27 de Febrero de 2020

Crónica de una reducción de jornada anunciada

Por el 2 de Agosto de 2017

(Juan J. Rodríguez/CB)

8 de marzo

Junta envía misiva al gobernador advirtiendo necesidad de implementar una reducción de jornada para empleados públicos y que ahorraría $35 a $40 millones mensuales. Propone cuatro días al mes para empleados bajo la rama ejecutiva, dos días para maestros y otros servidores públicos. Estaría exento el personal de seguridad pública. También recomienda programa similar para empleados de corporaciones públicas y las ramas legislativa y judicial.

8 de marzo

El representante del Gobierno, Elías Sánchez, envía una misiva en la que argumenta que la medida de reducción de jornada no es necesaria y cuestiona las proyecciones de liquidez de los consultores de la junta. Gobierno apunta a nuevos ajustes como la congelación de asignaciones especiales y créditos contributivos, y asegura que el plan fiscal atiende los problemas identificados por la junta.

9 de marzo

Rechazando el primer plan fiscal del Gobierno, la junta pide que se incluya las medidas de reducción de jornada en el plan fiscal.

13 de marzo

Junta certifica versión revisada del plan fiscal propuesto por el Gobierno con enmiendas. Estas incluyen el comienzo de la reducción de jornada para el 1 de julio. Sin embargo, establece que podría eliminarse o reducirse. Si el Gobierno lograba una reserva de $200 millones para el 1 de julio, se retrasaría su implementación hasta el 1 de septiembre. Si para esta fecha el Gobierno demuestra que logra los “ahorros necesarios”, según estime la junta, se reduciría o eliminaría la medida.

4 de mayo

Gobierno dice que tiene $120 millones de los $200 millones de la reserva en cash que evitaría la reducción de jornada a partir del 1 de julio.

14 de junio

Sánchez admite que la reducción de jornada para el 1 de julio continuaba vigente, aunque asegura que el Gobierno cumplirá con las condiciones impuestas por la junta para suspender la implementación de la medida.

15 de junio

La junta radica moción en la que argumenta que las certificaciones que hace el ente rector, incluyendo el plan fiscal, no están sujetas a revisión del tribunal, según Promesa.

16 de junio

La junta escribe a la Administración para advertir que el discurso en torno a la no implementación de la reducción de jornada es erróneo. Advierte que la condición para no implementarla va más allá de la reserva de $200 millones e incluye que el Gobierno demuestre cómo logrará los ahorros necesarios.

22 de junio

Citando extensamente secciones de Promesa y la intención legislativa del Congreso, Rosselló le dice a la junta que el Gobierno no está obligado a aceptar la implementación de una reducción de jornada. Apunta a la sección 205 de Promesa y argumenta que el Gobierno no está obligado a aceptar “recomendaciones” de la junta como la reducción de jornada.

27 de junio

La junta solicitó al Gobierno que presente más evidencia sobre cómo implementará las reducciones en el gasto gubernamental que, según el plan fiscal, deberá totalizar $440 millones durante el próximo año fiscal. De la cantidad estimada, el ente asegura que unos $200 millones todavía carecen de planes de implementación que demuestren cómo la administración logrará este objetivo.

30 de junio

Al Gobierno cumplir con la reserva en cash de $200 millones, la junta suspende la implementación de la reducción de jornada para el 1 de julio. No obstante, el ente rector advierte que iría a los tribunales para defender su decisión de implementar la medida a partir del 1 de septiembre. Por su parte, el Gobierno dice que será “diligente” en cumplir con las condiciones  los requisitos y evitar reducir la jornada en septiembre.

6 de julio

Rosselló se reúne con Natalie Jaresko y José Carrión para discutir los planes de implementación de medidas de ajuste fiscal. Según La Fortaleza, el mandatario reiteró durante la reunión su oposición a la reducción de jornada.

24 de julio

Gobierno anuncia nueva reserva presupuestaria equivalente al 5% del presupuesto de las agencias y que espera identificar unos $100 millones en ajustes.

26 de julio

Ante la inminencia de anuncios por parte de la junta sobre la implementación de la reducción de jornada, el Gobierno asegura que tendría un impacto negativo de $500 millones en la economía. También anuncia una iniciativa que evitaría la reducción de jornada: un programa de retiro voluntario incentivado a través de todo el Gobierno que lograría ahorros de hasta $1,000 millones en los próximos 10 años, según la administración.

1 de septiembre

Fecha pautada por la junta para el comienzo de la reducción de jornada.

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