4 de Diciembre de 2021

Demandan a Turismo por operación de casino en el aeropuerto

Por el 24 de Octubre de 2016

El pasado 15 de octubre se cumplió el plazo que la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) se autoimpuso para revelar los totales del primer mes de recaudos en la primera fase del proyecto de tragamonedas en tres terminales del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. Sin embargo, a casi dos semanas de cumplido el plazo, la CTPR mantiene silencio absoluto referente a si se logró la expectativa de recaudar unos $45 diarios de ganancia por máquina.

(CB / Juan Rodríguez)

Unas 200 máquinas tragamonedas están ubicadas en los terminales A, B y C del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (CB / Juan Rodríguez)

Por su parte, el presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), Edgardo Lizardi Bonilla, confirmó el mutis de la corporación pública sobre los recaudos logrados en este primer mes de operaciones, aunque aseguró que los rumores indican que la recaudación fue estrepitosamente baja, comparada con lo esperado.

“Ellos no han hablado nada sobre eso. Se supone que esa información saliera ya, pero la información que tenemos, que aún no hemos podido corroborar, es que solo se pudieron allegar $100 semanales de ganancia para cada compañía involucrada, o sea, Aerostrar, el administrador del aeropuerto; Aristocrat Technologies, la compañía de las máquinas de juego y la CTPR”, indicó Lizardi Bonilla.

El portavoz de los inspectores anunció además que la AIJA recurrió al Tribunal de Apelaciones para solicitar se declare ilegal el nuevo reglamento que impuso la CTPR para operar las máquinas tragamonedas en el aeropuerto y con el cual se excluyó la presencia de inspectores en esas salas de juego.

Según el presidente de la colectividad, que agrupa a unos 82 inspectores, el recurso legal fue presentado el pasado 11 de octubre y establece que la aprobación del Reglamento 8788 violó disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ya que la CTPR pasó por alto varios requisitos indispensables que, según la ley, se requieren previo a la aprobación de un reglamento.

El documento legal señala que Turismo se negó a celebrar vistas públicas sobre esta nueva reglamentación, no circuló una notificación específica detallando la fecha en que se celebrarían las vistas públicas, no comunicó la fuente legal que autoriza su adopción, ni publicó el aviso de reglamentación en la red de Internet, como exige la ley.

Lizardi Bonilla aseguró que las acciones de la CTPR y de su directora ejecutiva, Ingrid Rivera Rocafort, violan los procedimientos básicos que se exigen antes que una entidad pública pase a adoptar un nuevo reglamento.

“La señora Rivera Rocafort ha actuado de forma arbitraria y caprichosa al aprobar un reglamento a toda prisa sin garantizarle a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus puntos de vista. La ley requiere participación de la ciudadanía antes de que una entidad pública adopte una norma que impacte los derechos de personas o grupos y les imponga obligaciones”, sentenció.

El líder gremial añadió que el Reglamento 8788 también violenta la Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico, que es la que regula cualquier operación de juegos en el país y la que determina cómo se fiscalizan dichas operaciones, incluyendo la sala de juegos de los aeropuertos.

También enfatizó que el nuevo reglamento impuesto por Rivera Rocafort, “sin vistas públicas, a oscuras y sin participación ciudadana”, permite la instalación de casinos y salas de juegos sin la presencia de inspectores autorizados, que son quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la operación de las máquinas tragamonedas para garantizar la seguridad de los jugadores.

“Ellos habían alegado que no se hicieron vistas públicas porque no se trataba de un casino porque no habían mesas, pero eso sí es un casino, porque hay tragamonedas, hay cámaras vigilando estas máquinas y es Turismo quien recauda el dinero”, explicó Lizardi Bonilla.

“Esto puede traer consecuencias. Los casinos que trabajan 24 horas, solo operan mesas por 16 horas, pero las máquinas operan las 24 horas. Con este reglamento los operadores (los hoteles) de los casinos regulares podrían pedir las mismas condiciones y eso significaría el despido de inspectores”, añadió en referencia a la posibilidad de que un total de 150 trabajadores, entre inspectores y recaudadores, podrían quedar en la calle.

El dirigente también recordó que en la CTPR siempre se han celebrado vistas públicas antes de adoptar cualquier reglamento de la Ley de Juegos de Azar, no solo porque la ley lo exige, sino porque ha sido la norma. Destacó, incluso, que esta administración fue quien aprobó el nuevo Reglamento de Juegos de Azar y el Manual de Procedimientos de Juegos de Azar en el 2015, luego de un proceso de vistas públicas celebrado en el 2014.

A tales efectos, Lizardi Bonilla cuestionó las razones por las que se aprobó el Reglamento 8788 sin audiencia pública luego que en 2014 se celebraron vistas para revisar el nuevo Reglamento de Juegos de Azar.

“Turismo ha procedido a la aprobación ilegítima de un reglamento exclusivo para operar un casino en el aeropuerto. La forma en que se aprobó ese reglamento levanta sospechas sobre qué intenciones pueden haber tras ese acuerdo que, hasta el momento, ha resultado ser un negocio pernicioso para el país”, acotó Lizardi Bonilla.

“Este plan se viene orquestando hace tiempo y lo que están buscando es eliminar a todos los inspectores y recaudadores”, dijo.

El líder de los inspectores insistió que el Reglamento 8788 pone en riesgo las garantías de seguridad a las que están acostumbrados los jugadores en la isla al excluir la presencia de inspectores en las salas de juego. Esa situación, dijo, también pudiera afectar la imagen que pretende proyectar el país.

“Turismo incumplió con la ley y adoptó un reglamento, cuya forma de aprobación levanta serias y graves dudas, para dar paso a la operación de un casino en el aeropuerto que fácilmente pudiera prestarse para acciones fraudulentas”, sentenció.

“Nuestra isla ha ganado un nivel de prestigio y reconocimiento turístico mundial, en parte por el manejo adecuado de sus casinos de juegos. Se trata de una industria que está regulada y en la que la gente confía porque reconocen la pericia y honradez del personal de inspectores que velan por los derechos de los consumidores y por el buen manejo de las máquinas de juego”, concluyó.

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