27 de Septiembre de 2022

Conoce los principales cambios de la ley de empleador único

Por el 7 de Febrero de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló firmó el sábado el proyecto que convierte al gobierno central en empleador único, convirtiéndose en la Ley 8 de 2017, luego de tres vistas públicas y tres semanas de análisis en la Legislatura.

Esta Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico reforma y centraliza la administración de los recursos humanos en las instrumentalidades bajo el gobierno central —lo cual incluye agencias, corporaciones públicas y municipios— para permitir la movilidad de empleados donde más se necesiten y fomentar el reclutamiento interno para plazas vacantes.

Conoce los principales cambios de la Ley 8 para el gobierno y los empleados públicos:

1. Se crea la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)

Esta entidad sustituye la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos (OCALARH) y tendrá a su cargo la unificación de los planes de clasificación y retribución en la administración central. En el caso de los planes de retribución, serán cuatro según el tipo de empleado: de carrera, sindicado, excluido de sindicación y de confianza.

La oficina creará un Comité de Negociación para asesorar y coordinar conversaciones en torno a la negociación colectiva de acuerdo a la Ley 45 de 1998.

Además de tener un Sistema de Información sobre el servicio público en todo el gobierno, deberá actualizar el registro de convocatorias y crear el registro de consultores certificados y autorizados.

De otro lado, se deroga la Ley 184 de 2004, que establecía la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público.

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2. Se crea un Sistema de Administración y Transformación de los Recursos Humanos

Se trata del plan unificado de clasificación y retribución, que tiene el propósito de describir cada puesto en el gobierno para agruparlos y establecer cuáles de ellos tienen los mismos criterios de selección para que quienes los ocupan puedan tener la misma retribución, sin importar la agencia. Se mantendrán por separado los planes de clasificación de los puestos de carrera y de confianza.

Solo se podrán nombrar personas en puestos definidos dentro del plan, tomando en consideración el principio de mérito y dando prioridad al reclutamiento interno.

3. Exclusiones 

Esta ley no aplicará a: rama legislativa, rama judicial, corporaciones públicas o público privadas que operan como negocios privados, Universidad de Puerto Rico (UPR), Oficina del Gobernador, Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Oficina de Ética Gubernamental y municipios. Estos últimos sí deberán aplicar el principio de mérito, al igual que en las Alianzas Público Privadas Participativas (APP+P).

En el caso de la movilidad, no aplica a maestros ni policías. Tampoco a designaciones del gobernador que necesiten consentimiento legislativo o personal de confianza.

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4. Movilidad: traslados, descensos, ascensos y reclamos

Aunque la ley establece que la OATRH tiene un año para crear los planes de movilidad de acuerdo a la necesidad de servicios, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, manifestó que los movimientos de personal iniciarán de lleno el 11 de abril.

Entre los cambios que se incluyeron a la ley en la Legislatura está que la movilidad sea en primera instancia solicitada voluntariamente por el empleado, tomando en consideración la necesidad del servicio, la preparación, experiencia, antigüedad, domicilio y disponibilidad del empleado, el lugar geográfico de la prestación de servicios, los convenios colectivos, entre otros.

Esta movilidad no deberá violentar convenios colectivos, algo que se incluyó a petición de los sindicatos. También, respetará los beneficios marginales y el salario base que los empleados ostentaban antes del movimiento, y no podrá ser utilizada como medida disciplinaria ni ser onerosa para el trabajador. No se aplicará, sin embargo, en el periodo de veda electoral.

Otro cambio que se incluyó fue que los empleados no estarán sujetos a nuevos periodos probatorios tras una movilidad, a menos que se trate de un ascenso. Como regla general, dice la ley, “los traslados no conllevarán aumentos de sueldo”.

Los descensos se darán cuando un empleado lo solicite, cuando se elimine un puesto o cuando no se le pueda ubicar en un puesto similar al que ocupaba. Tampoco podrán ser usados como medida disciplinaria ni hacerse arbitrariamente. En caso de un descenso, podría haber una reducción salarial si se trata de un caso para evitar una cesantía. 

Los trabajadores tendrán 30 días para reclamar si no están de acuerdo con la movilidad ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, la cual no detendrá el proceso, pero podrá revertirlo.

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5. Si la agencia se convierte en una APP+P 

Si se llegara a un acuerdo para crear una Alianza Público Privada Participativa (APP+P), la ley establece que los empleados públicos que pasen a trabajar con esta conservarán su salario y beneficios marginales, salvo que el empleado o sindicato llegue a un acuerdo distinto. A estos no se les aplicará la reforma laboral. 

6. Cambios para el empleado público: reducción de licencias y evaluación 

La OATRH creará un sistema de evaluación de desempeño de empleados, tomando en cuenta su productividad, eficiencia, orden y disciplina. Si un empleado no cumple, la autoridad nominadora —el jefe de agencia con poder de contratar— podrá tomar acciones disciplinarias: amonestación verbal, reprimenda escrita, suspensión de empleo y sueldo, o destitución. 

Si se eliminara un puesto de trabajo, podrían darse cesantías, no sin antes agotar las opciones: reubicación, readiestramiento, disfrute de vacaciones acumuladas, licencia sin sueldo, reducción de jornada o descenso.

Las licencias de enfermedad se reducen de 15 a 12 días anuales y las de vacaciones de 30 a 24 días al año de manera prospectiva. Se establece que la licencia de vacaciones deberá tomarse en el año natural, con lo cual no menos de 12 deberán ser de forma consecutiva. Los bonos de productividad y las alzas salariales también se reducen y limitan. Los excesos en licencias podrán usarse incluso para pagar deudas con Hacienda, entre otros.

La licencia de paternidad tendrá un periodo de 15 días a partir de la fecha en que nazca el bebé.

También se dará una hora por jornada para las madres lactantes (dividido en dos periodos de 30 minutos), después de su licencia de maternidad, la cual tendrá la duración de ocho semanas.

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7. Adiestramientos con IDEA

Ahora se realizarán a través de la OATRH, que creará el Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno (IDEA), que hará acuerdos colaborativos con universidades públicas y privadas para ampliar la oferta de servicios educativos a los empleados públicos. Esta entidad deberá crear un plan maestro (PLAN-MA) que organice y programe la profesionalización, así como un programa de becas.

Se espera que los $400 millones que gasta el gobierno en este renglón se reduzcan, pero no se ha informado cuánto podría cobrar, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) por este tipo de capacitación.

8. Dudas sobre la ley

Entre las dudas que se han planteado sobre la legislación, se encuentra la planteada por el senador popular Aníbal José Torres, quien indicó que se deja en el limbo lo que ocurriría con los empleados públicos cuando un acuerdo de APP+P culmine, pues no se establece en la ley que pueden retornar al servicio público.

De otro lado, el senador popular Cirilo Tirado planteó la problemática de que en el pasado los empleados que pasan a una APP no mantienen sus beneficios del servicio público. Agregó que queda en duda quién aplicará las sanciones disciplinarias, cuando el gobierno está centralizado, o si a los empleados se le aplicarán reducciones salariales.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau manifestó que podría haber cesantías por la ley, por lo cual entiende que habrá despidos, aunque el gobierno lo haya negado.

Mientras, el senador popular Eduardo Bhatia indicó que estaba preocupado porque el designado secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, expresó que la medida era para proteger al empleado público, pero cuando se presentó en el Senado el proyecto dijo que tenía el propósito de traer ahorros. Agregó que podría haber un choque constitucional por dejar sobre la mesa los cambios en las estructuras de las agencias, algo que le corresponde a la Asamblea Legislativa determinar, no al Ejecutivo.

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