Cuestionan intención del Gobierno por nuevo furgonazo

Por Agustín Criollo Oquero el 30 de Junio de 2017

Representantes del sector privado alzaron su voz de alerta esta semana ante la aprobación de un controvertible proyecto que supuestamente revive el llamado “furgonazo”, a pesar de que desde La Fortaleza se aseguró que la medida que bajó a votación sin vistas públicas no traería consigo un nuevo impuesto.

“El Proyecto del Senado 566 lo que busca es aclarar y dar certeza de los poderes que tiene la Autoridad de los Puertos (AP) para imponer un cargo por servicio para cumplir con la política pública de garantizar la seguridad de nuestros puertos. Este cargo ya se estaba cobrando por vía reglamentaria, por lo que no representa una carga económica adicional para aquellos que importan mercancía a Puerto Rico ni tampoco para los mayoristas y detallistas”, explicó Alfonso Orona Amilivia, principal asesor legal del gobernador, Ricardo Rosselló, en un comunicado enviado luego de que en el fin de semana se aprobara la medida.

Asimismo, el funcionario señaló que tal y como estaba redactada la Ley 12, contenía disposiciones que presuntamente no estaban del todo claras en cuanto a las facultades de la AP.

Sin embargo, para Manuel Reyes Alfonso, presidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), de lo que se trata el proyecto es de darle la vuelta a la determinación del Tribunal de Apelaciones local sobre la ilegalidad del proceso de cobro por inspeccionar mercancía en los muelles, luego de que la AP dejara vencer el reglamento del programa de inspección de furgones por más de dos años.

“Este proyecto lo que busca es consolidar el proyecto fracasado de la inspección de furgones [el furgonazo] y contradecir lo que se ha estado litigando en los tribunales. Sentimos una gran frustración porque se insista en un proyecto por el cual Puerto Rico ya ha pagado más de $100 millones y no ha resultado en absolutamente nada”, lamentó Reyes Alfonso a la vez que indicó que las implicaciones de esa medida continuarán incrementando los costos, tanto de productos provenientes del extranjero, como el de la materia prima para la producción local.

Según explicó el portavoz de MIDA, el año pasado, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó que la AP estuvo inspeccionando furgones sin reglamento vigente mientras que la compañía privada encargada del proceso de monitoreo continuaba cobrando sus honorarios, desde 2014. No obstante, Reyes Alfonso aseguró que el proyecto busca mantener un “mal contrato” asumido por el gobierno a un plazo de diez años con la compañía S2 Global Inc., subsidiaria de Rapiscan Systems Inc.

MIDA, a través de su portavoz, denunció además que el programa continúa operando sin haber rendido los frutos esperados.

“Esa compañía no ha descubierto ni una pistola de agua, ni un petardo, y no se han cogido realmente problemas de contribuciones significativos. Entonces, ¿para qué este proyecto si no funciona? ¿Por qué esto se defiende? Están fortaleciendo un proyecto fallido que lo que hace es meterle un peaje a toda la carga que entra a la isla para pagarle a una compañía del exterior, ni siquiera es para el gobierno. Esto en momentos en que se acaba de aprobar un presupuesto con recortes dramáticos en otras áreas”, cuestionó.

Por su parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) también se opuso tenazmente al proyecto al catalogarlo como un “castigo” al sector detallista del país con un aumento adicional en sus costos operacionales, que a su vez representará un costo agregado para el consumidor.

“El P. del S. 566 es un cheque en blanco que el CUD no puede endosar. Más aún cuando en 2016 el Tribunal apelativo determinó detener el programa de inspección de furgones porque declaró que es ilegal cobrar por inspeccionar mercancía en los muelles”, indicó el CUD a través de un comunicado de prensa.

Según se indicó, la inspección de los furgones y el cobro por el mismo comenzó en 2009 a un costo estimado de $20 millones anuales sin haber sido efectivo. Asimismo, denunciaron que el proyecto impone cargos a productos que el Tribunal federal declaró que no deberían serlo, como lo es la carga suelta y la carga líquida, entre otros.