18 de Junio de 2019

Debate sobre Ley de Reforma Educativa llega a los tribunales

Por el 3 de Abril de 2018

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, adelantó hoy que la AMPR y la Local-Sindical radicaron un recurso legal para que se declare inconstitucional la Ley 85-2018, firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que da paso a la debatida reforma educativa.

“Hoy, la Asociación da un paso al frente y radica un recurso para que se declare inconstitucional dicha ley porque se está violentando el Artículo II, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico en la medida que dicha ley, por medio de las escuelas alianzas y los vales educativos, sostienen escuelas privadas”, explicó.

Mencionó que su posición siempre ha sido de rechazo a las escuelas chárter y a los vales educativos porque se sabe que minan los fondos de la educación pública y los desvían a empresas privadas.

“Como representante exclusivo del magisterio y en medio del momento histórico en el que nos encontramos, la Asociación de Maestros siempre defenderá la escuela pública y el patrimonio constitucional que instituye en tal rango el deber del Estado de mantener un sistema público de enseñanza libre y no sectario”, agregó.

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La doctora Díaz aseguró que la AMPR siempre se ha distinguido por su respeto a las instituciones y en especial por agotar los recursos, y en esta ocasión acuden al tribunal como lo han hecho en otras ocasiones.

“Acudimos a este foro con el claro convencimiento, consciencia social y moral de que la llamada reforma educativa no representa, sino otra cosa que no sea la promulgación e institucionalización de diversos sistemas de enseñanza que chocan con el principio de la educación pública”, declaró.

Añadió que la reforma obstruye “el derecho incuestionable que tienen los progenitores en Puerto Rico de que el Estado eduque teniendo como principio un solo norte, de acceso a una educación pública, gratuita, no sectaria. Llamar pública a las escuelas alianzas cuando las mismas van a ser administradas, dirigidas y controladas por manos privadas, es una contradicción claramente ilegal e inconstitucional”.

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