13 de Julio de 2020

Confiado Sobrino en que podrá ejercer sus tres roles

Por el 27 de Julio de 2017

Asesor de desarrollo económico del gobernador, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y ahora representante del Gobierno ante la junta de control fiscal: Christian Sobrino asegura que puede trabajar los tres roles.

“Requiere manejo de tiempo efectivo y buenas líneas de comunicación”, manifestó en entrevista con CB en Español el recién designado emisario del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la junta fiscal.

Sobre su rol en la junta, Sobrino, de 33 años, opinó que deberá establecer una relación con los miembros que permita tanto momentos de diferencia, como también espacios de consenso.(Juan J. Rodríguez/CB)

Con el sombrero de presidente del BGF, Sobrino adelantó, sin entrar en detalles, que trabajan en la legislación que se necesita para llevar a cabo el plan de reestructuración acordado en mayo entre el BGF y sus acreedores.

“El proceso legislativo se está trabajando y no puedo dar comentarios sobre los particulares”, indicó.

El acuerdo recientemente logró la aprobación inicial por parte de la junta para trabajarse bajo el Título VI de Promesa. Este último provee para un proceso de reestructuración de deuda de manera consensuada con los acreedores y mayormente fuera de los tribunales.

El caso de su reciente designación como representante ante el ente rector, Sobrino aseguró que adelantará la política pública de La Fortaleza, ayudará en la ejecución del plan fiscal y presupuesto, y enfatizará en los esfuerzos de desarrollo económico. Sobre esto último, Sobrino entiende que más allá del uso del Título V por parte de la junta para adelantar “proyectos críticos” de infraestructura, el tema debe figurar también “en [su] discurso, en las medidas que quieren recomendar”.

En momentos que el ente rector se apresta a implementar fuertes medidas de ajuste fiscal, ¿está listo el nuevo representante ante la junta para comunicar las decisiones difíciles que se avecinan?

“Anunciaré lo que se tenga que anunciar. […] Ahora, si hay una medida que se recomienda y el Gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo, también voy a anunciar que no estamos de acuerdo y que vamos a seguir el proceso para poder dilucidar esa diferencia”, contestó el abogado de 33 años, quien añadió que “hay que dar cara, sea la noticia que sea”.

Sobre su rol en la junta, Sobrino opinó que deberá establecer una relación con los miembros que permita tanto momentos de diferencia, como también espacios de consenso.

En búsqueda de funcionario público

Aunque sujeto a ciertas reglas de ética gubernamental aplicables bajo Promesa, el abogado y ahora exrepresentante ante la junta, Elías Sánchez, no ejerció como funcionario público. Su posición solo operaba por virtud de la ley federal firmada en el verano del 2016.

“El trabajo ahora requiere una persona que esté dedicada 100% a la cosa pública. En esa medida fue que me trajeron”, manifestó Sobrino.   Sobre la salida de su predecesor, aseveró que “su tiempo en la junta, no es que tenía un calendario, pero sí un propósito”.

“Era sentar las bases. Luego Elías entendió que iba a retirarse de la junta y que otra persona la iba a ocupar, para que un funcionario público se pudiera encargar de ser ese enlace en la junta pero también apoyar a las otras partes del gobierno en la implementación. En hacer el plan fiscal y el plan de Gobierno una realidad”, elaboró el abogado.

Aseguró que con un plan fiscal certificado, estrategias de reestructuración a través de Título III y VI encaminadas y la aprobación de un presupuesto, “hay una base establecida”.

A empujar el acuerdo del BGF

El también presidente del BGF busca adelantar el proceso bajo Título VI para el acuerdo de reestructuración (“RSA”) del banco, incluyendo procesos de notificación, solicitación y legislación relacionados al arreglo propuesto.

La transacción contempla que los municipios, cooperativas y tenedores de deuda del banco —la cual asciende a unos $4,100 millones—acepten intercambiar sus acreencias por tres tipos de bonos nuevos. Estos serían emitidos por una nueva entidad pública y se pagarían a través de la cartera de préstamos municipales del BGF. El acuerdo provee reducciones de principal que oscilan entre 25 y 45%, dependiendo cuál de los tres nuevos instrumentos se elija.

Aunque el acuerdo tiene actualmente el aval de una mayoría de los acreedores del BGF, algunos municipios han levantado banderas en oposición a la transacción, incluyendo en el tribunal federal.

“En el caso del municipio de Caguas, demandó al BGF, a Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico], al CRIM [Centro de Recaudación de Ingresos Municipales], a todo el mundo. Incluso, una de las alegaciones es que el haber pagado los préstamos de los municipios era un ‘taking’ contra un municipio. Los abogados me tienen que explicar esa”, expresó.

Añadió que los municipios deben analizar el “balance de intereses” a la hora de opinar en torno al acuerdo, particularmente cuando esperaban “cobrar menos” y asegurando que se tratarán “en igualdad de condiciones” al resto de los acreedores del banco, lo cual catalogó como “salomónico”.

“Todo el mundo tiene una teoría sobre por qué ellos deben ser número uno, y cobrar 100% […] Todas suenan buenísimas. Pero eso es un nivel de incertidumbre. Primero que les hace daño a ellos, en términos de su planificación financiera a largo, mediano y corto plazo. Segundo, los gastos de litigio van a chuparse muchos de los activos mismos. No estamos ante la situación donde esto es una operación que va a continuar en el futuro. El banco se acabó”, sentenció Sobrino.

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