7 de Julio de 2022

Elías Sánchez asegura que el gobierno irá del impago al cumplimiento

Por el 25 de Enero de 2017

El representante del gobierno ante la junta de control fiscal, Elías Sánchez, indicó hoy que la recién presentada Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico cambiará la política pública de “impago total” en una de “cumplimiento”.

Sin embargo, concedió que la nueva ley sí establecería una moratoria, aunque esta estaría en vigor “mientras dure [el stay] de Promesa”. De levantarse el “stay”, o la suspensión contra demandas, se pondría fin a la moratoria establecida a nivel local, explicó Sánchez.

En cuanto a las órdenes ejecutivas firmadas por el exgobernador Alejandro García Padilla y que retienen una serie de ingresos previamente destinados al servicio de deuda, el funcionario indicó que, debido a consideraciones legales, estas permanecerán vigentes hasta tanto se evalúen individualmente. (Suministrada)

En cuanto a las órdenes ejecutivas firmadas por el exgobernador Alejandro García Padilla y que retienen una serie de ingresos previamente destinados al servicio de deuda, el funcionario indicó que, debido a consideraciones legales, estas permanecerán vigentes hasta tanto se evalúen individualmente. (Suministrada)

Por otro lado, el funcionario aseguró que no se contempla en estos momentos “trastocar ningún sistema jurídico existente”, en referencia a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Sánchez sostuvo que la medida radicada hoy en la Legislatura fijará una “nueva política pública” que garantice servicios esenciales, mientras que el resto de los recursos disponibles -incluyendo los ahorros que se logren en el gasto gubernamental- “irá destinado a cumplir con sus obligaciones como deudor”, a manera de abono.

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En cuanto a las órdenes ejecutivas firmadas por el exgobernador Alejandro García Padilla y que retienen una serie de ingresos previamente destinados al servicio de deuda, el funcionario indicó que, debido a consideraciones legales, estas permanecerán vigentes hasta tanto se evalúen individualmente.

“Se evaluará cada una de ellas para ver cómo pueden atemperarse a la nueva política pública del gobierno. Ese lenguaje [en la medida presentada] existe para no tener una situación con consecuencias jurídicas dado a que el Estado lleva arrastrando impagos”, sostuvo Sánchez a preguntas de Caribbean Business, añadiendo que habrá que terminar el plan de liquidez a corto plazo antes de tomar acción sobre este tema.

Este documento -el cual trabajan los asesores de la pasada administración, Conway MacKenzie– será presentado a la junta durante la reunión del sábado. De igual forma, toda decisión a estos efectos deberá estar enmarcada bajo el plan fiscal que finalmente se presente, documento que es “base y fundamento de todo”, según Sánchez.

“Debido a los impagos que se llevan arrastrando y que serían líquidos y exigibles ahora a fin de mes, sobrepasaría los $1,300 millones que el gobierno no tiene cómo pagarlos. El gobierno tendría que cerrar ahora en febrero”, sostuvo al explicar las razones por las cuales se presenta la medida.

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No obstante, Sánchez enfatizó el objetivo principal de negociar y lograr acuerdos fuera de los tribunales, lo que dependerá de la disposición a negociar que tengan los distintos grupos de acreedores.

Segregando fondos

Según la medida, el gobierno comenzaría a identificar dineros que serían destinados a cumplir con sus obligaciones de deuda, pero solo después que se aseguren los recursos que se necesitan para la prestación de servicios esenciales.

Aunque la ley menciona específicamente la alternativa de crear un “lockbox”, o cuenta segregada, para depositar en ella fondos para estos servicios, Sánchez explicó que la legislación también facultaría al gobernador para crear otra cuenta segregada en la cual podrán depositarse fondos para cumplir con los acreedores.

El funcionario detalló que los dineros que se depositen en esta cuenta servirían para abonar lo que se adeuda producto de los distintos impagos, así como cualquier obligación futura que pueda surgir una vez se logre algún acuerdo de reestructuración.

A preguntas sobre si cuentan con algún estimado de los fondos que pudieran identificarse para esto, Sánchez indicó que se trabaja en eso y que apenas se han dado los primeros pasos en esta dirección.

A definir servicios esenciales

El representante ante la junta advirtió que no será fácil definir los servicios esenciales del gobierno, ya que los renglones de seguridad, salud y bienestar pueden abarcar servicios que no son esenciales.

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Sánchez adelantó que, junto a la junta, comenzará un ejercicio en el cual se analizarán los servicios brindados por las agencias gubernamentales con miras a identificar qué representa ser esencial.

“Inicialmente se van a coger las agencias más grandes del gobierno, o casi el 85% del gasto, para hacer un ejercicio de identificar todas las funciones y ver qué se puede catalogar como esencial e inherente para que esa agencia pueda brindar ese servicio y que no lo es”, sostuvo el funcionario.

“Todo lo que no sea esencial -lo cual es parte de lo que hacemos continuamente en la elaboración del plan fiscal- será dirigido al servicio de deuda”, sentenció Sánchez.

Poderes adicionales asegurarían cumplimiento

Dentro de los poderes adicionales que otorgaría al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Sánchez explicó que son herramientas para asegurar que se cumpla con las distintas órdenes ejecutivas, el plan fiscal y las directrices que pueda emitir la junta.

El funcionario añadió que actualmente no existen sistemas tecnológicos o de control que permitan lograr este objetivo.

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En cuanto a los fondos especiales que se pretenden allegar al Fondo General  -o el 35% de los ingresos del gobierno- Sánchez indicó que solo se busca dar más visibilidad y control de estos al Departamento de Hacienda. De igual forma, descartó que esta u otra disposición de la nueva ley vaya dirigida hacia los fondos que ingresan a Cofina.

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