20 de Septiembre de 2019

En manos del gobernador medida que permite vender activos de Salud

Por el 7 de Julio de 2017

El controvertible Proyecto del Senado 353 (P. del S. 353), sometido por el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, y que busca enmendar la Ley 3 de 2003 que prohíbe la venta, cesión, permuta y enajenación de instalaciones de salud a intereses privados, ya se encuentra en manos del Ejecutivo esperando por el endoso del gobernador Ricardo Rosselló.

El proyecto de ley ha causado gran malestar en ciertos sectores de la población que auguran una total privatización de instalaciones de salud pertenecientes al Estado, y por consiguiente, un detrimento en la calidad de los servicios de salud a las personas más vulnerables.

No obstante, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales Rodríguez, aseguró que comparte la preocupación de los sectores críticos de la medida y por ello se aseguró de someter enmiendas para proteger los activos muebles del Gobierno en el área de la salud pública.

(Agustín Criollo/CB)

El representante explicó que se incluyeron enmiendas para proteger el Centro Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Universitario, el Hospital Pediátrico, el Hospital Oncológico, el Hospital Industrial, entre otros. Sin embargo, Morales Rodríguez indicó que la medida sí permitirá que los municipios dispongan de sus centros de diagnóstico y tratamiento (CDT).

“Mayormente esto [la medida] va dirigido a los CDT que están siendo administrados por los municipios. Ahora mismo lo que hay son 13 o 14 facilidades. Los municipios están en una crisis igual que el gobierno central y la situación se agrava cuando los municipios son los que administran estos CDT, y esto es una situación de alcaldes de ambos partidos, que fueron ellos mismos los que presentaron esta preocupación”, explicó Morales Rodríguez en entrevista con CB en Español.

Ya no es negocio para un municipio administrar un centro hospitalario porque lo que le crea son pérdidas y más pérdidas. Estas instituciones los municipios pueden vendérselas a organizaciones especializadas que tengan, porque así lo dispone el proyecto, 10 años o más ofreciendo servicios de salud”, añadió.

Legislar en tiempos de Promesa

El presidente de la Comisión de Salud cameral hizo la salvedad, sin embargo, de que esto no significa que cualquier entidad o individuo que tenga el capital para adquirir alguno de estos centros puede hacerlo indiscriminadamente. El legislador indicó que cualquier interesado en adquirir uno de estos activos tiene que poseer 10 años o más de experiencia en el campo de la salud. Con ello, se asegurará que la ciudadanía continúa recibiendo servicios de salud de calidad y evita la especulación con estas propiedades para favorecer intereses personales.

Morales Rodríguez insistió en que la medida no es el punto de partida de una privatización masiva de los activos de salud del Estado aunque admitió que al principio tuvo sus reservas por esa posibilidad.

“No quería dejar esto abierto a posibles interpretaciones porque si no lo hacíamos así, mañana venían e iban a querer vender el Hospital Pediátrico o el Centro Médico. El que diga que va a vender alguna institución dentro del Centro Médico, no sabe de lo que está hablando. Yo quise que el proyecto tuviera esa disposición, que esas instalaciones no iban a estar en venta”, aseguró.

El Artículo 1 de la medida, según fue sometida originalmente, señala que las instalaciones de salud del Estado no serán vendidas, cedidas o de ninguna forma enajenadas a favor de intereses privados o corporaciones especializadas en brindar servicios de salud, excepto en aquellos casos en que dichas corporaciones tengan 10 años o más ofreciendo servicios de salud en la isla.

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Ante la falta de claridad de este planteamiento, el legislador indicó que añadió una enmienda aclarando que “esta facultad de venta, cesión o enajenación a favor de intereses privados en ningún caso aplicará al sistema de instalaciones médico hospitalarias, docentes, investigativas y de atención a pacientes, entre otros, que se ubican en los terrenos de y conforman el Centro Médico de Puerto Rico, entiéndase, sin limitarse a, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, el Hospital Universitario, el Hospital Pediátrico, el Hospital Oncológico, el Hospital Industrial y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico…”.

Por otra parte, el senador José Luis Dalmau, uno de los autores de la Ley 3 de 2003, concurrió en que las enmiendas al proyecto resguardan la integridad de los centros de salud pertenecientes al Estado y aseguró estar conforme con las mismas.

“La realidad es que yo me oponía al proyecto tal y como estaba, primero porque soy coautor de la ley que prohíbe la venta de las instalaciones de salud y ya vimos cuál fue el resultado cuando se vendieron las facilidades de salud, pero también hay una realidad económica que tenemos que enfrentar”, explicó el también miembro ex officio de la Comisión de Salud en el Senado.

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“Hay muchos municipios que no pueden sostener la operación de su CDT y el Gobierno podría venderlo o privatizarlo. Ese es el caso del municipio de Florida, Rincón, que tienen sus CDT cerrados. Hay una cantidad aproximada de 14 CDT que pertenecen al Gobierno. De esos, algunos están funcionando bien, como por ejemplo el de Coamo, el de Isabela. El de Patillas no funciona bien y así sucesivamente”, añadió.

Dalmau agregó, sin embargo, que espera que el Departamento de Salud actúe con los CDT que están cerrados o que no están operando, ya que, según dijo, “tocar” a los que están funcionando sería contradictorio y contraproducente para el municipio.

La medida espera en La Fortaleza desde hace varios días por la firma del gobernador y según indicaron portavoces del Ejecutivo, la medida “se está evaluando”.

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