Empleados y médicos de la CFSE impugnan en el tribunal plan certificado de la junta fiscal

Por Eva Lloréns Vélez el 26 de Julio de 2018

La Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y el Sindicato de Médicos impugnaron en el Tribunal Federal la constitucionalidad del nuevo plan fiscal certificado por la junta de control fiscal el 29 de junio para que declaren que no pueda utilizarse como base para un plan de ajuste de la deuda.

De acuerdo con la demanda presentada el miércoles, las violaciones incluyen: falta de identificación de gastos para servicios públicos esenciales, según lo requerido por Promesa; violación de la Cláusula de Contratos de la Constitución de los EE.UU.; y violación del derecho a la negociación colectiva establecido por la Constitución de Puerto Rico.

La demanda se presentó contra el gobierno de Puerto Rico, la junta de control fiscal, el Fondo del Seguro del Estado y su administrador, Jesús Rodríguez Rosa.

El Fondo del Seguro del Estado es el proveedor exclusivo de cobertura de seguro por accidentes de trabajo, muertes y enfermedades que sufren los trabajadores en Puerto Rico mientras están en el trabajo. El gobierno está intentando privatizar sus servicios a pesar de que es autosuficiente y no depende de las asignaciones del gobierno.

Sin embargo, la demanda dice que el estado aprobó una serie de leyes que han perjudicado la estabilidad económica del Fondo del Seguro del Estado. “Por ejemplo, los montos transferidos a otras instrumentalidades gubernamentales fueron de $107,903,822, durante el año fiscal 2014, y $106,755,532, durante el año fiscal 2015, lo que llevó al Fondo del Seguro del Estado a un déficit al final de los respectivos ejercicios y lo obligó a financiar esta deficiencia con el rendimiento de su cartera de inversión y con los retiros de capital de sus fondos de reserva”, dice la demanda.

Los demandantes argumentan que el Fondo del Seguro del Estado brinda un servicio esencial. Aunque la entidad y los empleados desempeñan un papel vital en las operaciones del Fondo del Seguro del Estado, el gobierno promulgó leyes que obstaculizan los convenios colectivos limitando la cantidad de días de vacaciones y enfermedades que un miembro podría acumular y recibir una compensación monetaria y eliminar numerosos e importantes problemas económicos y no económicos sobre las disposiciones del acuerdo.

La Ley 3 de 2017 suspendió todas las disposiciones del convenio colectivo que eran contrarias a sus cláusulas, suspendió todas las cláusulas no económicas que tuvieron algún impacto económico, ya sea directa o indirecta, sobre el presupuesto de la corporación, eliminó las compensaciones monetarias e impuso a las corporaciones públicas la creación de un plan para que los empleados agotaran todo el exceso de vacaciones y licencia por enfermedad.

Por otro lado, la “Ley de cumplimiento del plan fiscal” de 2017 tuvo un impacto en los beneficios complementarios de los empleados.

Por ejemplo, elimina la compensación monetaria por exceso de vacaciones y días de enfermedad; reduce la cantidad de días que un empleado puede acumular de vacaciones o enfermedad; elimina cualquier y todas las compensaciones monetarias; establece un límite de tiempo para el uso de exceso de vacaciones o días de enfermedad. Si este exceso de saldo no se utiliza antes de la fecha establecida, se perderán. Las leyes fueron incorporadas en los planes fiscales.

Las medidas de eficiencia de la agencia incluidas en el nuevo plan fiscal del 29 de junio requieren que el Fondo del Seguro del Estado haga $315.7 millones en reducciones de costos durante los cinco años del nuevo plan fiscal certificado, perjudicando los beneficios laborales y perjudicando el acuerdo de negociación colectiva en violación de la Cláusula Contractual que prohíbe a un Estado aprobar leyes que perjudiquen las obligaciones contractuales. El impacto de las leyes ha perjudicado los beneficios económicos de los demandantes, dice la demanda.

“Entre los años fiscales 2014-2015 a 2011-2023, los beneficios económicos cuantificables perdidos por los miembros de los Demandantes son: $139 millones, para el Sindicato de Empleados, y $12.7 millones para el Sindicato de Médicos”, dice la demanda.

Aunque los demandantes aceptan que existe una crisis fiscal, las deficiencias provocadas por estas leyes deben examinarse con cautela, argumentando que la verdadera razón detrás de las leyes era permitir que el gobierno incumpliera sus deudas.