12 de Noviembre de 2019

Denuncian defectos constitucionales en reglamento que ampliaría operaciones de Uber

Por el 23 de Marzo de 2018

El presidente de la organización Puerto Rico Operadores Turísticos Guías y Excursionistas (PROTGE), José Poupal, envió el viernes una misiva al Procurador de Pequeños Negocios de la Oficina del Ombudsman, Edison Negrón, solicitando que le permita a los transportistas explicar en detalle los defectos de índole constitucional creados por el nuevo reglamento de la Comisión de Servicio Público (CSP).

Se trata del reglamento que recientemente anunció el presidente de la CSP, Luis García Fraga, que permite la operación de las empresas de red de transporte –como Uber– en todo Puerto Rico e iguala la operación que realizan los taxis.

“Le adelantamos que la promulgación de dicho reglamento, contiene defectos que apuntan a una reglamentación excesiva, incoherente, caprichosa, arbitraria, que crea una estructura de trabajo de competencia desleal y sobre todo que menoscaba la relación contractual que existe específicamente entre los taxistas turísticos acreedores de sus franquicias y el gobierno de Puerto Rico”, expuso Poupal.

Precisó que acudió a esta oficina por ser el ente apropiado, previo al reclamo en los tribunales de Puerto Rico y alegó que el reglamento que ha sido propuesto abre las puertas a que las redes de transporte continúen operando “mientras siguen burlando las exigencias fiscales y contributivas de la isla”.

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Además, solicitó que se comisione un panel investigativo que les permita exponer en detalle los reclamos en representación de los padres y madres de familia, pequeños comerciantes que su organización representa.

Recientemente, el gobierno aprobó la Ley 75-2017, conocida como la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público, en la que se ordena a esa entidad a crear un reglamento para regular la transportación pública que se ofrece a través del servicio de taxistas, taxistas turísticos y transportistas en general.

Poupal indicó que la Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio (LFAR), administrada por el Procurador de Pequeños Negocios del Ombudsman, le requiere velar por los procesos administrativos y asegurar que los negocios no se encuentren reglamentados excesivamente.

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