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En entredicho y sin reglamento la ley de Zonas de Oportunidad

Por Joel Cintrón Arbasetti

Las exenciones contributivas que el gobierno
de Puerto Rico se propone ofrecer a inversionistas a través la ley de Zonas de
Oportunidad “podrían no cumplir” con el Plan Fiscal. Los créditos contributivos
de hasta 25 por ciento y exenciones en el pago de patentes municipales, fueron
señalados por la Junta de Control Fiscal como “motivo de preocupación”.

“Hay disposiciones de la ley que aparentemente
la hacen inconsistente con el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico… La
disposición de exención municipal podría resultar onerosa a los municipios”,
dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Edward Zayas, portavoz de la
Junta de Control Fiscal (JCF).

La ley de Zonas de Oportunidad fue firmada por
el exgobernante Ricardo Rosselló el pasado 14 de mayo pero no ha sido puesta en
vigor porque aún carece de un reglamento para su implementación. Aunque hasta
ahora esta ley es prácticamente nula, en agosto el Gobierno aprobó una lista de las actividades comerciales que
podrían ser reconocidas como “Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad”.

La designación de proyectos prioritarios en
Zonas de Oportunidad también fue cuestionada por la JCF, porque podrían
confligir con la lista de “proyectos prioritarios” para infraestructura crítica
que establece el Título V de la ley PROMESA.

“Los procedimientos para la designación de
proyectos prioritarios, podría incluir proyectos ya contemplados en el Plan
Fiscal en lugar de limitar los beneficios a inversión nueva o incremental”,
señaló la JCF.

Manuel Laboy, secretario del Departamento de
Desarrollo Económico no estuvo disponible durante dos días para responder las
preguntas del CPI sobre las Zonas de Oportunidad. Al CPI insistir en la
solicitud de información, la agencia indicó que “al final de esta semana”
enviaría un comunicado “con información” relacionada al tema. En octubre, Laboy había dicho que entre cinco y diez
proyectos habían presentado interés en los incentivos de las Zonas de Oportunidad,
que uno había hecho la solicitud formal y que el reglamento estaría listo “en
las próximas semanas”.

Las Zonas de Oportunidad fueron designadas
como parte de la reforma contributiva del presidente Donald Trump y ofrecen una
reducción de 37.5 por ciento a 20 por ciento en la tasa contributiva federal a
fondos que inviertan en “comunidades de bajos ingresos”.

Desde que se creó esa legislación en 2018, los
gobiernos de los estados y territorios entraron en competencia para atraer a
los inversionistas que busquen los beneficios de las Zonas de Oportunidad
creando legislación que añade exenciones a las ya otorgadas por la ley federal.
Algunos estados incluyen exenciones adicionales para ser más competitivos. En
el caso de Puerto Rico, la JCF resaltó que la ley local de las Zonas de
Oportunidad es más amplia que otras leyes estatales de Estados Unidos. Los
gobernadores de estados pueden designar como Zona de Oportunidad solo el 25 por
ciento de los territorios que cualifican como áreas de bajos ingresos. En
contraste, una excepción del Congreso permitió que casi
el 98 por ciento de Puerto Rico fuese declarado Zona de Oportunidad.

El Departamento del Tesoro Federal estima que
las exenciones de las Zonas de Oportunidad tendrán un costo de $1.6 mil
millones entre 2018 y 2027. La organización sin fines de lucro Good Jobs First
señala que esta ley tendrá un impacto directo negativo en las recaudaciones de
impuestos a nivel estatal. Hasta el momento solo cuatro estados han estimado el
costo que tendrán las Zonas de Oportunidad para sus recaudos. El gobierno de
Georgia estimó el costo fiscal en $10 millones para el 2019. Maine entre $1.5
millones y $2.5 millones para el año fiscal 2020, Oregon en $10.5 millones y
hasta $15.9 millones para los años fiscales del 2017 al 2021 y Wisconsin en $10
millones para el año fiscal 2019, según Good Jobs First.

El gobierno de Puerto Rico no ha estimado el
costo que tendrán las exenciones que ofrecería a través de la ley de Zonas de
Oportunidad. La legislación aprobada indica que el director de la Oficina de
Exención Contributiva Industrial, Javier Bayón Torres, rendirá un informe al
Comité de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad “sobre el impacto
económico y fiscal de esta ley” después del cierre de cada año fiscal.

El Comité, adscrito a la Oficina del
Gobernador, está compuesto por el Principal Oficial Financiero, Omar Marrero,
quien lo preside, así como el Principal Oficial de Inversiones, el Director
Ejecutivo de la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, elDirector Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, el Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, un miembro nombrado por el Senado y un miembro
nombrado por la Cámara de Representantes.

“El impacto fiscal de la Ley depende de
reglamentación que aún no ha sido emitida. La Junta entiende que el incentivo
se debe enfocar en inversión nueva e incremental… Los responsables de emitir
los reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de la ley son el
Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario de Hacienda (Francisco
Parés); es con ellos con quienes hemos estado en comunicación desde que se
sometió el proyecto de ley correspondiente”, dijo el portavoz de la JCF.

“La Ley local lo que persigue es dar unos
incentivos adicionales de lo que se da a nivel federal. Si se mantiene la
conformidad de la Ley local a la ley federal, mantendría a Puerto Rico todavía
en algún estado más competitivo versus otros estados… Si se elimina todo, definitivamente
caemos en una situación donde no va a ser tan atractivo invertir aquí”, dijo
Giovanni Méndez, abogado contributivo de la firma Baltic Avenue Investment.

Baltic Avenue adquirió un edificio abandonado
que ubica en un área designada como Zona de Oportunidad en la avenida Ponce de
León en Santurce. Los inversionistas que compraron la propiedad para
habilitarla como oficinas de alquiler se benefician de las exenciones de esta
ley federal. Al no haber todavía un reglamento para la implementación de la ley
local, no pueden solicitar aun las exenciones adicionales en Puerto Rico.

“Conozco de algunos fondos que están
trabajando bajo la presunción de la ley federal, pero yo no conozco de ninguno
que ya se haya beneficiado de estos incentivos adicionales (de la ley local).
Así que si están proyectando alguno de estos beneficios en su cálculo y en su
retorno de la inversión, pues no tienen ninguna seguridad de que vayan a tener
esos beneficios y de esa forma se lo tendrían que decir a sus inversionistas.
Porque al no haber reglamento, yo no tengo conocimiento de que alguien haya
podido generar alguno de esos créditos hasta este momento”, dijo Méndez.

“Ese proyecto (de la Ponde de León) se comenzó
antes de toda la ley local y eso fue algo que se le explicó a los
inversionistas, fue un ‘challenge’ al momento de levantar los fondos porque se
le tiene que decir ‘mira sobre estos beneficios no se sabe’. En ese momento la ley
no estaba aprobada y uno le hablaba de algo que estaba en el tintero. Hay
inversionistas que deciden continuar y hay otros que no y prefieren irse a otro
estado por el tema de la competitividad”, añadió Méndez.

Mientras los inversionistas esperan a que se
publique el reglamento para aplicar la ley local de Zonas de Oportunidad, ya
hay firmas de inversión que han comenzado a comprar propiedades con el
beneficio de las exenciones federales. Ese es el caso de la empresa de bienes
raíces Lifeafar, quienes adquirieron un edificio en la calle San Francisco del
Viejo San Juan para convertirlo en un “hotel boutique” que además tendrá cuartos de
alquiler bajo la plataforma de arrendamiento digital Airbnb. Desde que Lifeafar
adquirió esa propiedad frente la Plaza Colón del Viejo San Juan en mayo, un
Food Court y bar que operaba en la primera planta del edificio permanece cerrado.

El 10 de diciembre Lifeafar envió una
notificación a sus inversionistas en donde les indican que la empresa tiene un
nuevo proyecto para revisión e inversión en un “hotel de renombre con vista al
mar que será una Zona de Oportunidad”. En la comunicación, Robbie Chaudhri, del
equipo de inversión de Lifeafar, dice que el proyecto es confidencial y le pide
a los interesados que firmen un acuerdo de no divulgación para recibir
información sobre el mismo.