30 de Marzo de 2020

Departamento pierde fondos para educación especial

Por el 14 de Diciembre de 2016

El fondo para costear las terapias que reciben los niños de educación especial del sistema público recibió un recorte de 80% en este año fiscal –de $64 millones a $15 millones– por determinación de la Legislatura, mientras por otro lado el Departamento de Educación (DE) perdió una ayuda federal para la población sordo-ciega por señalamientos no corregidos por la agencia.

(Limarys Suárez/CB)

El secretario asociado de Educación Especial del DE, Carlos Rodríguez Beltrán, aceptó que perdieron una ayuda federal de $65,000 que iba destinada a atender a la población de 31 estudiantes sordo-ciegos. (Limarys Suárez/CB)

Como parte de las vistas de transición, el secretario del DE, Rafael Román, reconoció a preguntas del presidente en funciones del Comité de Transición del gobierno entrante Alfonso Orona que la Legislatura redujo el Fondo 265 para las terapias a los estudiantes de educación especial a $15 millones. En el año fiscal 2015-2016, la Legislatura asignó $64 millones para el fondo que costea las terapias de los estudiantes de educación especial y el año fiscal anterior $53 millones, pero al corriente se redujo a $15 millones.

¿Por qué se ha reducido dramáticamente esta cantidad?, preguntó Orona al secretario del DE.

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“En el proceso legislativo los fondos que se asignaron para este año fiscal fueron $15 millones y de los $15 millones ya nos han transferido $7.5 millones… Se hizo la reducción sobre este tema y nosotros identificamos los fondos para que al final del día estos servicios no resultaran afectados. Se hizo el planteamiento en las vistas de presupuesto y tomamos las medidas para trabajar internamente el asunto”, respondió.

En tanto, a preguntas de Orona, el secretario asociado de Educación Especial del DE, Carlos Rodríguez Beltrán, aceptó que perdieron una ayuda federal de $65,000 que iba destinada a atender a la población de 31 estudiantes sordo-ciegos.

“Es un ‘grant’ [beca] que siempre lo trabajó un área y nosotros recibimos en la secretaría que se había cancelado. Ellos [personal de la agencia federal] habían pedido unas acciones dentro del ‘grant’.
Cada estudiante está recibiendo el servicio que necesita y esto [de perder la ayuda] no afecta a la población. La opción que nos dieron los federales es que se vuelva a solicitar el ‘grant’”, explicó Rodríguez Beltrán.

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Por otro lado, el secretario del DE indicó que, aunque los facilitadores de educación especial son necesarios, este personal se eliminó de la agencia por falta de presupuesto.

“Los facilitadores de educación especial fueron contratados con fondos ARRA que ya no existen y el que ahora mismo no estén se debió a un asunto presupuestario. Sin embargo, con esos centros que cogimos con un 1.99 en el pleito [Rosa Lydia Vélez], hoy entregamos el caso en 3.20 de promedio sin facilitadores de educación especial”, dijo Román antes de recesar las vistas de transición para almuerzo.

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Previamente, en la mañana, el director ejecutivo la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), José Luis Dávila Estrada, indicó en su ponencia que el gobierno tiene una deuda de $449 millones por concepto de rentas siendo la Administración de Tribunales el mayor deudor con $53.9 millones.

Otro de los deudores de la AEP es la Autoridad de Carreteras con una deuda de $9.4 millones; el gobierno municipal de Ponce debe $6.8 millones; la Corporación Centrocardiovascular Puerto Rico y Caribe debe $24.8 millones y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por acuerdo con  Tribunales debe $8.4 millones.

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