18 de Octubre de 2019

“Débil e insuficiente” prueba para exigir abrir portones de UPR Río Piedras

Por el 7 de Abril de 2017

Tras determinar que hubo “una ausencia total de prueba” que establezca que los demandantes sufren algún daño y que éstos no agotaron todas las vías internas posibles, la jueza Lauracelis Roque Arroyo no concedió la orden de injunction preliminar y mandamus para que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) abra los portones del recinto de Río Piedras.

Asimismo, la togada del Tribunal de Primera Instacia, Sala de San Juan, indicó en la sentencia que entiende que la rectora Recinto de Río Piedras de la UPR, Carmen H. Rivera Vega tiene un deber de seguir el documento denominado “La Política de Convivencia” establecido por la institución académica.

“Lo cierto es que la Rectora tiene dicha responsabilidad [mantener los portones abiertos], ésta también tiene las responsabilidad de cumplir con la política institucional dirigida a manejar este tipo de situaciones”, reza la sentencia de 18 páginas que deniega la petición de Mandamus, mientras hace referencia a la Política de Convivencia que plantea el diálogo y la mediación para resolver este tipo de conflictos.

En la sentencia se expuso además que los demandantes no utilizaron todos los recursos internos que provee la institución académica para atender la situación. Por ejemplo, la estudiante Astrid Burgos, escribió una carta a la rectora del recinto para solicitar que se mantuvieran los portones abiertos, pero en vez de hacerla llegar a la oficina de Rectoría, como indica el proceso interno, la entregó en la Oficina de Seguridad.

En cuanto a este incidente, la sentencia parcial también señala que Burgos no le dio seguimiento al tramo de su misiva y que desconoce de “la naturaleza y alcance que las gestiones que está haciendo la Universidad”.

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La jueza Roque Arroyo reiteró que la prueba de los demandantes “fue débil e insuficiente” opinión que resalta a través de varias porciones del documento. Entre ellas se encuentra la admisión por parte de los demandantes sobre la inexistencia de “un daño inminente”, e inclusive que, al momento de presentar los recursos, los posibles daños planteados son “especulativos”.

En el documento, se resalta además que quienes han cerrado los portones no están incluidos en la demanda. Rivera Vega testificó que son los estudiantes quienes mantienen clausurada e inoperante la institución postsecundaria. Igualmente, la Rectora de Río Piedras entiende que la paralización que se está llevando a cabo es ilegal. “No es legal el paro según el Caso Laborde [UPR v. Laborde]”, aseveró Rivera Vega, en su testimonio.

Los estudiantes demandantes también hicieron alusión al caso de UPR v. Laborde en el que la UPR demandó a los representantes estudiantiles durante la huelga de 2010 para ordenarle abrir los portones. Sin embargo, el Tribunal advirtió que no había una correlación directa, pues en la demanda de 2010 la administración universitaria demandó a quienes mantenían control de los portones cerrados, contrario a este caso.

Los procedimientos continuarán el jueves 20 de abril, fecha en que se dilucidará si procede conceder un injunction permanente que ordene a Rivera Vega y otros altos funcionarios de la Universidad de Puerto Rico a abrir los portones del recinto, que permanece en paralización desde el pasado 28 de marzo.

Las partes solicitantes son las estudiantes Anamar Menéndez González, Rosaima Rivera Serrano, Carlos Vicente Villega Del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Gabriela Firpi Morales quienes demandaron a la rectora interina del Recinto de Río Piedras junto con Carlos Pérez, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

Desde que se presentó la demanda, el 31 de marzo, las paralización se han expandido para ahora incluir a 8 recintos en huelga. El más reciente en unirse al proceso huelgario es el Recinto de Mayagüez, quienes determinaron participar de la huelga hoy, viernes, en horas de la madrugada. Se espera que el 12 de abril  el recinto de Carolina también se una a la paralización.

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