Cuesta arriba cerrar la brecha fiscal de Puerto Rico

Por Luis J. Valentín Ortiz el 14 de Octubre de 2016

SAN JUAN — En un escenario donde se materializan todas las medidas y supuestos de recuperación presentados por la administración de Alejandro García Padilla en su más reciente plan fiscal, y el gobierno federal actúa como se les pide en cuanto a los fondos de salud, Puerto Rico vería un superávit de casi $19,000 millones durante los próximos 10 años.

El documento enfatiza en la protección de los sistemas de pensiones, las cooperativas y los sectores de la población que están en desventaja, debido al efecto negativo y significativo en la economía que pudiese tener no hacerlo. (Philipe Schoene/CB)

Sin embargo, al sumarle los casi $34,000 millones en pagos sobre su deuda durante el mismo periodo, la isla terminaría con una brecha fiscal de alrededor de $15,000 millones.

Así lo deja saber el documento presentado por el gobernador hoy ante la junta de control fiscal. El borrador advierte sobre tres escenarios que obstaculizarían significativamente cualquier oportunidad de recuperación fiscal y económica para Puerto Rico en los próximos años.

Casi $35,000 millones durante el periodo de 10 años están en juego si se pierden los fondos federales de salud bajo el Affordable Care Act (Obamacare), los recaudos del arbitrio a las manufactureras bajo la Ley 154 y los activos de los sistemas de retiro -todos proyectados a ocurrir en algún punto del año fiscal 2018- que comienza el próximo verano.

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Es por esto que en el documento de 100 páginas, la administración resalta la necesidad de que el gobierno federal actúe en diferentes áreas, incluyendo paridad en fondos de salud, la obtención de herramientas para incentivar la participación laboral y un nuevo esquema de incentivos contributivos para las manufactureras.

Para el periodo que abarca el plan, la pérdida de los fondos de Obamacare, o su equivalente, se estima en unos $16,100 millones, y la eliminación de la Ley 154 en alrededor de $8,100 millones. Más de $11,000 millones se necesitan para solventar los sistemas de retiro, mientras que la contracción económica añadiría $5,400 millones en costos relacionados, llevando la brecha fiscal base a $58,700 millones. Esto incluye los $34,000 millones en pagos sobre la deuda pública durante dicho periodo.

No obstante el sombrío panorama, cualquier déficit estructural en el ELA quedaría eliminado si se implementan las medidas recomendadas, incluyendo una renegociación significativa de la deuda pendiente, y el gobierno de los Estados Unidos actúa según solicitado.

Por otro lado, se anticipa que la economía de Puerto Rico continuará en retroceso, a razón de negativo 1.7% en su producto interno bruto (PIB), aunque el plan intenta llevar la tasa de crecimiento a territorio positivo, específicamente un promedio anual de 0.1% del PIB.

“Una estrategia de austeridad solo afectará el crecimiento económico”, sostuvo hoy García Padilla, mientras presentaba a la junta el borrador, el cual enfatiza en minimizar las medidas de austeridad debido a que esto solo prolongará el regreso a estabilidad económica.

Mientras, el documento no incluye una propuesta para reestructurar los casi $70,000 millones en deuda pública del gobierno, el cual será entregado una vez la administración reciba comentarios de la junta y aclaraciones sobre algunos de los supuestos contenidos en el plan, incluyendo acción del gobierno federal y los números de crecimiento económico. También advierte que “el Plan Fiscal sugiere una solución holística a la carga de deuda del ELA, lo cual podría requerir un plan de ajuste para varios créditos bajo el Título III [de Promesa] y/o una Modificación Cualificada bajo el Título VI”, en referencia a un proceso de restructuración de deuda ante una corte federal o de manera consensual con los acreedores, respectivamente.

El gobernador hizo un llamado a la junta para que certifique, con premura, la necesidad que tienen el gobierno del ELA y las instrumentalidades cubiertas en reestructurar sus obligaciones, según establece Promesa. Advirtió que de no aprobarse el plan antes de que culmine la protección contra litigios a principios del próximo año, la junta deberá interceder inmediatamente e iniciar el proceso de reestructuración en la corte federal bajo el Título III de la ley. De esta manera, García Padilla explicó que el ELA estaría nuevamente protegido contra acciones de cobro, y podría tener acceso a financiamiento interino, conocido como debtor-in-possession financing, o DIP, en inglés.

De igual forma, el borrador presentado hoy pasa juicio sobre el cumplimiento con los 14 requisitos que la administración identificó en la ley federal Promesa sobre el plan fiscal, e indica que se espera por las recomendaciones y comentarios de la junta para continuar con el proceso.

Al igual que las dos versiones previas del plan, se habla de mejorar los procesos presupuestarios, la divulgación de información financiera y el recaudo de impuestos, entre otras áreas. También recomienda la reestructuración del aparato gubernamental para lograr mayores eficiencias, aunque no menciona el despido de empleados públicos.

Mientras, durante la segunda reunión de la junta, se le requirió un plan fiscal individual a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras, el Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y la Universidad de Puerto Rico.

Durante los próximos 10 años, el plan establece que el gobierno invertirá en infraestructura de la mano del sector privado, se pondrá al día con los pagos a sus suplidores -con los que sostiene hoy día una deuda de $1,300 millones- y reabastecerá sus alcancías para contar con niveles óptimos de liquidez. De esta forma dice que se brindaría estabilidad a la isla, mientras se fomenta crecimiento económico.

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