29 de Mayo de 2020

Empleados truenan contra recomendación de privatizar la CFSE

Por el 23 de Diciembre de 2016

Los dos gremios que agrupan a los empleados gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), tronaron contra la recomendación esbozada esta semana por la junta de control fiscal que indica que es imperativo privatizar los bienes del Estado Libre Asociado (ELA) para lograr monetizarlos.

(Suministrada)

José Ortiz Torres, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE, aseguró que la recomendación no tiene lógica al ser esta uno de los activos más sólidos del gobierno. (Suministrada)

Para José Ortiz Torres, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la CFSE, la privatización recomendada por el organismo congresional únicamente responde a intereses de negocios, toda vez que los miembros de la junta han estado vinculados al mundo de las finanzas.

Ortiz Torres argumentó que la crisis que atraviesa Puerto Rico responde precisamente a la asesoría de estos entes financieros a diferentes áreas del gobierno, como lo es el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“No estamos sorprendidos de que estos hombres de negocios pretendan privatizar el Fondo, pero no por falta de solvencia o porque sea una carga a la crisis fiscal, sino meramente para entregarles a sus pares un negocio lucrativo de más de $600 millones al año, con una cartera de inversión de más de $1,000 millones y una reserva de $800 millones, más los activos que tiene”, sostuvo el también licenciado.

El portavoz de la AEG aseguró que la privatización de la corporación pública no se justifica en una crisis fiscal ya que la CFSE no depende de asignaciones federales. Por el contrario, esta ha abonado a la operación del gobierno con aproximadamente $1,000 millones en los últimos 10 años a través de diferentes asignaciones no destinadas a asuntos del seguro obrero, sino a municipios y al gobierno central, entre estos, mejoras a infraestructura, bonos navideños, salarios de empleados municipales y remodelaciones en el Centro Médico, por mencionar solo algunas.

“Este es un activo que a la fecha de hoy y dentro de esta crisis se mantiene solvente con más de $50 millones, pero que se le ha asignado una responsabilidad mediante legislación –que de paso, es una irresponsabilidad de la Legislatura- para que sigan desembolsando dinero al Fondo de Reserva y a la Cartera de Inversiones. Han convertido a la CFSE en el banco del gobierno. De hecho, el BGF colocó bonos en el mercado de valores utilizando de colateral las cuentas del Fondo”, denunció.

Según indicó Ortiz Torres, la CFSE perdió con el BGF más de $12 millones de su fondo de catástrofe y hasta el momento tampoco han recibido pago alguno de los $335 millones que utilizaron para mantener al gobierno operando en los últimos meses. Según el portavoz, a pesar de esta utilización indiscriminada de la liquidez de la CFSE, el organismo continúa sosteniendo un superávit en esta.

Por su parte, presidente de la Federación de Empleados Gerenciales (FEG) de la CFSE, Juan Osorio, concurrió en que la privatización de la corporación pública no resolverá la crisis de efectivo en el gobierno. Al contrario, el portavoz laboral aseguró que privatizar a la CFSE sería una estocada mortal a un mecanismo de estabilidad social en Puerto Rico.

“El gobierno tiene una crisis fiscal que con la venta de la CFSE, que es un activo, no lo va a resolver. Ni siquiera va a poder cuadrar el déficit de este año. Además, hay que ver a la CFSE como un mecanismo de estabilidad social porque le permite a una clase trabajadora desprotegida tener un seguro obrero que los proteja”, dijo Osorio.

Osorio aseguró que la propuesta colisiona con los esfuerzos locales para promover un desarrollo económico en la isla.

“El Fondo es un mecanismo de desarrollo económico porque le permite a pequeños patronos, que son casi el 87% de los patronos en Puerto Rico, tener acceso a un seguro obrero a un costo razonable que, de otra forma, no podrían tener acceso porque bajo un modelo de privatización. Para la empresa privada el pequeño comerciante no es su meta, sino las grandes empresas que pueden pagar millones en primas. Esto tiene dos lados, porque un patrono pequeño que sea demandado por un empleado por $30 o $40,000 por daños y prejuicios, lo lleva a la quiebra”, indicó.

Según el portavoz de la FEG, la misiva de la JCF dirigida tanto al saliente gobernador, Alejandro García Padilla, como al entrante, Ricardo Rosselló Nevares, es como una lista de deseos (Wish List) del organismo, mas no contiene un plan concreto y bien desarrollado.

No es un plan integrado de recomendaciones porque cuando uno hace un plan con recomendaciones pensadas, tú tienes que ver que no choquen las ideas, entonces no puedes decir que vas a promover el desarrollo económico quitándole, digamos, la Ley 80. ¿En qué promueve el desarrollo económico que un empleado llegue a su trabajo y el patrono le diga que no lo quiere ver más y que se vaya y no le das una mesada ni nada? ¿En qué manera promueve el desarrollo económico que tu elimines el Fondo, entonces a los pequeños patronos les suben sus gastos operacionales porque entonces van a tener que pagar una prima más cara?”, cuestionó el líder gremial.

Osorio también sostuvo categóricamente que la CFSE fue saqueada por la pasada legislatura, quienes lograron utilizar cerca de mil millones de dólares de sus arcas. No obstante, argumentó que aún así, la operación de la CFSE es “salvable” y “viable”.

Según el documento enviado por la junta el pasado martes, 20 de diciembre, con la privatización de la CFSE, Puerto Rico podría costear iniciativas a corto plazo y potencialmente lograr ofrecer un mejor servicio a un costo más bajo. Además, la misiva señala que es imperativo revisar la Ley 80, o Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, y sus beneficios.

Sin embargo, la carta admite que según estipula la ley federal Promesa, aunque el gobierno debe ser reducido, los servicios esenciales deben quedar intactos para el pueblo de Puerto Rico.

Ambos portavoces concurrieron en que la función de la CFSE debe ser catalogado como un servicio esencial.

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