21 de Julio de 2019

Diversas organizaciones convocan manifestación para el 1 de mayo

Por el 23 de Abril de 2019

(Suministrada)

El miércoles 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas hacen un llamado al pueblo para movilizarse hacia la zona conocida como la Milla de Oro en Hato Rey donde se encuentran ubicadas las oficinas principales de, según el colectivo, quienes realmente gobiernan en Puerto Rico: la Junta de Control Fiscal, banqueros, bufetes de corporaciones, casas de corretaje y aseguradoras, entre otras compañías privadas.

Las organizaciones convocan a defender servicios esenciales de educación, salud y la energía, entre otros. También destacan la urgencia de proteger las pensiones de cientos de miles de jubilados y trabajadores activos. Marcharán para oponerse a la deuda, la privatización de empresas gubernamentales, los despidos de empleados en la empresa privada así como en el gobierno y las políticas de austeridad.

“Marcharemos en contra de los acuerdos entre el gobierno, los bonistas y la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda que resultan onerosos para el pueblo y en beneficio a los bonistas, protestamos en contra de las amenazas de recortar, reducir o eliminar pensiones a jubilados y empleados activos, una mal llamada reforma laboral que favorece a patronos privados y empobrece a los empleados del sector privado con derechos limitados a los dispuestos por ley, denunciaremos recortes a servicios esenciales en educación y la salud, aumentos a la matrícula de la UPR, anuncios de despidos a los empleados municipales, aumentos en las tarifas de energía, agua, peajes y costo de vida, las propuestas de privatización y las denuncias sobre corrupción en las altas esferas de gobierno”, expresó el dirigente sindical Luis Pedraza Leduc en calidad de portavoz del Comité Organizador del 1 de mayo de 2019.

Hasta el momento, se identifican cuatro puntos de partida hacia la Milla de Oro en el área metropolitana. Éstas son el estadio Hiram Bithorn, las Oficinas Centrales del Partido Independentista Puertorriqueño, ambas en la Ave. Roosevelt, el Departamento del Trabajo en la Muñoz Rivera y la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. También, se ha coordinado transportación desde Mayagüez, Arecibo, Ponce, Humacao y Fajardo para movilizar sectores desde todos los puntos de la isla.

Pedraza Leduc denunció que la crisis política y económica que vive el pueblo es la consecuencia de una estructura que está dirigida a la acumulación de riquezas para unos pocos. El tema de la deuda y las políticas de austeridad es un problema político por razón de Puerto Rico ser una colonia, pero a su vez, ocurre porque la deuda es un mecanismo más de explotación del capitalismo. Recordó que mientras en otros países, la fecha del 1 de mayo es celebrada y conmemorada para recordar las luchas y reafirmaciones de la clase trabajadora, en Puerto Rico la fecha es de resistencia y denuncia de las políticas de austeridad, privatización y control político de la colonia.

Mientras, otro nutrido grupo de organizaciones sindicales, junto a organizaciones de la sociedad civil, marcharán desde el Capitolio hasta la Fortaleza en conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En esta ocasión, la manifestación se congregará desde las 8:30 a.m. frente al Capitolio y saldrá en marcha a las 10:00 a.m., hasta La Fortaleza, explicó el portavoz principal Pedro Irene Maymí, quien preside la Central Puertorrriqueña de Trabajadores (CPT).

El portavoz indicó que el 1 de mayo las uniones y organizaciones civiles expresarán ocho reclamos específicos al gobernador Ricardo Rosselló.

Le reclamarán que deje sin efecto su amenaza de reducir la aportación patronal al plan médico de los empleados del sector público. De implantarse esta medida, como ha dicho el gobernador, tendrá el efecto de reducirle el salario de los trabajadores de este sector, con impacto de entre $300 y $500, según sea el caso.

En segundo lugar, reclamarán al gobernador que detenga la legislación que intenta eliminar la colegiación de profesionales, que garantiza el ordenamiento de múltiples profesiones y oficios en beneficio de la propia ciudadanía y de los trabajadores que la ejecutan. Asimismo, reclamarán que se revierta la legislación laboral que ha impactado negativamente a todos los trabajadores, tanto el sector público como privado, eliminando múltiples beneficios marginales y beneficios económicos.

Insistirán en que se dé paso a la auditoría de la deuda que ha sido respaldada por todos los sectores de nuestro país.

De igual forma, le reclamarán al gobernador que detenga la política de privatización que ahora incluye la venta del canal Seis, además de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica; oficinas comerciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otras; y el Sistema Educativo de Puerto Rico, a través de la implantación de las escuelas chárter con todos los escándalos de corrupción que esto ha develado.

Además, la reducción dramática en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y el alza en las matrículas que amenazan con la liquidación del sistema educativo universitario que tiene nuestro país.

También, el tema de los pensionados y la reducción en sus pensiones representan una tragedia para los trabajadores que han dedicado su vida al servicio público y que hoy recibe un ingreso económico que propende de lo que ellos mismos han pagado durante toda su vida laboral. Pretender reducir estos ingresos, como lo ha propuesto la Junta de Control Fiscal, es una tragedia para los miles de pensionado de nuestro país y sus familias.

“Le pedimos al gobernador que sin más dilación, manifieste su oposición y rechace esta intentona por parte de la Junta de Control Fiscal”, expresó el presidente de la CPT.

Además, repudiamos los intentos de la legislatura y el gobierno de apoderarse, mediante legislación (P. de la C. Núm. 1057) de la Asociación de Empleados del ELA. Sobre esta intención, estaremos atentos al curso que pueda tomar esta medida.

Rechazamos la intentona de desmantelar el Programa de Parques Nacionales, transfiriendo las instalaciones a los municipios, muchos de ellos con graves problemas económicos. Esta acción pone en riesgo nuestros recursos de playas y centros recreativos dejando a la clase trabajadora a la merced de las intenciones del gobierno de privatizarlas.

La secretaria de Información y Propaganda de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, Christie Capeta Suro, declaró “estamos enfrentando una actitud intransigente por parte de la Administración Universitaria en el proceso de la negociación colectiva. Se niegan a firmar un convenio justo para los trabajadores universitarios lo cual amenaza con reducir sustancialmente los beneficios del plan médico y eliminar la exención de matrícula a los miembros de la Hermandad beneficio que históricamente hemos tenido”.

“El único sustento del magisterio retirado es su pensión. Cualquier medida que busque reducir o trastocar los beneficios del retiro de los maestros, conociendo que no reciben seguro social ni medicare, es una afrenta contra su seguridad. La austeridad no debe ser contra los trabajadores. Debe ser prioridad para el gobierno proteger al magisterio y a la educación pública”, indicó Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

“Denunciamos los intentos por desmantelar el Programa de Parques Nacionales mediante legislación por las implicaciones que tiene para las familias trabajabadoras que solo cuentan con esas instalaciones para su recreación. Esas instalaciones son patrimonio del pueblo. Igualmente, exigimos que se reviertan todas las políticas que han eliminado derechos laborales”, expresó el presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT local 481 UFCW), Juan Cortés Valle.

Sobre el tema de la auditoría, la licenciada Eva Prados, del Frente Amplio para la Auditoría de la Deuda, dijo: “la ruta para atender con responsabilidad esta crisis sigue siendo la auditoría de la deuda; que se cancele toda deuda ilegal y que paguen los responsables. Este es un reclamo del pueblo que el gobierno tiene la obligación moral de atenderlo y así se lo demandamos”.

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