21 de Agosto de 2019

Crece la deuda de pensiones, $5,000 millones en mes y medio, según aseguradora de bonos

Por el 20 de Junio de 2019

La aseguradora de bonos municipales Ambac está cuestionando ante el Tribunal federal para el Distrito de San Juan las razones por las que las obligaciones por el pago de pensiones del gobierno de Puerto Rico aumentaron en unos $5,000 millones entre la fecha de publicación del más reciente plan fiscal, el 9 de mayo, y el acuerdo de restructuración de deuda anunciado el pasado 16 del corriente.

Según Ambac Assurance Corporation las obligaciones de pago de pensiones se encuentra en estos momentos en $55,000 millones, razón por la cual la firma, que posee y asegura más de $1.000 millones en bonos de Puerto Rico y sus instrumentos, está exigiendo ante el tribunal que se permita el descubrimiento total de los pasivos de pensiones del gobierno.  

En una moción presentada en la corte el martes, Ambac dijo que el gobierno no ha sido completamente diligente en proporcionar un análisis adecuado sobre el tema. La firma sostiene que si bien han podido obtener algunos documentos del gobierno, no están ni cerca de conocer la “grandiosa” deuda que existe sobre las pensiones.  

En cada uno de los planes fiscales desarrollados certificados por la Junta de Supervisión Fiscal como parte de lo dispuesto en el Título III de la Ley Promesa que cobija el proceso de quiebra de Puerto Rico, incluyendo el certificado el 9 de mayo, los pasivos por pensiones han sumado $50,000 millones, expresó Ambac.

“En ningún momento, sin embargo, ni el Estado Libre Asociado, ni la Junta de Supervisión han investigado o corroborado esa masiva cifra; más bien, prácticamente toda la atención se ha concentrado en el monto del recorte actual o propuesto, de ese número global, en lugar del monto de la obligación reclamada. La transparencia sobre la cantidad real de la deuda de pensiones del Estado Libre Asociado es necesaria para continuar con un plan de reestructuración de su deuda para lograr una salida exitosa de la quiebra”, reclamó la firma.  

Ambac dijo que comenzó un proceso de descubrimiento de prueba con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) que proporcionó informes producidos por la firma actuarial, Milliman, Inc. Sin embargo, los informes de la firma de actuarios hacen la advertencia de que no pueden certificar ni garantizar la veracidad de los datos proporcionados por el gobierno.  

“A pesar de la lenta producción de documentos hecha por la AAFAF, con limitadas excepciones, Ambac no está hoy más cerca de validar los $50.000 millones de deuda de pensiones que lo que estaba hace un año atrás”, dijo la firma.

Ambac destacó que, si bien entiende la importancia de las pensiones y no cuestiona su legitimidad, dicha deuda no debe estar exenta de escrutinio.  “Dada la escala gigantesca de la deuda que se afirma tener, incluso los defectos relativamente menores (sobre una base porcentual) en el análisis actuarial, tienen el potencial, cuando se corrigen, de liberar miles de millones de dólares para otros fines”, añadieron.

La junta de control fiscal ha comenzado a llegar a acuerdos con diferentes grupos para reestructurar la deuda de pensiones como parte del proceso de quiebra que comenzó en el 2016 con la aprobación de la Ley Promesa.

El pasado 3 de junio, la Asociación de Maestros de Puerto Rico anunció preacuerdo, que finalmente fue rechazado por los miembros del sindicato. Posteriormente, el 10 de junio, la Unión de Servidores Públicos Unidos hizo un anuncio similar que incluye una inversión de $1.360 millones para asegurar el pago de las pensiones de los trabajadores del estado. El 12 de junio, el Comité Oficial de Retirados anunció que había alcanzado un acuerdo provisional que exige un aumento en el umbral mínimo de pensiones por debajo del cual no se impondrán recortes. El acuerdo también dice que los recortes a las prestaciones mensuales de pensión no superarán el 8,5%, en comparación con el 25% propuesto originalmente por la Junta de Supervisión. 

Está previsto que el acuerdo de deuda del Comité de Retirados se incluya junto al acuerdo anunciado por la junta el 16 de junio, que reestructuraría unos $35.000 millones de la deuda de bonos de obligaciones generales y de la Autoridad de Edificios Públicos.

Ambac señaló que, en un resumen del último acuerdo, la Junta de Supervisión Fiscal afirmó que esperaba que los $55.000 millones de deuda de pensiones se ajustaran junto a la deuda de obligaciones generales del gobierno. “Entre la publicación del nuevo plan fiscal y el acuerdo de reestructuración, la obligación sobre las pensiones aumentó aproximadamente por $5,000 millones y, sin embargo, Ambac y otros acreedores no están más cerca de entender los supuestos subyacentes esa masiva cifra”, dijo Ambac.    

La jueza Laura Taylor Swain en una orden emitida también el martes pautó para la audiencia ómnibus del 24 de julio la discusión sobre la la solicitud de Ambac.

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