17 de Junio de 2019

En peligro la Autoridad de Carreteras por acciones de sus acreedores

Por el 8 de Junio de 2017

De prevalecer un grupo de acreedores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en una serie de acciones legales que presentaron recientemente contra la entidad y el gobierno de Puerto Rico, la continuidad de la corporación pública estaría en peligro.

Así lo planteó esta semana uno de los abogados de la junta de control fiscal, Martin Bienenstock, durante una vista ante la juez federal Laura Taylor Swain. La audiencia giró en torno a los reclamos de un grupo de acreedores de la ACT –Peaje Investments– que buscan que el gobierno deje de retener y redirigir ciertos ingresos que garantizan el pago de sus bonos.

Específicamente, la pugna entre la ACT y el grupo de bonistas se centra en los dineros que recolecta la entidad por concepto de peajes. Esta fuente de ingresos sirve como colateral para el pago de ciertos bonos de Carreteras, pero el gobierno ha retenido el dinero y lo ha redirigido hacia el pago de gastos operacionales, y no el servicio de deuda, desde mediados del 2016.

Uno de los abogados de la junta de control fiscal, Martin Bienenstock. (Suministrada)

En la acción que presentó el pasado 31 de mayo, Peaje Investments –dueños de unos $65 millones en bonos de la ACT– busca que el gobierno deje de redirigir los ingresos de peaje, sobre los cuales alegan tener un gravamen. Mientras, tres aseguradoras también presentaron la semana pasada una acción similar en contra del gobierno y Carreteras.

“Si se lo quitan [los ingresos de peaje], entonces no hay dinero para operar [la ACT]”, sentenció el abogado de la junta, la cual representa a la entidad como deudor en el caso de quiebra bajo el Título III de Promesa.

Mientras, una fuente con conocimiento de la situación manifestó que la ACT “no podría operar” si no puede utilizar los ingresos de peaje para cubrir sus operaciones, ya que tampoco recibiría otras fuentes de ingresos que le corresponden –como el impuesto al petróleo conocido como “la crudita”– que estarían pasando al gobierno central, según establece el plan fiscal de la ACT.

Para el abogado John Mudd, el riesgo de que la juez federal decida a favor de los acreedores de ACT no sería tanto para la corporación pública, sino más bien para el gobierno central, ya que este último espera contar con parte de los ingresos pignorados de Carreteras para financiar las operaciones del gobierno central.

Fijan fecha para entregar lista de acreedores

“Si el gobierno no le quita ese dinero a Carreteras, esta puede pagar [deuda y sus operaciones]. A quien pone en riesgo es al gobierno central”, manifestó Mudd a CB en Español, al recordar que una decisión adversa sobre los llamados “clawbacks”, o los ingresos retenidos, podría suponer cambios al plan fiscal certificado del gobierno y, por consiguiente, el presupuesto.

Según el plan fiscal de la ACT, el gobierno central estaría redirigiendo al fondo general un promedio de $450 millones cada año en fuentes de recaudos que garantizan deuda de la ACT. Esto supondría que la autoridad retendría poco más de $160 millones de estas fuentes de ingreso para sus operaciones.

Mudd advirtió que la junta y el gobierno han asumido una “actitud peligrosa” al entender que pueden redirgir, o “clawback”, toda fuente de ingreso pignorada para el pago de deuda y utilizar el dinero para financiar las operaciones del gobierno, más no para cumplir con las obligaciones de deuda.

Fechas de entrega de presupuesto no serían “camisa de fuerza”

Según la Constitución de Puerto Rico, el gobierno puede “clawback” fuentes de ingreso que garantizan el pago de deudas ante una escasez de recursos como la que atraviesa, pero estaría limitado a utilizar el dinero para pagar deuda constitucional.

Juez federal programa nueva vista

Durante la vista del lunes, la juez Swain programó para el 5 de agosto una nueva audiencia en el caso de Peaje, en la cual espera retomar los argumentos de las partes, aunque para esta ocasión ya habrá ocurrido un proceso de descubrimiento de prueba previo a la vista.

Por otro lado, aun se desconoce si la juez federal, quien está a cargo de los procesos de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo Título III, atenderá al mismo tiempo los reclamos similares que presentaron tres aseguradoras contra Carreteras el pasado 3 de junio.

En su demanda, las aseguradoras Assured Guaranty, FGIC y National buscan que la juez Swain declare las acciones del gobierno central en el manejo de los ingresos de ingreso de Carreteras como inválidas, al alegar que violan protecciones del Código de Quiebras federal que fueron incorporadas al Título III de Promesa.

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