25 de Mayo de 2020

De cal y de arena, en el nuevo plan fiscal aprobado por la junta

Por el 9 de Mayo de 2019

Junta de Supervisión Fiscal aprueba nuevo plan fiscal (Jaime Rivera CB)

Por María Miranda Sierra

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el jueves un nuevo plan fiscal para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el que asigna fondos para la educación, la salud y la seguridad pública al tiempo que establece un recorte incremental del 10 por ciento al gasto en contratos de servicios profesionales del gobierno

El plan fiscal 2019, el tercero aprobado en dos años, refleja proyecciones económicas más conservadoras que en sus versiones anteriores, y mantiene la eliminación del Bono de Navidad, que el gobierno insiste en honrar; reitera que la aportación del gobierno al plan médico de los empleados públicos será solo $125; y requiere al gobierno que documente e incluya en su presupuesto el costo de los créditos contributivos y los acuerdos preferenciales que otorga a empresas e individuos.

“Si se paga [el bono de Navidad], comenzaremos el proceso establecido en (la Ley) Promesa”, dijo el presidente José Carrión a preguntas de la prensa tras terminar la 16ª reunión pública del ente fiscal, celebrada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Carrión explicó que la Ley les permite establecer una negociación con el gobierno para que, si insisten en pagar el bono de Navidad, se obliguen ahorros en otras partidas.

El nuevo plan fiscal reduce las pensiones de los trabajadores del sector público en un 10 por ciento, excepto para aquellos que reciben menos de $1,000, dijo Jaresko.

El gobernador Ricardo Rosselló ha sido enfático en plantear que no permitirá que se afecten las pensiones. Luego de la reunión de la junta, Rosselló utilizó su cuenta de Twitter para reiterar que su “compromiso” con los jubilados es que no recibirán “un golpe adicional” al que recibieron durante la pasada administración con la Ley 3, conocida como la Reforma de Retiro.

No obstante, el plan que se supone establezca los parámetros fiscales para el gobierno para los próximos años, incluye aumentos salariales para los policías, maestros y bomberos. Además, identifica fuentes de financiamiento para los hospitales del gobierno y para el Plan de Salud, ahora conocido como Vital; y dinero adicional para el Negociado de Ciencias Forenses y para becas a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

Sobre el dinero para Educación, el plan incluye un aumento de $14 millones para pagar el salario a maestros y directores de escuelas públicas como parte de los esfuerzos “para mejorar los resultados educativos para los niños de Puerto Rico”, mientras que los equipan con destrezas claves para mejorar el dominio académico en general, lo que debe resultar en una reducción anual del 12 por ciento en la brecha de logros en los exámenes estandarizados “, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

La ejecutiva dijo que el plan aborda la seguridad pública haciendo “una inversión importante para asegurar” que los salarios y los beneficios para los agentes de policía aumentan en un 30 por ciento, o aproximadamente $11,500, en los próximos dos años; proporcionando “una inversión de $250 por agente por año en seguros de vida y discapacidad”; y permitiendo que aporten al Seguro Social a partir de julio.

Otros $42 millones también fueron aprobados por la Junta para la compra de chalecos antibalas, radios de policía y vehículos.

“Estas inversiones están destinadas a asegurar que más oficiales puedan permanecer en la isla y servir en la calle”, dijo Jaresko mientras resaltaba puntos clave en su presentación, que pueden verse aquí.

Para atender el tema de Salud, la junta estableció en plan más de $15 millones para ayudar a mantener “el nivel actual de personal de enfermería en toda la Isla”. También se conceden fondos para el Centro Comprensivo de Cáncer, de manera que pueda llegar a estar plenamente operacional, así como para productos y materiales médicos para el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

El plan también “prevé un aumento de $500 para todos los bomberos, así como $2 millones para mejores equipos y materiales”; y $14 millones para la adquisición de camiones, guaguas y bombas de fuego.

Por su parte, Rosselló dijo estar satisfecho con que la Junta haya acogido su petición de mayores recursos para la policía, bomberos y otros trabajadores públicos que se estaban reclamando desde agosto pasado.

En cuanto al Negociado de Ciencias Forenses, cuya crisis se mantuvo por meses en la palestra pública debido a la acumulación de cadáveres después de que el huracán María golpeó en 2017, recibirá alrededor de $4.5 millones para permitir la contratación de científicos forenses, patólogos, examinadores y especialistas en ADN, así como $750.000 para equipos de laboratorio y productos químicos.

El plan fiscal prevé que el gobierno del Estado Libre Asociado alcanzará un superávit de $13.7 mil millones por 2024, un crecimiento económico del 4 por ciento para el año fiscal 2019 y del 1.5 por ciento el siguiente año fiscal, dijo la Junta.

El secretario del Hacienda y principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, dijo que la administración del gobernador Ricardo Rosselló  ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en el plan fiscal. “No se pueden imponer más medidas de austeridad”, añadió Maldonado, al sentenciar que hacerlo “afectaría a los sectores más vulnerables”.

El plan fiscal también exige proyectos de mejoras de capital.

“El Estado Libre Asociado debe buscar proyectos de capital para mejorar la infraestructura de la Isla”, dice el borrador del plan fiscal aprobado el jueves. “Por eso, el plan fiscal 2019 incluye $85 millones anualmente adicionales para mejoras de capital financiadas a través de un fondo de ingresos especiales (adicionales a los $400 millones dispuestos para mejoras de capital del fondo general, la UPR y la Autoridad de Carreteras). “

El nuevo plan fiscal también incluye una reserva de $100 millones al año para apoyar los esfuerzos de reconstrucción de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que requieren un pareo local más allá del previsto programa de desarrollo comunitario (CDBG-RP).

“El objetivo de estas inversiones es garantizar que estas agencias puedan seguir prestando los servicios de los que dependen los residentes dependen mientras se implementan las eficiencias necesarias para mantener una operación sostenible en Puerto Rico”, dijo la Junta.

Jaresko explicó que había dos cambios importantes en el plan fiscal en comparación con el propuesto por el gobierno en octubre.

“En primer lugar, hay cambios debido a nuevos datos o información”, dijo Jaresko. Planteó que esto se refleja a través de cambios macroeconómicos que resultan cuando se toma en consideración la ayuda que ha llegado por el desastre, el desarrollo de los proyectos y las actualizaciones de los principales indicadores macroeconómicos.

Jaresko dijo que el plan fiscal mantiene su proyección de que se desembolsaran cerca $83 mil millones de fondos federales y privados como parte del esfuerzo de recuperación después de los huracanes. El impacto de la distribución real de esos fondos se extiende durante 10 a 15 años según el plan y se proyecta de forma más nivelada basado en los desembolsos actuales y las “discusiones con las partes interesadas.”

Además, las proyecciones poblacionales se actualizaron basándose en los datos sobre fertilidad y sobremigración, así como en relación con las nuevas proyecciones macroeconómicas.

La proyección de ingresos y gastos, incluyendo las pensiones, también se actualizan en la nueva información “, señaló Jaresko. “Por último, hay revisiones a las reformas estructurales basadas en el progreso de su implementación, así como la perspectiva de qué parte del excedente pueda no estar disponible para el gobierno”.

El financiamiento de prioridades fiscales para policías, bomberos y maestros, por ejemplo, “es posible a través de la reducción del gasto en áreas con baja visibilidad… así como otras reducciones en comparación con el plan fiscal de octubre”, como lo son los gastos por “servicios profesionales, la Comisión Estatal de Elecciones, el presupuesto de la Legislatura, la Corporación del Seguro del Estado, la Administración para la compensación de Accidentes (ACAA) y la transformación de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) en una corporación sin fines de lucro”.

La llamada “facilidad de hacer negocios” sigue siendo un área en la que Puerto Rico tiene espacio para mejorar, destacó Jaresko.

“El plan fiscal 2019 reitera la necesidad de acción urgente”, particularmente debido a que Puerto Rico se va visto progreso en su posición mundial sobre la facilidad para hacer negocios, algo que ha demostrado ser clave para impulsar el desarrollo económico en otras jurisdicciones. Por ejemplo, de 2018 al 2019, Puerto Rico cayó tres puestos el renglón de permisos de construcción; en el de registro de la propiedad, seis -de 153 a 159-; y en facilitar el inicio de un negocio, seis posiciones, de 47 a 53. La junta de supervisión reconoció las recientes iniciativas anunciadas por el gobierno para agilizar el proceso de permisos y espera acciones concretas “para asegurar que esto se traduce en un cambio significativo durante el próximo año fiscal. “

Jaresko concluyó señalando que el gobierno invierte millones de dólares en créditos tributarios a corporaciones e individuos cada año. Dijo que la emisión de estos créditos fiscales tiende a hacerse de manera ad hoc, con sin una justificación económica clara en comparación al costo para el erario, lo que lleva a “una hemorragia de ingresos impredecible, y potencialmente costosa, cada año.”

Recomendó que el Gobierno adopte un “límite transparente” para el número de créditos concedidos y planeteó que, por ejemplo, se puede establecer un límite teorico de $247 millones, como la cantidad que empresas e individuos pueden reclamar en créditos anualmente. Además, propuso la inclusión de clausulas para ir reduciendo los beneficios y los plazos periódicamente hasta que caduque cada crédito tributario.

Lea aquí el nuevo plan fiscal.

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