[EDITORIAL] La tarea de un gobernador

Por Yanira Hernández Cabiya el 20 de Julio de 2017

Todavía recuerdo cuando en el 2009, la administración de Luis Fortuño intentó hacer cambios dramáticos al plan de salud del Gobierno para beneficiar los pacientes y bajar el costo de la cubierta. Cuentan que entonces, el jefe de una de las principales aseguradoras de aquel momento viajó a Puerto Rico para advertirle al mandatario que los cambios que estaban proponiendo los sacarían del mercado local y se verían obligados a cerrar su negocio en la isla. Al final el gobierno hizo algunos cambios al plan, pero no de la extensión que se anticipaban. Las aseguradoras vieron un impacto, pero con el tiempo se acoplaron y continuaron operando.

En el 2013, el gobierno volvió a intentar transformar el sistema de Salud pero fue muy poco lo que logró hacer al respecto. Por un lado, tenían las restricciones y regulaciones que impone el gobierno federal que financia gran parte de la tarjeta de salud del gobierno. Por el otro, tenemos a las aseguradoras que han montado gran parte de su modelo de negocios sobre las bases de un plan de salud pública en el que ellas sientan las pautas y definen como garantizan sus ganancias.

“Cuando un hijo no recibe el tratamiento adecuado porque se permitió que permanezca un sistema en el que las aseguradoras son juez y parte, las consecuencias pueden ser de vida o muerte”. (iStock)

El negocio de las aseguradoras es procurar que los pacientes reciban el mejor servicio sin que ello signifique pérdidas para las compañías. Ellas no son un monstruo, pero tampoco son monjas de la caridad. Es de esperar entonces que se opongan a cualquier medida que pueda implicar un impacto negativo a sus finanzas.

Los médicos tampoco son entidades sin fines de lucro, y aunque éticamente deben anteponer la salud de sus pacientes, ante todo, en este tipo de disputa también influye el resentimiento que sienten contra las aseguradoras por no pagarles lo que entienden justo por los servicios que prestan.

En el medio está el paciente. El enfermo que se encuentra entre el médico que sugiere un tratamiento específico, en ocasiones costoso, y la aseguradora que no desea pagar más de lo estrictamente imprescindible.

¿Quién es el juez en estos casos? Ese es el problema que busca atender el Proyecto del Senado 27 de la autoría del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

Es al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a quien le corresponde, sin embargo, sopesar ambos lados de esa moneda. Un trato justo a los pacientes es parte de su plataforma de gobierno. Fue parte de sus promesas de campaña. Pero su silla como mandatario lo obliga a mirar otras consideraciones más allá de las políticas.

Rivera Schatz denuncia compra de influencias de dos aseguradoras

Rosselló Nevares tiene que sopesar el impacto en las aseguradoras porque ellas, como cualquier otro negocio, no van a absorber el cantazo que el proyecto pueda tener en sus finanzas. Las aseguradoras, le pasarán ese costo al gobierno a través de sus primas y con un margen tan escaso para maniobrar en términos financieros, su decisión, sin duda, será difícil.

Pero esa es la función del gobernador, sopesar, buscar un balance entre los intereses de unos y otros y promover aquellas políticas que mejor sirvan al bien común.

No es fácil esa tarea. Mucho menos ahora que las alternativas son limitadas. Nuestra exhortación es que también se tome en cuenta la situación en la que están muchos ciudadanos debido a la crisis fiscal. Es muy probable que en las próximas semanas estemos escuchando de mayores recortes y más gente viendo sus ingresos reducidos, tanto el gobierno como en la empresa privada. La situación se tornará más difícil antes de mejorar. Y nada como la certeza de que al menos, si la salud se ve comprometida, se puede contar con un sistema que anteponga al paciente.

A la larga, las aseguradoras pueden modificar sus modelos de negocios y reducir sus ganancias. El gobierno puede reducir los gastos en otros servicios menos importantes como campañas de publicidad. Pero cuando un hijo no recibe el tratamiento adecuado porque se permitió que permanezca un sistema en el que las aseguradoras son juez y parte, las consecuencias pueden ser de vida o muerte. Ese el balance que hay que hacer.