7 de Octubre de 2022

En debate jurisdicción de Ley Anti-Discrimen Comercial

Por el 27 de Febrero de 2018

Durante la celebración de la segunda vista pública sobre el proyecto que busca crear la Ley Anti-Discrimen Comercial, diversas agencias cuestionaron la jurisdicción que tendría la medida sobre empresas en Estados Unidos además de explicar que la diferencia en los precios podría deberse a motivos de negocios, en lugar de discrimen.

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) destacó que hacer negocios en la isla es más oneroso para empresas extranjeras –incluyendo las que se encuentran en suelo estadounidense– por costos de importación, la posición geográfica del país y la Ley de Cabotaje.

El secretario del DACO, Michael Pierluisi. (Jaime Rivera/CB)

“Es por estas razones que el precio que una empresa ofrece en EE.UU. no podría ofrecerlo en Puerto Rico, aunque seamos ciudadanos americanos, porque el precio no está relacionado con la ciudadanía, ni surge de una razón discriminatoria, sino por un motivo de negocios”, establece la ponencia.

El presidente de Asore, José Salvatella, agregó que su agrupación se opone a la Oficina Anti-Discrimen Comercial adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) desde el 2011, debido a que considera que la agencia no tiene jurisdicción para exigir a empresas domésticas y multinacionales el mismo trato que reciben consumidores en los estados continentales.

“A nuestro juicio, estos proyectos [P. de la C. 1186 y P. de la C. 1217] interfieren con la Cláusula de Comercio interestatal de la Constitución de EE.UU. y, por lo tanto, podrían violar la misma”, continuó Salvatella.

En esa línea, el Departamento de Justicia presentó un análisis en el que también señaló que la pieza legislativa del representante José Aponte Hernández podría infringir “de alguna manera” la Cláusula de Comercio de la Constitución federal, en concreto el aspecto “durmiente”.

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El licenciado Juan Carlos Ramírez, en representación de la agencia, dijo además que el lenguaje de la medida adolece de vaguedad, en específico en las prácticas consideradas como “acciones discriminatorias”. Ya que la propuesta permitiría al DACO imponer multas de $10,000 por infracción, Justicia planteó que las tres definiciones de discrimen incluidas en la pieza no son suficientes.

Las prácticas discriminatorias en la pieza incluyen diferencias en “acceso, venta, productos, bienes, servicios, garantías y entrega”; vender productos más caros en Puerto Rico y no ofrecer a los ciudadanos locales beneficios como tarjetas de regalo.

“La determinación, sobre si el P. de la C. 1217 infringe la Cláusula de Comercio en su estado durmiente, la tendría que realizar un tribunal estatal o federal a base de su interpretación sobre el estatuto y sus efectos en el comercio interestatal”, indicó Ramírez. 

Ante la oposición de Justicia, Aponte Hernández resaltó que ya el DACO tiene la facultad de imponer multas y señaló que “tenemos que darle garras [al DACO] para defender al consumidor puertorriqueño”.

Tenemos que hacer cumplir [en Puerto Rico] lo que se da en cualquiera de los 50 estados. […] Tenemos que acabar de romper eso, no es política, son derechos civiles, es igualdad del ciudadano americano, independientemente de que viva en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Hawái o Alaska, donde sea”, dijo el representante novoprogresista.

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La Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico también se expresó en oposición a la medida por entender que no beneficiaría al consumidor, sino que podría “servir de disuasivo para que empresas ofrezcan sus bienes o servicios en Puerto Rico”.

DACO no recibe querellas formales

Entretanto, el secretario del DACO, Michael Pierluisi, explicó en la vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara, que su agencia no ha recibido “querellas formales” contra empresas que ejerzan discrimen comercial, sino “más bien unas quejas informales que el Departamento estaba recibiendo”.

Pierluisi se mostró a favor de la propuesta para crear la Ley Anti-Discrimen Comercial, así como el P. de la C. 1186, que propone básicamente elevar a rango de ley la Oficina Anti-Discrimen Comercial creada por el pasado titular del DACO y actual secretario de Estado, Luis Rivera Marín.

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