7 de Julio de 2022

[FUENTES] El gobierno tiene alternativas para evitar la insolvencia

Por el 19 de Enero de 2017

Por Philipe Schoene Roura y Eva Lloréns Vélez

La reciente narrativa de una inminente crisis de efectivo para el gobierno de Puerto Rico si no se hace nada para extender las apocalípticas fechas límite —la administración de Ricardo Rosselló debe entregar un plan fiscal a fines de enero y la suspensión de las demandas de responsabilidad expira el 15 de febrero— está siendo cuestionada por algunos observadores de Wall Street y en el Congreso de los Estados Unidos, quienes aseguran que el gobernador puede extender la Ley de Moratoria para evitar la insolvencia total.

Promulgada el año pasado, la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico le permite al gobernador, bajo los poderes de la Constitución de Puerto Rico, declarar una moratoria en toda la deuda del Estado Libre Asociado (ELA), así como una suspensión de cualquier demanda que pueda resultar. La ley expira a finales de mes, aunque La Fortaleza evalúa extenderla.

(Getty Images/Joe Raedle)

(Getty Images/Joe Raedle)

“Primero, quiero recalcar que para el 31 de enero el gobernador decidirá si renovará la Ley de Moratoria localmente promulgada. Si lo hace, los datos públicamente disponibles de la junta de control fiscal sugieren que probablemente no habrá un déficit de efectivo inminente”, explicó una fuente del Congreso estadounidense con vínculos con el Partido Demócrata que prefirió permanecer en el anonimato.

Los datos disponibles en el sitio web de la junta presentan un escenario nefasto si no se hace nada. Los pagos que deben hacerse en febrero podrían llegar a $1,900 millones. Sin embargo, cuando la junta extienda la suspensión de demandas, o “stay” en inglés, bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) por 75 días y Rosselló extiende la Ley de Moratoria por 60 días, Puerto Rico evitará la crisis de efectivo en febrero, de acuerdo con fuentes de este medio.

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Según un informe de Conway MacKenzie Inc., la posición de efectivo esperada al vencimiento del período actual de moratoria a finales de enero es de $104 millones, que no es suficiente para cubrir el servicio de la deuda requerido de $1,300 millones y para proporcionarle servicios esenciales a la población de Puerto Rico.

Luego de la carta enviada por Elías Sánchez, que es miembro no votante en la junta y que representa al gobernador, el ente federal indicó ayer que estaría inclinado a favorecer una prórroga tanto para la entrega del plan fiscal -para el 28 de febrero- como para extender la fecha de vencimiento del “stay” por 75 días hasta el 1 de mayo de 2017. Esto estaría sujeto a que La Fortaleza acceda a implementar una serie de recortes mayores en las operaciones del gobierno.

Las extensiones podrían darle tiempo a Rosselló para negociar con los acreedores y buscar vehículos de financiamiento a corto plazo con el Tesoro de los Estados Unidos bajo el presidente electo Donald Trump.

El asunto de los ingresos de la Ley 154

La Fortaleza ha trabajado rápidamente en su búsqueda de financiamiento a corto plazo por parte del Tesoro estadounidense. Uno de estos mecanismos podría ser un préstamo respaldado por los ingresos de la Ley 154, que actualmente llegan a $2,000 millones anuales. La Ley 154 es el impuesto sobre el consumo del 4% que paga una docena de empresas multinacionales, por el cual pueden solicitarle un crédito al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre la propuesta, Rosselló le dijo recientemente a Caribbean Business que no ha discutido un mecanismo específico con el Tesoro. “Discutí la posibilidad de que intervengan en nombre de Puerto Rico para crear un mecanismo como el que ustedes propusieron”, dijo.

Según fuentes y funcionarios del gobierno, el Tesoro ha estado promoviendo durante mucho tiempo que el gobierno de Puerto Rico transfiera el impuesto sobre el consumo de la Ley 154 a una regla modificada de fuente de ingresos, algo que allegaría menos dinero a las arcas del ELA y podría hacer que algunas compañías cierren operaciones.

Por otro lado, fuentes del Tesoro dijeron que no ha habido discusiones sobre ningún rescate federal.

“Aunque el Tesoro ha informado ampliamente al equipo del gobernador Rosselló, no ha habido discusiones sobre el financiamiento a corto plazo o cualquier otra forma de ayuda financiera federal directa para Puerto Rico. Como ha dicho consistentemente la administración, no habrá rescate para Puerto Rico”, dijo un portavoz del Tesoro estadounidense que optó por permanecer en el anonimato.

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“Promesa le proporcionó a Puerto Rico las herramientas necesarias para enfrentar su crisis financiera. En consulta con la junta, el Estado Libre Asociado debe aprovechar plenamente las autoridades conferidas por un Congreso bipartidista”, añadió.

La iniciativa para obtener financiamiento ahora se enfoca en hacer avances con los funcionarios entrantes bajo la administración de Trump. Dos fuentes –una dentro del Partido Republicano y otra en Wall Street— reiteraron que se llevó a cabo una reunión entre Rosselló y el presidente electo en Nueva York la semana pasada, a pesar de que Rosselló negó haber conocido al propio Trump. Ambas fuentes expresaron tener “100% de confianza en que la reunión se efectuó”, así como que estaban seguros de que Rosselló tenía que mantener la reunión en secreto.

 

— El periodista Luis J. Valentín contribuyó en este reportaje.

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