14 de Agosto de 2020

“Contradictorio” proyecto que eliminaría Oficina de Comunidades Especiales

Por el 26 de Enero de 2017

El líder sindical y portavoz de Prosol-Utier, Luis Pedraza Leduc, criticó fuertemente el Proyecto del Senado número 6 que pretende derogar la Ley de Comunidades Especiales y establecer una oficina para el desarrollo socioeconómico y comunitario con el propósito de modernizar y simplificar los servicios a las comunidades de escasos recurso en Puerto Rico.

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Luis Pedraza Leduc, líder sindical, advirtió sobre el énfasis de la pieza en el desarrollo del tercer sector y no el de las comunidades de escasos recursos. (Agustín Criollo/CB)

El portavoz de los empleados unionados de la Oficina de Comunidades Especiales (OFSA), quienes están agrupados bajo Prosol, argumentó que el proyecto de ley está mal encaminado, propiciando que se perpetúe el “juego” político partidista.

Pedraza Leduc tuvo fuertes críticas contra varios puntos expuestos en la medida legislativa y exhortó al Senado a no aprobar el proyecto, pero sí a enmendar la Ley número 1 de 2011, conocida también como Ley de Comunidades Especiales.

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“Para nosotros es el intento de esta administración de poner un sello que distinga al programa de comunidades especiales como uno propio. Entendemos que ese propósito es innecesario e incorrecto. Todo lo que requiere este proceso de desarrollo socioeconómico es voluntad. Aquí todas las herramientas existen. Está el espacio legal ya identificado, lo que se necesita es la voluntad de hacer y salirnos del juego político partidista que permea en Puerto Rico”, sentenció el líder sindical.

“Por eso entendemos que el proyecto, como está definido, está mal encaminado. Nosotros entendemos que se le deben hacer enmiendas a la Ley 1 del 2001, a la ley original de comunidades especiales, y de ahí partir y darle las herramientas adicionales. En estos momentos la oficina necesita más recursos humanos”, añadió a la vez que indicó que, de tener 140 empleados, la Oficina de Comunidades Especiales, apenas queda con 40 para atender las 742 comunidades de este tipo que existen en la isla.

Pedraza Leduc señaló además que al leer la exposición de motivos del proyecto, el Tercer Sector está señalado amplia y constantemente por encima de las comunidades especiales, dando la impresión de que el proyecto va dirigido a desarrollar este sector, en vez de a las comunidades de escasos recursos.

El líder sindical disertó varios puntos que, a su entender, son contradictorios y desvían la medida del propósito primordial que debería tener: servir a las comunidades.

Pedraza Leduc sugirió ante la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por Miguel Romero, que se le “de la vuelta” a reconocer que es la Ley de Comunidades Especiales la que debe ser enmendada y no derogarla para crear una nueva.

También señaló una contradicción entre varios capítulos de la pieza.

“En el Capítulo 2 de política pública, lo que se plantea en el proyecto está en contradicción con el Capítulo 5, que sí habla de política pública y se titula Desarrollo Comunitario. Ahí se está planteando alcanzar unas metas en coexistencia con la política pública que se establece en la Ley 1 del 2001. Hay una contradicción de cuál entonces es la política pública. ¿La del desarrollo comunitario en coexistencia con la del 2001 o la que expresa este proyecto del senado que es la del Tercer Sector?”, cuestionó el sindicalista.

Asimismo, señaló que la propia pieza es contradictoria con la postura de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y su Plan para Puerto Rico, donde se plantea la necesidad de fusionar agencias y no de crear nuevas, como sugiere la medida.

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El portavoz de los empleados unionados de la OFSA recalcó la gran preocupación por el énfasis en el Tercer Sector que tiene la medida y aseguró que el enfoque debe ser el fortalecimiento de las juntas comunitarias y su liderato. Según dijo Pedraza Leduc, ello podría propiciar una desviación de fondos a la creación de esquemas fraudulentos para traspasar fondos públicos hacia empresas privadas en lugar de inyectarse a proyectos socioeconómicos de autogestión comunitaria.

“Yo leo el proyecto en su conjunto y a mí lo que me preocupa es que tenemos unos organizadores que van, recopilan la información, hacen un estudio socioeconómico de la comunidad, crean la junta, la fortalecen con la comunidad, y entonces en ese proceso exista otro paralelo que es que llegue alguien, encuentre una necesidad y dice ‘monta una ONG (Organizaciones No Gubernamentales) para atender esa necesidad y hazme una propuesta que yo te la voy a aprobar’. Eso es lo que nosotros llamamos esquemas fraudulentos. Que pueden ser bona fide, pueden aparentar legalidad, pero cuidado…”, advirtió.

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