16 de Diciembre de 2019

Elías Sánchez niega negociación con la junta sobre recorte en la jornada

Por el 1 de Septiembre de 2017

“No existe ningún documento en el que yo haya acordado incluir esta medida innecesaria que ahora la junta quiere imponer. Exhorto al presidente de la junta a que, si existe un documento en el que yo acepto la inclusión de la reducción de la jornada laboral, lo haga público”, agregó Sánchez. (Efrén Rodríguez/CB)

El exrepresentante del Gobierno ante la junta de control fiscal Elías Sánchez negó hoy haber presentado la alternativa de reducir la jornada laboral a los empleados públicos par evitar cesantías o despidos.

Asimismo, Sánchez desmintió la existencia de un documento en donde haya firmado la posible implementación del recorte en la jornada. Si existiera, exigió que se haga público.

De esta forma, se unió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en sus declaraciones de que no fue el Gobierno el que presentó dicha medida en el plan fiscal certificado, aunque el presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, alegue lo contrario.

“Durante las pasadas horas, el presidente de la junta de supervisión fiscal ha alegado que hubo un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para incluir la reducción de la jornada laboral en el plan fiscal.Como ha indicado el gobernador, en ningún momento hubo un acuerdo conmigo a esos efectos”, expresó Sánchez por escrito en declaraciones difundidas por la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza.

Según el exrepresentante del Gobierno en la junta, que también fue director de campaña de Rosselló Nevares en las pasadas elecciones, “no existe ningún documento” en el que se exprese algún acuerdo para reducir la jornada.

Junta fiscal negoció con Gobierno cesantías por reducción de jornada

“No existe ningún documento en el que yo haya acordado incluir esta medida innecesaria que ahora la junta quiere imponer. Exhorto al presidente de la junta a que, si existe un documento en el que yo acepto la inclusión de la reducción de la jornada laboral, lo haga público”, agregó.

El primer mandatario indicó ayer que su administración no negoció incluir la reducción de jornada en el plan fiscal y alegó que la medida se recomendó de manera “unilateral” por parte de la junta.

Además, dejó entrever que pudo haber ocurrido una “conversación con terceros” a esos efectos, pero insistió que no son estos quienes tienen la potestad de negociar a nombre del Gobierno.

“Esto es bien sencillo. La negociación de Gobierno con la junta de supervisión fiscal se tenía que hacer con los principales, entiéndase el gobernador de Puerto Rico, en aquel caso el representante de la junta, Elías Sánchez, y Gerardo Portela que es el director de Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal]. No hubo ningún acuerdo”, declaró el mandatario.

Sin embargo, el presidente de la junta, que estuvo ayer en un tour mediático, sostuvo que el organismo creado por Promesa “negoció” con el Gobierno incluir la medida, la cual consideran parte “mandatoria” del plan fiscal. Por esto, demandaron el Gobierno en el tribunal federal para que se haga valer el recorte en la jornada y una reducción de 10% en las pensiones públicas.

“Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado”, dijo Carrión en una entrevista radial (NotiUno).

En otra entrevista (WKAQ 580), manifestó que fue Carrión o un ayudante suyo quien presentó la propuesta de reducir la jornada, a cambio de los despidos. Sin embargo, dijo no recordar exactamente quién fue.

Rosselló: “No hubo ningún acuerdo” sobre reducir la jornada laboral

El asunto se encuentra actualmente ante la jueza Judith Dein, a quien se le refirió el recurso legal presentado por la junta en el tribunal federal.

Aunque han insistido en que no implementarán la medida —que debía comenzar en septiembre hasta junio de 2018 o hasta llegar a $218 millones en ahorros—, el Gobierno aún no ha respondido el recurso legal.

La medida afectaría a casi 130,000 empleados públicos de la rama ejecutiva y corporaciones públicas, excepto a los policías.

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