[ANÁLISIS] Contradictorio proyecto que establecería Enterprise Puerto Rico

A pesar que la Oficina del Contralor de Puerto Rico señaló esta semana serias irregularidades en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) en cuanto a pagos por servicios de publicidad sin contratos formalizados entre 2009 y 2016, la administración del gobernador Ricardo Rosselló apuesta a la creación de una oficina con funciones paralelas a las de la CTPR y a las del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Esto, para atraer inversión extranjera a la isla que sirva como punta de lanza para el desarrollo de la economía local.

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El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Manuel Laboy Rivera, ha sido acérrimo defensor de la pieza legislativa. (Agustin Criollo/CB)

El proyecto de la Cámara de Representantes número 1, presentado por una batería de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante las comisiones de Desarrollo Económico y de Hacienda y Presupuesto, impulsa la creación de una corporación sin fines de lucro -bautizada como Enterprise Puerto Rico, Inc.– a los fines de “promover el desarrollo económico de Puerto Rico”, a la vez que indica que para ello se utilizará la “pericia” de los sectores público y privado en colaboración con el DDEC.

Y aunque la pieza legislativa ha sido fuertemente defendida por el secretario del DDEC, Manuel Laboy Rivera, el proyecto ha levantado suspicacia entre varios legisladores que han cuestionado si, en momentos en que la economía local sufre una contracción sin precedentes, invertir en una corporación como esta, aparte de las funciones que pudieran tener para este propósito la CTPR o el DDEC, sería beneficioso para el país.

Según indica la exposición de motivos incluida en el P. de la C. número 1 –cuyo preámbulo es casi una copia exacta de la exposición de motivos del P. de la C. número 4, que propone la creación de una organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés)- “es preciso hacer cambios sin precedentes que hagan un gobierno más eficiente y fiscalmente responsable”.

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El documento señala además que se busca implementar un modelo de desarrollo basado en los principios globales de competitividad y sustentabilidad a través de la propuesta de un “nuevo modelo que se enfocará en retener a inversionistas que ya están en la isla e identificar nuevas fuentes de inversión”.

No obstante, el mismo ha sido criticado tanto por legisladores como por el sector sindical del país por entender que la administración Rosselló se encamina a una privatización masiva de agencias gubernamentales a través del llamado Tercer Sector.

Sin embargo, y a pesar que la pieza legislativa no establece a cuánto pudiera ascender la inversión inicial para crear el organismo, la medida es contradictoria al buscar crear una entidad con un fondo de inversión inicial en momentos en que el gobernador acaba de firmar una moratoria en los pagos a los acreedores hasta el primero de mayo por falta de liquidez en el gobierno.

Del mismo modo, el proyecto indica que el organismo será creado para la inversión en diferentes áreas de posible desarrollo que incluyen la aeronáutica, energía, entretenimiento, salud, servicios financieros y agricultura, entre otras. No obstante, el Plan para Puerto Rico de la administración Rosselló Nevares, propone la reducción de subsidios al sector agrícola, creando preocupación en este sector de si se trata de una estrategia para apoyar al inversionista extranjero por encima del local.

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Además, la pieza señala que el DDEC otorgará un contrato a Enterprise Puerto Rico, Inc. basado en una medición anual de desempeño, aunque no especifica de cuánto sería el contrato o qué mecanismos se utilizarían para la medición del desempeño. Tampoco indica qué medidas se tomarían de medirse un pobre desempeño del organismo.

Por otro lado, un posible conflicto de interés en la función de Laboy Rivera surge al analizar el Artículo 5 de la pieza, donde se indica que el organismo creado será dirigido por una junta de directores a la cual pertenecería el titular de la agencia gubernamental obligada a fiscalizar la labor de Enterprise Puerto Rico, Inc., lo que levanta cuestionamientos sobre la efectividad de un monitoreo de sus funciones por parte del gobierno.

En el Artículo 15 se establece que “el presidente ejecutivo (de la organización) será el secretario del DDEC, quien a su vez será el principal del gobierno de Puerto Rico a cargo del reclutamiento de nuevos negocios y empresas”.

Igualmente, establece que “el director ejecutivo dirigirá y supervisará los asuntos administrativos de la junta de directores y de cualquier otra junta, subsidiaria, división o comité de Enterprise Puerto Rico, Inc.”.

Otra de las posibles fallas del documento es que no establece claramente qué empresas inversionistas pretender impactar, sino que sugiere la “cacería” de inversiones a nivel global, sin establecer un plan concreto de cómo pretende llegar hasta este sector y lograr atraerlos a Puerto Rico.

La pieza tampoco indica cuánto control tendrá el sector privado dentro de la organización y si esas compañías que formarían parte de Enterprise Puerto Rico, Inc. serán las principales beneficiadas por encima de otras que no formen parte de la organización, para evitar incurrir en la práctica del inversionismo político.

Del mismo modo, causa preocupación que el Artículo 23 indique que la veda electoral, como se establece en la Ley Electoral, no le aplicará a las campañas de Enterprise Puerto Rico, Inc. ya que podría convertirse en otra herramienta política en año de elecciones sin posibilidad de ser fiscalizada a través de mecanismos legales.

Finalmente, la pieza legislativa no establece un flujo de ingresos que pueda mantener operando la organización sin necesidad que el gobierno aporte recursos de donde no tiene.

El proyecto aún se encuentra bajo la consideración de la Cámara de Representantes.