13 de Noviembre de 2019

Demandan al gobernador por nueva oficina “inconstitucional”

Por el 2 de Noviembre de 2017

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, presentó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para solicitarle al Tribunal que declare inconstitucional la orden ejecutiva que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR).

El legislador de la Pava explicó además que solicitó en el recurso legal que se emita un interdicto preliminar para que el primer ejecutivo suspenda de manera temporera la implementación de dicha orden (OE-2017-65) hasta que se resuelva la controversia.

En la foto, el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández. (Archivo)

“No podemos permitir que en medio del escándalo de Whitefish la respuesta del Ejecutivo sea la creación de un cuarto oscuro donde se oculte la impunidad de la corrupción gubernamental. Después del reclamo a gritos por transparencia en los foros locales como internacionales, es una total contradicción que la nueva entidad creada mediante decreto sea eximida unilateralmente por el Ejecutivo de la política pública de auditorías, rendición de cuentas, y de presentar informes”, sentenció Hernández Montañez.

“Esta orden ejecutiva básicamente adopta por mandato unilateral el grueso de las funciones contempladas en los proyectos de ley bajo consideración legislativa, de los cuales ya fue descargado y derrotado en votación unánime en el Senado, y que la Cámara de Representantes no le dará paso. Nosotros no podemos permitir que esto ocurra ya que esta orden ejecutiva ignora el poder conferido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa para crear, definir y suprimir agencias en la Rama Ejecutiva”, manifestó el portavoz.

Rosselló defiende su nueva Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción

Del mismo modo, el legislador argumentó en la demanda que la orden alega ampararse en un artículo de la Ley 20 del 10 de abril del 2017, que le concede al gobernador ciertos poderes extraordinarios en casos de situaciones de emergencia o desastre y opinió que no se desprende de la propia ley que el gobernador goza de la facultad de crear una nueva unidad gubernamental inmune a los procesos de fiscalización, que reúna bajo la dirección de una sola persona tantos poderes.

“Esta demanda busca detener esta afrenta contra la democracia por parte de un gobernador que se ha asignado a sí mismo el poder absoluto para hacer y deshacer sin ser fiscalizado ni contar con la transparencia que reclama el pueblo”, puntualizó Hernández Montañez al tiempo que aseguró que “se ve a todas luces una intención de la Rama Ejecutiva de repartir contratos a conocidos bajo la excusa de la situación de emergencia.”

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