20 de Septiembre de 2018

[DOCUMENTO] Junta intenta micro gerenciar a Puerto Rico, según demanda

Por el 5 de Julio de 2018
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“La Junta de Supervisión no puede obligar al Gobernador a cumplir con sus recomendaciones de política pública, ya sea que esas recomendaciones sean independientes o estén plasmadas en un plan fiscal”, reza la demanda. (Suministrada)

Tal y como anticipó el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, el primer ejecutivo junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) demandaron a la junta de control fiscal por intentar usurpar los poderes políticos y gubernamentales de la isla a través de la toma de decisiones sobre aspectos de política local.

En al menos cuatro ocasiones, el recurso legal señala que el organismo creado por la ley Promesa intenta “micro gerenciar cada aspecto del gasto presupuestario y ejercitar poderes legislativos que la junta no tiene, pese las objeciones del gobierno electo de Puerto Rico”.

El recurso legal presentado ante el Tribunal federal surge luego que la junta rechazara el presupuesto de $8,700 millones de la isla e impusiera el suyo, tras alegar que no cumplía con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado. Su versión, la cual es mayor a la aprobada por la Asamblea Legislativa, reduce el dinero para municipios y elimina los bonos de Navidad para los trabajadores.

La medida se adoptó después de que la Legislatura se negara a revocar la Ley 80 de 1976, la Ley de Despido Injustificado, para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de empleo a voluntad.

“La Junta de Supervisión no puede obligar al Gobernador a cumplir con sus recomendaciones de política pública, ya sea que esas recomendaciones sean independientes o estén plasmadas en un plan fiscal. Y la Junta ciertamente no puede forzar esas recomendaciones al ELA a través de un presupuesto”, lee parte del recurso legal de 39 páginas.

El documento plantea además que la Junta de Supervisión “no puede hacer lo que intenta hacer: imponer reducciones obligatorias a la fuerza trabajadora, cambiar los roles y responsabilidades de ciertos funcionarios del gobierno, criminalizar ciertos actos bajo la ley de Puerto Rico y tratar de micro gerenciar al gobierno de Puerto Rico”.

En específico, el gobierno realiza cuatro peticiones al Tribunal de Distrito federal. La primera solicita un fallo judicial que declare que la junta fiscal carece de la autoridad para imponer iniciativas de política al Gobierno a través de un plan fiscal y/o presupuesto; una resolución que declare que los mandatos sustantivos de política contenidos en el Plan Fiscal de la Junta y rechazados por el Gobernador de conformidad con Promesa son nulos; una resolución que declare que los mandatos sustantivos de política contenidos en el presupuesto de la Junta Fiscal exceden los poderes de la Junta y son nulos; y una decisión que ordene a la Junta Fiscal implementar y hacer cumplir las recomendaciones de políticas rechazadas por estos.

Junta “defenderá enérgicamente” su presupuesto y Plan Fiscal

Según la demanda presentada poco después de la 11:00 p.m, durante los últimos meses, la junta ha utilizado el Plan Fiscal y los procesos de certificación presupuestaria contemplados por la ley federal Promesa para imponer sus preferencias políticas a la población de Puerto Rico.

“Si bien el Congreso otorgó ciertos poderes a la Junta bajo la ley Promesa, “se respetó al pueblo. En reconocimiento de estos derechos, el Congreso creó una Junta de Supervisión de poderes limitados y preservó la autonomía del Gobierno democráticamente electo. Mientras que Promesa concede a la Junta Fiscal el poder para certificar los planes y presupuestos fiscales (ya sea propuesto por el Gobierno, desarrollado cooperativamente o desarrollado por propia Junta) y para vigilar su cumplimiento, Promesa preserva para el Gobierno el poder político y gubernamental para tomar decisiones políticas “, expone la reclamación.

La demanda aduce que aunque es cierto que la ley Promesa le brinda a la junta el poder de realizar “recomendaciones” de política al Gobierno con respecto a una amplia gama de temas, nadie puede disputar que el Gobernador está libre de rechazarlas.

El gobierno reconoce que la junta también tiene autoridad para monitorear y revisar las acciones gubernamentales para asegurar que cumplen con los planes y presupuestos fiscales certificados, “pero un principio consistente es que la Junta de Supervisión Fiscal no puede imponer sus preferencias de política pública al gobierno del ELA como para sus organismos individuales”.

Los borradores de discusión de la ley federal Promesa que se vieron tanto en la Cámara como el Senado federal incluyeron disposiciones similares a las de la Ley de Asistencia Financiera y Administración Financiera del Distrito de Columbia de 1995, que otorgaba poder unilateral a la Junta de Control Financiero del Distrito de Columbia para anular actos legislativos y obligar al alcalde y al ayuntamiento adoptar sus recomendaciones de política. “Pero el Congreso descartó estas disposiciones” antidemocráticas “, que no aparecen en Promesa como promulgadas. En cambio, el Congreso estableció una Junta de Supervisión para ayudar y guiar al gobierno electo, en lugar de una junta de control que lo suplantara funcionalmente”, expone la petición judicial.

Los demandantes alegan que si el Gobernador se niega a adoptar una recomendación de la Junta, el único requisito de la ley Promesa es que el primer mandatario explique su decisión al Presidente de los Estados Unidos, al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y al Líder de la Mayoría del Senado de los Estados Unidos.

“Para ser claros, el gobierno no está desafiando la certificación. Pero la Junta no puede ampliar sus poderes legales mediante el uso de su plan fiscal para imponer iniciativas de política pública sobre el Gobierno que la Junta no puede implementar por sí misma. La Junta de Supervisión tampoco puede usar sus poderes de aprobación presupuestaria para iniciar sus recomendaciones de planes fiscales a las líneas de gasto específicas como lo ha hecho”, reza la demanda en sus últimas páginas.



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