente una medida que tenga un impacto fiscal, de manera que se sepa si está disponible el dinero en el fondo general. Además, impulsará la creación de un “artículo penal para que el funcionario que no cumpla con su obligación de asegurarse que el dinero está [en el fondo general] y se puede efectuar ese gasto, tenga consecuencias penales”.

“Eso hará que todo funcionario que venga a tirarnos una medida de impacto fiscal tenga que ver primero si hay cumplimiento con esa ley [con la certificación de OGP) y con [los requisitos de] la junta de control fiscal. Y eso va a evitar que venga la junta donde nosotros a regañarnos”, sentenció el próximo presidente cameral.

¿Qué pasará si la junta de control fiscal cuestiona la aprobación de alguna ley o presupuesto, lucharían contra el organismo?, cuestionó Caribbean Business. “Eso no va a ocurrir”, dijo categóricamente el actual portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara.

De hecho, Méndez es de los líderes del PNP que ha criticado la sesión extraordinaria del gobernador Alejandro García Padilla por entender que muchos de los proyectos de ley que se evalúan tienen un impacto fiscal, por lo que deben contener “una certificación que exige la ley Promesa”. Pero “ninguna de esas medidas ha llegado con esta certificación. Por lo tanto, habrá un pleito en los tribunales si se aprueba así como está”, sentenció.

El secretario de Estado, Víctor Suárez, declaró en la tercera reunión de la junta de control fiscal que lo que se verá en la sesión extraordinaria —más de un centenar de proyectos y nombramientos— cumple con la ley Promesa.

De otro lado, pese a que la administración de García Padilla ha insistido en que la deuda, tal y como está, es “impagable” e incluso insistió a través de la firma de consultoría Conway MacKenzie que el gobierno central podría quedarse sin suficiente flujo de caja en febrero del año próximo, Méndez difiere sobre estos planteamientos.

La deuda se puede pagar. Soy de la creencia que nosotros tenemos la capacidad de pago. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tener un gusto de champán con un bolsillo de maví y eso es lo que tenemos que aprender, a hacer ajustes”, declaró.

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También desconfía en los datos del gobierno de García Padilla, al punto de negar que la deuda sea de alrededor de $70,000 millones. “A este gobierno no le puedo creer nada. Este gobierno dijo que hay $72,000 millones en deuda. Eso no es real. El mismo gobierno ha certificado que lo que hay son alrededor de $24,000 millones”, acotó.

Cuando este medio le cuestionó si esos $24,000 millones se referían únicamente a la deuda del gobierno central, dejando a un lado las de las corporaciones públicas, el representante explicó que “las deudas de las corporaciones son unas que no entran en la deuda constitucional”.

“Las corporaciones tienen capacidad de pago con sus activos, con la venta de lo que son precisamente los servicios. El gobierno central lo que tiene es una deuda de $24,000 millones que puede repagarse si reenfocamos lo que tiene que ser el dinero del gobierno en dónde se tiene que utilizar”, insistió.

La cifra de $70,000 millones en deuda, según datos oficiales, incluye las emisiones del gobierno central y las corporaciones públicas. Sin embargo, la cifra no contiene las obligaciones futuras sin cubrir de los sistemas de retiro, las cuales aumentarían la deuda pública en casi $50,000 millones, según la información fiscal presentada la semana pasada por el equipo técnico del comité de transición saliente de García Padilla.

Enfocado en aprobar el Plan para Puerto Rico

Por otra parte, el presidente electo de la Cámara adelantó que cuando juramente la próxima Asamblea Legislativa el 9 de enero de 2017, lo primero que hará será “hincar mis rodillas y voy a orar para pedirle sabiduría a Dios. Luego de eso, sencillamente [voy a] enrollarme las mangas y ponerme a trabajar”.

Los planes del gobernador electo son aprobar en esos primeros 55 días de gobierno las medidas de control de gastos y ajuste fiscal que incluye en su Plan para Puerto Rico. Por esto, Méndez ya ha designado a la mayoría de los presidentes de las comisiones de la Cámara para que inicien la evaluación preliminar de las medidas y estén listos para comenzar las vistas públicas tan pronto juramenten.

Entre los primeros proyectos que se aprobarán se encuentra la propuesta de empleador único de Rosselló, la cual pretende convertir a la mayoría de los servidores públicos en empleados del gobierno central y no de sus entidades. Esto permitirá la movilización de empleados entre agencias sin despidos y sin violentar convenios, según han establecido.

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Sobre el particular, el líder legislativo no pudo dar detalles adicionales. “Eso todavía no está plasmado en un documento porque hay que evaluar otras muchas leyes. Pero esto que plantea el doctor Rosselló no es nuevo. Esto existe en el gobierno federal, donde un empleado de una agencia puede ser movido a otra agencia”, indicó Méndez. Aunque confirmó la existencia de un borrador del proyecto de empleador único, dijo que no lo ha visto.

Impulsará el “flexitime” y una Ley de Cabilderos

Como la transparencia es una de sus prioridades, Méndez adelantó a Caribbean Business que impulsará una Ley de Registro de Cabilderos para que la ciudadanía conozca los grupos de interés detrás de cada medida legislativa que se presente, así como los cabilderos detrás de un proyecto de ley y quién les paga para que impulsen su aprobación.

Si el proyecto no se aprobara, el presidente electo de la Cámara firmaría una orden administrativa que establezca controles similares a los de su proyecto a los cabilderos en ese cuerpo legislativo. El legislador presentó una medida similar este cuatrienio, pero no fue evaluada ni llevada a votación.

De otro lado, el representante también presentará un proyecto de ley para que sea viable el horario flexible (flexitime) en la isla sin requerir una enmienda a la Constitución de Puerto Rico, la cual protege la jornada laboral de ocho horas y establece que las horas en exceso se paguen vez y media el tipo de salario ordinario. El proyecto instituiría las bases para que los empleados puedan renunciar voluntariamente al derecho constitucional que protege la jornada de ocho horas para llegar a un acuerdo con sus patronos.

Aunque tanto Méndez como Rosselló han hablado de modernizar y revisar todas las leyes laborales, aún no han discutido cómo se impulsará una reforma laboral. “No se ha discutido nada sobre eso, pero obviamente hay que mirar las leyes laborales. […] Tenemos que atemperar las leyes laborales al siglo 21”, dijo el representante.

Una reforma contributiva también podría ser presentada, ya que la próxima administración prometió “revisar todos los impuestos” aprobados entre 2013 y 2016. Al momento, se podría adelantar la eliminación del impuesto a los servicios entre empresas (business to business o B2B), confirmó Méndez, pero los restantes cambios contributivos se realizarían tras analizar cómo mejorar el Código de Rentas Internas.

Por otra parte, el próximo presidente de la Cámara insistió en la necesidad de una reforma educativa que “elimine la burocracia del nivel central” y permita que el dinero llegue a las escuelas. En esa línea, confirmó que el Plan para Puerto Rico no contiene una reforma educativa, sino distintas propuestas para mejorar la educación e incorporar escuelas especializadas.

También espera cumplir con los servicios a los estudiantes de Educación Especial y dar por terminado el pleito de clase Rosa Lydia Vélez. Es por esto que creó la Comisión sobre la Educación Especial y el Desarrollo de la Niñez, que busca atender de forma directa los asuntos concernientes a esta población.

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Sobre los problemas con los fondos de salud, Méndez se mostró confiado en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presente una alternativa al Obamacare, pese a las críticas que lanzó cuando era candidato. Por tal razón, cree posible alcanzar un acuerdo para allegar más fondos de salud a Puerto Rico cuando culminen en 2017 los provistos por la reforma salubrista del presidente Barack Obama.

En este aspecto, el Plan para Puerto Rico, más allá de establecer cambios fundamentales al sistema de salud actual, propone elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la salud. Esta propuesta es la misma que el exgobernador Pedro Rosselló, padre del gobernador electo, impulsó en 2010 cuando era senador. Su proyecto para enmendar la Constitución e incluir el derecho de la salud fue rechazado, sobre todo por los altos gastos en que redundaría para el gobierno.

Méndez se comprometió, además, con revisar el Código de Ética de la Cámara y aseguró que las dietas y beneficios que recibían los legisladores en el pasado no retornarán.

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