18 de Septiembre de 2019

DMO apoya que Puerto Rico compita en el mercado de apuestas deportivas

Por el 8 de Mayo de 2019

Las Comisiones de Turismo y Bienestar Social y de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA, que presiden los representantes Néstor Alonso Vega y Antonio “Tony” Soto Torres, respectivamente, prosiguieron el miércoles, con el análisis del Proyecto de la Cámara 2038 que busca establecer la política pública sobre las apuestas en eventos deportivos.

A los trabajos del día compareció Karen Mojica, en representación de la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés), quien al favorecer la medida opinó que “hay suficientes seguidores como para que el aspecto de apostar por internet sea un asunto al que darle atención”, por lo cual será incluido en el inventario de actividades a promover de ser aprobada la medida.

Sostuvo que al contar con predios tales como el Centro de Convenciones que “es el espacio de convenciones más avanzado y tecnológico del Caribe y con excelentes espacios para reuniones en diversos hoteles y propiedades, Puerto Rico está bien posicionado para competir para ser anfitrión de este tipo de evento de atención internacional”.

Durante su turno, el representante Soto Torres, luego de calificar como “desafortunada” la comunicación enviada por esta dependencia, al ser citados a comparecer ante ambas comisiones el pasado 6 de mayo, le aclaró a la deponente que el DMO si tiene una responsabilidad de involucrarse en temas legislativos y en todas las posibles iniciativas que puedan ayudar a promover a Puerto Rico como destino turístico.

Mientras que el presidente de la Liga de Baloncesto Superior Nacional, licenciado Fernando Quiñones Bodega, señaló que “los propósitos que persigue la legislación son loables, y no nos cabe duda de que cualquier aportación adicional a las arcas del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) tendrá un efecto positivo en nuestra sociedad”.

No obstante, recomendó que también se atienda la situación fiscal por la que atraviesa el deporte competitivo, que en los últimos años se ha visto afectada por la falta de auspicios que en el pasado recibían de parte del Gobierno y de deportistas individuales que según el deponente, ven en el deporte un vehículo para invertir en la sociedad.

Por tal motivo, recomendó que aparte de esta medida, se establezcan incentivos contributivos para las empresas que inviertan en publicidad en eventos deportivos, mediante requisitos que deben cumplir los eventos o las ligas, tales como recibir un certificado del DRD, “de esta manera, se fomenta la inversión de la empresa privada en el deporte, pasando esa responsabilidad del Gobierno al sector privado”.

 Por su parte, Héctor Torres Calderón, en representación del presidente de Federación de Alcaldes, apoyó esta iniciativa que calificó como una “medida innovadora y competitiva comparándola con otros estados y jurisdicciones no sólo en Estados Unidos sino a nivel internacional”.

Añadió que “no podemos ser ilusos, las apuestas ilegales se llevan a cabo diariamente en nuestros pueblos y este Gobierno responsablemente ha decidido actuar, no cruzarse de brazos y atajar directamente lo que está ocurriendo. Tenemos que asegurarnos que legalizamos las apuestas deportivas para evitar que continúe siendo fuente de ingreso para el crimen organizado. Hay que asegurar que las apuestas se realicen de una manera justa y transparente”.

Así también resaltó el interés de que se de esta iniciativa, debido a la necesidad económica que los municipios tienen para suplir los servicios a la ciudadanía.

De otro lado, el doctor Germán Pérez Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico, favoreció la medida a la vez que solicitó una enmienda para que se le asigne a su organización el 10 por ciento de los fondos que se destinen al DRD.

En su turno de preguntas, el representante Jesús Santa Rodríguez mostró su apoyo a este proyecto ya que “ante la imposibilidad de que este o de cualquier otro Gobierno de prohibir esa actividad, entonces hay que buscar regularla para que el posible daño social pueda controlarse y evitar cosas tales como el lavado de dinero”, a la vez que llega a las arcas del Gobierno unos fondos necesarios para los servicios a los ciudadanos.

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