22 de Septiembre de 2018

Dispuesta la junta a certificar plan fiscal acordado con Rosselló

Por el 29 de Junio de 2018
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En la foto, el presidente de la junta de control fiscal, José Carrión III. (Jaime Rivera / CB)

Aunque la junta de control fiscal de Puerto Rico recertificó los planes fiscales del gobierno y de otras instrumentalidades luego de que la Legislatura optara por no eliminar la Ley 80 de Despido Injustificado bajo un nuevo presupuesto, la entidad dijo que volvería a hacer otra nueva recertificación si se cumple con sus condiciones.

Por un lado, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, sostuvo que el acuerdo con el gobernador de que el ente creado por la ley Promesa no forzaría recortes laborales tales como la eliminación del Bono de Navidad a cambio de que la Legislatura derogara la Ley 80, quedó sin efecto luego que la Legislatura no lo aprobase. De otra parte, Carrión también dijo que si la Legislatura aprobaba un presupuesto que cumpla con las condiciones de la junta, se recertificaría de nuevo el plan fiscal.

“La contestación es que si”, dijo Carrión de manera escueta durante una conferencia de prensa en el edificio Seaborne que alberga las oficinas del organismo.

Las medidas de presupuesto se encontraban en comité de conferencia al momento en que la junta ofrecía el aparte con los medios de comunicación. Luego que el presupuesto sea aprobado, la junta determinará si este cumple con el nuevo plan fiscal certificado.

Este nuevo plan fiscal muestra una reducción del superávit de $40 mil millones a $14.46 mil millones en un periodo de 30 años, cantidad que refleja una reducción en fondos federales, la escases de reformas solicitadas por la Junta y la falta de crecimiento económico previo al pago de la deuda. “Lo que se afectó en este plan fue la no eliminación de la ley 80 y falta de crecimiento”, dijo la directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta del organismo creado por la ley Promesa. (Jaime Rivera / CB)

Carrión aceptó que la Junta no puede obligar a la Legislatura a derogar la Ley 80 como parte de la aprobación del presupuesto. No obstante, Carrión dijo que irían a los tribunales a obligar al gobierno a cumplir con el plan fiscal certificado, de este negarse a hacerlo.

Carrión dijo que la ley Promesa es clara sobre lo que “podemos hacer y no” por lo que “no podemos obligar”. “Llegamos a un acuerdo que no se pudo concretizar. No es por falta de dialogo”, añadió.

¿Qué pasa si el gobierno se negara a cumplir con el plan fiscal?, se le cuestionó. “Vamos a partir de la premisa que va a cumplir con la ley…Si no iremos al tribunal,” respondió Carrión.

La junta se sostuvo en que no está imponiéndole al gobierno el despido de empleados y que el gobernador reducirá el tamaño del gobierno por medio de disminución o consolidación de agencias. Tampoco se contempla el reducir la jornada laboral.

De otra parte, se informó que se hicieron cambios menores al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y que su ingreso estimado es de $1,200 millones en el 2018 y de $1,400 millones en el 2019. Sobre el ingreso de la Autoridad de Carreteras, entidad que sometió un presupuesto defectuoso, Jaresko dijo que este fue de $1,200 millones en el 2018 a $1,600 millones en el 2016.

Junta recertificará plan fiscal para anular acuerdo con Rosselló

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