29 de Noviembre de 2021

DACO podría regular tarifas de entierro y exhumación

Por el 8 de Marzo de 2017

A raíz de un proyecto del representante de mayoría José Alberto Banchs Alemán, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) podría regular las tarifas por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres en Puerto Rico.

Dolor - Funeral with coffin on a cemetery, the casket carried by coffin bearer

(iStock)

“Es necesario facultar al DACO para que regule las tarifas por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres, debido a que las personas compran unos servicios privados que en ocasiones no son honrados o que están sujetos al capricho e interpretación de las cláusulas del contrato por parte de la propia entidad contratante. Es nuestra responsabilidad velar por los intereses de nuestros ciudadanos y proveer las herramientas necesarias para que se logre la intención legislativa de la Ley 258-2012, según fuera enmendada”, señaló el representante por Ponce, en declaraciones escritas.

La Ley Núm. 258-2012, mejor conocida como “Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico”, regula lo relacionado con las industrias funerarias y operación de los cementerios en Puerto Rico. Esta ley tiene como finalidad regular de forma ordenada todo lo relacionado con la prestación de servicios funerarios, según se indicó.

La ley persigue tomar en consideración la salud pública, los legítimos intereses de las familias que requieren esos servicios, la conveniencia para el pueblo en la disponibilidad de servicios funerales adecuados en un mercado de libre competencia, y el más alto grado de respeto y solemnidad ante el hecho irremediable de la muerte de un ser humano, señaló el legislador.

“A pesar de ser esta la intención legislativa, la misma no se logra como resultado de algunas prácticas en cementerios privados, las cuales no garantizan los mejores intereses de aquellos que requieren de sus servicios”, reclamó Banchs Alemán.

El Proyecto de la Cámara 847 fue radicado el pasado primero de marzo y fue asignado a las comisiones de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros para su evaluación.

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