26 de Septiembre de 2020

Dan el visto bueno al cobro de penalidades en urbanizaciones cerradas

Por el 24 de Marzo de 2017

Dos organizaciones y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) favorecieron hoy que se permita a los consejos, juntas o asociaciones de residentes constituidas en urbanizaciones con acceso controlado la facultad de cobrar penalidades sobre cuotas no pagadas. 

Además del DACO, la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso (Apcca) y la Asociación de Condominios y Controles de Acceso de Puerto Rico vieron con buenos ojos que se enmiende la Ley 21 de 1987, Ley de Control de Acceso, para disponer que los propietarios u ocupantes que adeuden tres o más plazos de cuota sean privados temporalmente de ejercer su derecho al voto en reuniones de la Asociación de Residentes.

El presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, Marco Rosado, el licenciado Pedro Bello, en representación del DACO, y la licenciada Jay Morales, de la Asociacion de Condominios y Controles de Acceso, favorecieron la aplicación de penalidades para quienes adeuden cuotas en urbanizaciones cerradas. (Suministrada)

El presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, Marco Rosado, el licenciado Pedro Bello, en representación del DACO, y la licenciada Jay Morales, de la Asociacion de Condominios y Controles de Acceso, favorecieron la aplicación de penalidades para quienes adeuden cuotas en urbanizaciones cerradas. (Suministrada)

“No existen mecanismos efectivos para ayudar a las asociaciones de residentes con la cada vez más difícil tarea de cobrar cuotas de mantenimiento”, manifestó el presidente de la Apcca, Marco Rosado, durante una vista pública del Proyecto de la Cámara 709 ante la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros.

Rosado indicó que la medida les hace “justicia” a las asociaciones de residentes de urbanizaciones cerradas, que “están desprovistas de una ley especial”, como lo es la Ley de Condominios en el caso de esos apartamentos, que regule la administración y manejo de aspectos administrativos de estas comunidades.

Ante esto, adelantó que la Apcca, en una coalición con otras organizaciones de la industria, trabaja en la redacción de enmiendas a la Ley de Condominios, así como en la creación de una ley especial para urbanizaciones cerradas —a la que llamarían Ley de Urbanizaciones de Acceso Controlado o algo similar— que atienda las necesidades de este tipo de comunidad y que aclare las lagunas de la Ley de Control de Acceso.

Sobre la posibilidad de cortar servicios de agua y luz, como permite la Ley de Condominios con los deudores, Rosado explicó que, en el caso de las urbanizaciones cerradas, son las corporaciones públicas las únicas autorizadas a realizar la interrupción. Además, hay otras urbanizaciones que no les aplica la Ley de Control de Acceso, ya que “son fincas cerradas”, lo cual limita aún más este tipo de penalidades.

Proponen nueva ley para cobro de cuotas en urbanizaciones

Agregó que lo único posible —y que actualmente hacen algunas asociaciones de residentes— es limitar el acceso del deudor de cuotas a espacios compartidos, como es el caso de piscinas y otras instalaciones.

Los deponentes abogaron por que, en lugar de estar bajo la Junta de Planificación (JP), se enmiende la Ley 21 para que las controversias con deudas de cuotas recaigan bajo la responsabilidad del DACO, que ya cuenta con el andamiaje administrativo para atender estos asuntos porque atiende lo correspondiente a la Ley de Condominios.

Por su parte, el licenciado Pedro Bello, en representación del DACO, recomendó a la comisión solicitar la opinión de la JP sobre esta medida legislativa, de la autoría de los representantes Jorge Navarro y Yashira Lebrón. 

De otro lado, el representante novoprogresista Víctor Parés manifestó su preocupación de que estas penalidades redunden en limitaciones para los ciudadanos que tienen problemas económicos y muchas veces deciden entre pagar la luz o la cuota. Por esto, sugirió que se añada en la medida una especie de “respiro a esos ciudadanos que tengan deudas” para evitar que se vean doblemente penalizados.

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