7 de Abril de 2020

En el limbo programa que atendería las viviendas afectadas por el huracán María en Puerto Rico

Por el 24 de Febrero de 2020

La comunidad Las Mareas en Salinas. (Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo)
La comunidad Las Mareas en Salinas. (Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

La Gobernadora asegura que la prioridad del programa R3 es la reconstrucción y la reparación de viviendas, pero este representa una amenaza de desplazamientos al impedir la construcción en zonas inundables y no ofrecer como opción reducir los riesgos en las comunidades, porque los fondos federales para ello no han llegado. Dos años y medio después del desastre, el principal programa de recuperación de viviendas no ha reubicado a nadie.

María Pérez Ramos jamás pensó que el terreno que le cedió el exalcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, en la comunidad San Isidro hace 19 años era inundable. De haberlo sabido, no lo hubiera aceptado, dice. Ahora lo único que desea es mudarse a un lugar seguro donde no tenga que sentir temor cada vez que llega la temporada de huracanes.

“Esto no es vida”, aseguró Pérez Ramos, quien solicitó ayuda del Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda (DV) con la esperanza de ser reubicada. A cuatro meses de haber hecho la solicitud, aún no sabe cuál de los tres tipos de ayuda le brindará el programa que cerró su proceso de solicitudes en diciembre. Nadie la ha llamado.

El programa aún no ha reubicado a nadie, reconoció el Departamento de la Vivienda. Todavía están evaluando los casos.

La mujer contó que desde que se mudó en 2001 del residencial donde vivía en Carolina a la calle Glorimar Sánchez en el sector Valle Hill del barrio San Isidro, no han podido conectarse legalmente al servicio de electricidad y agua potable porque el Gobierno no les otorga los permisos por estar en zona inundable. El servicio que tienen lo conectan de los vecinos de otra calle, los que, según dijo, están molestos porque ellos sí pagan. Cuando se quedan sin la electricidad, tampoco pueden reclamar.

Miguel Vázquez, esposo de Pérez Ramos, aseguró que ellos pagarían por los servicios si les dieran los permisos para conectarse legalmente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Constantemente se le dañan los enseres eléctricos de la casa, los que han tenido que comprar varias veces con el dinero que recibieron de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el huracán María, sostuvo Pérez Ramos.

La hermana de Miguel, Ana Rosa Vázquez, quien lleva 15 años viviendo en el mismo barrio, también desea mudarse a otro lugar.

“Yo me iría, porque mira esto, esto no es vida”, manifestó mientras señaló el camino lleno de agua maloliente producto de la lluvia y de las aguas usadas que discurren desde las casas que no tienen pozo séptico.

Un deseo similar tiene Luis García, un policía retirado que lleva 27 años en Valle Hill luego de que “Chemo” Soto le diera a escoger el terreno. Aseguró que la mayoría de las casas de la calle donde vive lo que tienen por pozo son drones enterrados debajo de las casas. Esto provoca que cada vez que llueve, las aguas usadas corran por toda la calle.

García fue enfático al asegurar que ellos no rescataron los terrenos, sino que fue Soto quien se los proveyó. La actual alcaldesa, Lorna Soto, hija de Chemo Soto, no respondió múltiples peticiones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para conocer del origen de los terrenos.

La casa de García queda justo al lado de un caño donde se pasean los caimanes, según contaron él y varios vecinos entrevistados.

El panorama para estos residentes también incluye lidiar con el sonido de los tiros y los robos, lo que comparan con “el viejo oeste”. En Navidad, según García, tienen que mover las camas lejos de las ventanas por temor a ser alcanzados por las balas.

Ellos quieren irse ya. No ven como una opción la reconstrucción de sus casas ni visualizan que la inundabilidad se resuelva con la construcción de un dique en la zona, un proyecto del que han escuchado por años, pero del que desconocen su futuro. 

La comunidad San Isidro está ubicada en la llanura de inundación del Río Grande de Loíza, el río más caudaloso de Puerto Rico. Los residentes del sector Valle Hill han construido sus viviendas sobre dos humedales que conectan al río, el Caño Norberto y el Caño San Isidro, indica un informe de la Clínica Legal Psicológica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, que da servicios allí. 

Tiene tres mil viviendas, de las cuales unas 900 quedaron destruidas luego de María, menciona el informe.

La licenciada Belinés Ramos, quien es parte de la Clínica, aseguró que la mayoría de los residentes que tuvieron problemas para recibir asistencia de fondos federales inmediatamente después del desastre también desean ser reubicados. 

Por su parte, la licenciada María Elena Ortiz, quien trabaja con el Fondo de Acceso a la Justicia dando servicio a las comunidades desventajas, aseguró que muchas de las personas con las que ha hablado y que vivieron inundaciones graves están deseosas de que les “den un vale para mudarse, porque han quedado bien impactados por la experiencia”. 

No obstante, dijo que existe “un misterio” en términos de a dónde tendrá que mudarse la gente. “El programa [R3] no ha sido claro en definir esa alternativa [de la reubicación]”.

Los que se quieren quedar

A su vez, Ramos dijo que hay otras personas que por el tiempo que llevan residiendo en San Isidro, no quisieran mudarse, como es el caso de una de las líderes comunitarias. 

Jannette Lozada Sabastro lleva 21 años en Valle Hill. La mujer de 55 años aseguró que prefiere quedarse porque no quiere pasar por la incertidumbre de no saber a dónde se tendría que mudar y comenzar con un proceso que podría tardar mucho tiempo. 

“No me voy a ir para donde ellos digan”, sostuvo en referencia al Gobierno.

Lozada Sabastro no solicitó la ayuda del programa R3 porque entiende que no cualificaría para la alternativa de reconstrucción por vivir en una zona inundable. Ella planifica comenzar la reconstrucción de su hogar por cuenta propia, con los $33,000 que recibió de FEMA luego de María. Ahora mismo vive en una pequeña estructura en su patio, “un ranchito”, que le fabricó la organización TECHO.

Daisy Dolores Morell también quisiera quedarse en San Isidro, donde ha vivido durante 30 años. Añora volver a su casa en el sector Villa Hugo II, pero la misma quedó inhabitable después de María. Actualmente vive en otra casa en San Isidro bajo el programa Sección 8 del Departamento de la Vivienda, mientras espera por la respuesta de la agencia luego de solicitar al programa R3 con la esperanza de recibir la ayuda para regresar a su hogar.

Morell vivió nueve meses en un refugio tras el huracán, y a más de dos años de esa experiencia, su voz se torna llorosa al hablar del tema.

La incertidumbre sobre la permanencia entre los residentes de San Isidro es evidente, según la licenciada Ramos. Viven en una zona inundable, un humedal, y además, hay planes de construir un dique en el área donde ahora vive gente. Las personas que viven cerca de la zona donde se propone el dique, están en riesgo de desplazamiento, por lo que algunos tienen dudas entre si usar o no el dinero federal que ya han recibido para hacer mejoras a sus viviendas, indicó.

Los residentes que quieren permanecer en sus hogares enfrentan el riesgo de desplazamiento si optaron por el programa R3. Y es que esta alternativa no permite la reconstrucción de viviendas que sufrieron daños mayores al 51 por ciento de su valor y que ubiquen en zonas inundables. Además, la política impuesta por el exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, prioriza la reubicación sobre la mitigación, que permitiría que las comunidades sean seguras ante posibles inundaciones.

El CPI intentó durante un mes conseguir una reacción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en torno a cuál será la política pública del Gobierno en relación al tema de los desplazamientos luego de la salida de Gil Enseñat de Vivienda. Alrededor de siete mensajes de correo electrónico y seis mensajes de texto fueron enviados y recibidos en La Fortaleza, según confirmaron las encargadas de prensa. También, el CPI hizo gestiones a través del secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, a quien se llamó en varias ocasiones sin que proveyera una respuesta. 

La pregunta que se le hizo a ambos fue directa: ¿Cuál es la política pública que establecerá su administración para manejar los desplazamientos de las comunidades? ¿Se mantendrá la preferencia de Gil Enseñat en cuanto a priorizar la reubicación?

Finalmente, la Gobernadora envió unas declaraciones escritas que no respondieron la pregunta. Se limitó a citar el Plan de Acción del Departamento de la Vivienda.

“El Plan de Acción que fue aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) y que contiene el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), establece que la prioridad del programa es la reparación o reconstrucción de las viviendas en el lugar donde se encuentran”, expresó.

Daños adicionales por terremotos

Las personas que tuvieron daños por el terremoto de 6.4 que sacudió a Puerto Rico el 7 de enero podrían recibir la ayuda del programa R3 “si las necesidades previas del solicitante no se habían cubierto en el momento del terremoto, y éste exacerbó el daño o la pérdida causada por los huracanes Irma y María”, indicó Dennis González, quien fungió como secretario interino tras el despido de Gil Enseñat y quien es subsecretario del Programa CDBG-DR.

Sin embargo, la agencia tendrá que esperar por Vivienda federal (HUD en inglés) para saber hasta dónde se le permitirá a Puerto Rico cubrir los daños por el terremoto, ya que los fondos del programa R3 provienen de la subvención CDBG-DR por los huracanes Irma y María.

Comunidades ante la incertidumbre

En Las Mareas de Salinas, que es inundable en casi su totalidad según los nuevos mapas de FEMA, el liderato de la comunidad teme que su gente no reciba los fondos del programa R3 para sus viviendas.

La situación se podría extender por toda la isla, puesto que los nuevos mapas de FEMA catalogan a casi todo Puerto Rico como zona inundable. De acuerdo a la Junta de Planificación, en Puerto Rico hay 252,813 estructuras ubicadas en zonas inundables. Sin embargo, la JP desconoce cuántas de estas estructuras son viviendas.

El Departamento de la Vivienda estableció en su Plan de Acción para el uso de los fondos CDBG-DR que no se permitirá construir en zonas inundables. No obstante, Puerto Rico cuenta con reglamentación que sí permite que se construya en zonas inundables, atendiendo parámetros para que la construcción incluya los elementos que reduzcan la pérdida de vida y propiedad. Se trata del Reglamento Sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación de la Junta de Planificación (JP) que permite la construcción con ciertas salvaguardas.

Un informe emitido en agosto de 2019 por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes ordena a la JP actualizar este reglamento para hacerlo cónsono con las realidades luego de los huracanes. La JP dijo que trabaja en las enmiendas al reglamento en coordinación con FEMA.

Las comunidades aledañas al Caño Martín Peña también podrían verse afectadas con las restricciones de Vivienda que no permiten la construcción en zonas inundables. Sin embargo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó en noviembre una resolución del senador por San Juan, Miguel Romero, para que estas comunidades pueden recibir fondos CDBG-DR. La medida le pedía al Departamento de la Vivienda que enmendara el Plan de Acción para que se permita construir, rehabilitar o reparar las viviendas aledañas al Caño. Esto no ha ocurrido.

Mario Núñez, director ejecutivo de la Corporación del Proyecto Enlace que trabaja con las comunidades del Caño, aseguró que la restricción de no permitir el desarrollo en zonas inundables es una del Gobierno local. Aseguró que estados y territorios como Texas, Florida y las Islas Vírgenes no adoptaron la misma restricción en sus planes de acción tras los huracanes. 

“El Plan de Acción es un mecanismo de desplazamiento de comunidades, incluyendo el programa R3, que no le da opciones, en el caso de las comunidades del Caño Martín Peña, porque conforme a los nuevos mapas, pues se extendieron y casi todo el distrito dentro de esos mapas lo establece como zona inundable”, aseguró Núñez.

Ayuda individual versus comunitaria

Verónica González, abogada de la organización Ayuda Legal, destacó que el programa R3 ofrece ayuda individual y no comunitaria, cuando a su entender es muy poco probable que sea una sola casa en una comunidad la que está en una zona inundable. En esa misma línea, coincidió en que las comunidades deberían formar parte del proceso como grupo, porque son ellas las que saben cuándo están en peligro y qué es lo que les conviene.

“Si no escuchamos las necesidades y los deseos de las personas, la recuperación lo que va a hacer es reproducir las mismas inequidades y las mismas ineficiencias que teníamos antes del huracán”, manifestó.

La presidenta de la organización Habitat International Coalition, Lorena Zárate, subrayó la importancia de la participación ciudadana en el proceso de reubicaciones porque el asunto va más allá de una vivienda, e implica el acceso a la educación, el empleo y servicios de salud para la comunidad.

“Tenemos que ver todo en el territorio integrado, las comunidades saben hacer eso. Eso es un conocimiento que no está ni en la academia ni en los funcionarios públicos ni el sector privado. Ese conocimiento más integral de cómo hacer todo eso al mismo tiempo, está en las comunidades y eso es algo que no se ve y no se valora”, sostuvo Zárate durante la conferencia internacional Recuperación, Titularidad y Desplazamientos que realizó el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, junto al G-8 y a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.

Un informe de la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente, establece que la primera medida que se debe tomar en una comunidad que esté en peligro ante otra devastación natural es la mitigación estructural, que implica fortalecer las viviendas o las comunidades para eventos futuros. La relocalización voluntaria debe ser la última alternativa, según la Comisión, compuesta por Malú Blázquez, Richard Carrión, Carmen Milagros Concepción, Miguel Soto Class, Ana María Blanco y Federico Stubbe. 

“Esta medida [la relocalización] debe incluir un proceso exhaustivo de educación que explique las situaciones de alto riesgo de exposición y un proceso participativo transparente en el que se discuta la viabilidad de otras medidas”, dice el documento.

“¿Las casas ellos las hicieron comunitariamente o la hicieron individualmente?”, respondió Gil Enseñat cuando fue abordado sobre el sentir de expertos que opinan que las reubicaciones se deben trabajar a nivel comunitario y no individual.

“El sentido de comunidad es un sentido que tú puedes tener en comunidades que no tienen una delimitación geográfica, como es la comunidad LGBTT, como son comunidades de religiones, que se identifican ellos mismos como una comunidad, y la realidad es que yo atiendo las necesidades de las personas dentro del área de vivienda”, agregó el exfuncionario antes de su salida de Vivienda.

La mitigación evitaría el desplazamiento

Según varios expertos entrevistados por el CPI, los desplazamientos se podrían minimizar con alternativas de mitigación que implican, por ejemplo, elevar una casa que está en zona inundable.

El ingeniero Félix Rivera explicó que es posible elevar una casa tres pies del suelo usando un sistema hidráulico sin tener que demolerla. De esta forma, la estructura quedaría fuera del nivel de la inundación. En el caso de que se vaya a construir por primera vez en una zona inundable, recomendó también hacer un piso tres pies sobre el nivel de inundación.

Gil Enseñat, aseguró, antes de que la Gobernadora le pidiera la renuncia, que la agencia sí contempla la mitigación, cuando sea costo-efectiva. Sin embargo, la realidad es que el dinero para esos fines no tiene fecha de llegada. Y es que las guías que se requieren para acceder a la asignación de $8,200 millones en fondos de mitigación bajo el programa CDBG-DR recién fueron publicadas el 15 de enero. Este es el primer paso en una lista de seis etapas para que finalmente la isla reciba el dinero.

“En el caso de que llegue el dinero de mitigación, y el dinero de R3 [programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación] esté corriendo, y la casa cualifique, y se pueda mitigar el espacio o se pueda utilizar de ese dinero, pues se mitiga. Pero, al momento no tengo la opción de hacerlo…”, dijo Gil Enseñat.

Contrario a estas expresiones que dejan espacio para una posible mitigación, el mismo exfuncionario aseguró después en una carta enviada en noviembre a los congresistas demócratas Raúl Grijalva, Alexandria Ocasio-Cortez, Robert Menéndez y Nydia Velázquez que su preferencia, en lugar de reconstruir, es la reubicación.

La carta se produjo luego de que los congresistas le solicitaran a Vivienda en octubre que presentara por escrito cómo estaría evitando el desplazamiento de las personas que viven en zonas inundables y de qué forma estaría manejando los casos de quienes no deseen la relocalización.

Gil Enseñat negó que Vivienda carezca de una política pública para minimizar los desplazamientos. Mencionó la Guía sobre Asistencia Uniforme de Reubicación y Plan de Relocalización y Anti-desplazamiento Residencial. Ese documento, según Gil, provee los pasos que la agencia seguirá junto a los municipios para minimizar el desplazamiento. Entre estos, dar prioridad a la rehabilitación, reparación o reconstrucción de viviendas donde sea posible, de acuerdo con el programa R3. Pero las organizaciones que están alerta ante los desplazamientos afirman que este programa no minimiza, sino que por el contrario, aumenta la posibilidad de desplazamiento.

La organización Ayuda Legal señaló que la posición del exsecretario de la Vivienda ante los congresistas “representa un retroceso injustificable” en el manejo del programa R3. 

También, expresaron a la Gobernadora mediante carta que es “inaceptable” que el Departamento de la Vivienda “afirme que la relocalización – como única posibilidad – es una medida de mitigación”.

La organización mencionó que el R3 es el único programa CDBG-DR en jurisdicciones bajo el control de los Estados Unidos que “prohíbe totalmente la reparación sustancial y la construcción en zonas inundables. Esto sin considerar alternativas de mitigación”. 

En verano, Ayuda Legal radicó una querella ante el Departamento de Vivienda federal (HUD), por entender que las guías de R3 no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos. La querella no ha producido ningún resultado, aunque HUD está investigando.

La importancia de mitigar

La mitigación podría eliminar comunidades de los mapas de inundabilidad y hacerlas áreas seguras, de acuerdo a Verónica González, de Ayuda Legal.

“La mitigación puede cambiar la condición de inundabilidad en los términos formales legales y físicos. Cuando uno toma esas medidas y se hacen correctamente, se supone que baje el nivel de inundabilidad, y en ese caso se puede empezar un proceso administrativo para pedirle a FEMA y a la Junta de Planificación que enmienden los mapas de inundabilidad”, aseguró González.

La abogada dejó claro que existen excepciones, ya que hay comunidades en donde no es posible mitigar ni tomar medidas de adaptación porque el peligro es extremo. En estos casos sí habría que relocalizar, advirtió. 

No obstante, recalcó que Vivienda debe evaluar cada caso y buscar mecanismos para que la gente se pueda quedar en sus comunidades y no establecer “de antemano” que si la persona vive en zona inundable no cualifica para la ayuda federal, porque de esta forma se está fomentando el desplazamiento. 

El programa R3 establece que las viviendas que sufrieron daños mayores del 51 por ciento de su valor no serán elegibles para reconstrucción. De ser este el caso, entonces, la persona podría reubicarse en otro lugar y recibir hasta un máximo de $185 mil para estos fines.

“La reglamentación federal permite la mitigación. Es una decisión de Vivienda y del Gobierno de Puerto Rico [no mitigar]. En cualquier otra circunstancia, lo que aplicaría es la norma federal que obliga a que se tomen medidas de mitigación si estás viviendo en una zona inundable”, dijo González.

La planificadora Ivis García dijo al CPI que en ninguno de los documentos que ha revisado sobre el programa R3 ha visto medidas para evitar el desplazamiento de comunidades. Como propuestas para evitar el desplazamiento, que a su juicio debe ser la última opción, sugirió elevar una casa que está en zona inundable o demoler una estructura dañada y volverla reconstruir, dependiendo si la zona es segura o no.

Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), aseguró que no se están llevando los procesos en orden lógico, ya que los municipios aún están discutiendo los planes de mitigación, mientras programas como el R3 ya están en marcha. Indicó que el primer paso debió ser analizar la posibilidad de mitigación y si no había ninguna otra alternativa, entonces hablarle a la gente de reubicaciones.

¿Qué harán las comunidades?

Según la doctora Jenniffer Santos, socióloga experta en desastres, las comunidades que no cualifiquen para la asistencia del programa de Vivienda optarán por quedarse en sus casas, a menos que perciban que su vida esté en riesgo.

“Entre ellos mismos lo van a resolver, como siempre lo han hecho, porque esta no es una población a la que el Estado le ha servido. Es una población que ha sido marginada”, sostuvo Santos, quien se desempeña como investigadora auxiliar en el Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

La socióloga insistió en la necesidad de que los procesos de realojo se hagan tomando en consideración el aspecto emocional de los residentes para que el desplazamiento no se convierta en un evento traumático y doloroso.

“Hay una preocupación totalmente activa ahora mismo [sobre posibles reubicaciones]. Al mismo tiempo es un tema que se convierte en un estresor activo que no les permite a estos residentes enfocarse en otras necesidades de su comunidad”, dijo.

Por su parte, Érika Fontánez Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, destacó que la crisis de vivienda en Puerto Rico incluye a personas que, aunque cuentan con título de propiedad, están sujetas al desalojo por vivir en lugares vulnerables.

“La propiedad es un derecho individual, pero nosotros estamos lidiando con problemas colectivos. Así que no es suficiente la mirada individual. Se requiere un enfoque que reconozca la función social de la propiedad y el derecho a la ciudad y no solamente el título de propiedad o el derecho individual a la propiedad”, sostuvo durante su presentación en la Conferencia Internacional de Recuperación, Titularidad y Desplazamientos.

“Reubicaciones voluntarias”, asegura Vivienda

Gil Enseñat aseguraba que no existe una lista de comunidades a ser desplazadas y que las reubicaciones serán voluntarias.

Sin embargo, a juicio de la licenciada González, este proceso no tiene nada de voluntario. “Es escoger entre irse o quedarse con una casa sin techo, para mí eso es una acción bastante clara, y hablar de que esto es un proceso voluntario, es absurdo, realmente, porque no lo es”, expresó.

“Si tú le creas las condiciones para que no vean otras alternativas pues los estás sacando a la cañona”, dijo por su parte Roberto Thomas.

Gil Enseñat rechazó que los proyectos que sometieron los municipios en sus ponencias para el uso de los fondos CDBG-DR, y que implicarían desplazamientos masivos según Ayuda Legal, vayan a concretarse. Sin embargo, reconoció que la información de estas ponencias se usó para elaborar el Plan de Acción de los fondos CDBG-DR.

“Nosotros escuchamos, hicimos una matriz de todos los proyectos de todos los municipios e hicimos los programas (para el uso de los CDBG-DR)”, sostuvo Gil Enseñat.

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