9 de Abril de 2020

En un punto crítico negociaciones entre el gobierno y acreedores

Por el 27 de Abril de 2017

A tan solo días para el comienzo de mayo -y con ello el fin de la suspensión de demandas, o “stay”, de Promesa- la administración de Ricardo Rosselló trabaja contra el reloj en búsqueda de algún tipo de acuerdo con acreedores del gobierno de Puerto Rico.

Desde principios de esta semana y en la ciudad de Nueva York, funcionarios y asesores del gobierno y de la junta de control fiscal sostienen reuniones por separado con representantes de distintos grupos de acreedores, según supo CB en Español.

Para el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, el vencimiento del “stay” que provee la ley federal “no afecta la continuación de las negociaciones”. (Juan J. Rodríguez/CB)

Para el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, el vencimiento del “stay” que provee la ley federal “no afecta la continuación de las negociaciones”. (Juan J. Rodríguez/CB)

Dos fuentes indicaron por separado que ha habido avances con algunos de los grupos y que, de acordarse ciertos términos y condiciones, se estarían firmando acuerdos de indulgencia con ellos, similares al que se obtuvo en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, aún se desconoce la identidad de los grupos que estarían dispuestos a firmar este tipo de acuerdo.

Otra fuente manifestó que las conversaciones no han sido del todo positivas, ya que aún existen serias diferencias con los números que presenta el gobierno, los cuales están anclados en el plan fiscal que certificó la junta el 13 de marzo.

Para el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, el vencimiento del “stay” que provee la ley federal “no afecta la continuación de las negociaciones”. Añadió en expresiones escritas a principios de semana que la administración y la junta se mantienen “activamente negociando” con distintos acreedores con miras a lograr acuerdos cobijados por el Capítulo VI de Promesa. Este último establece un proceso de reestructuración de deuda que mayormente tomaría lugar fuera de los tribunales y mediante acuerdo entre las partes.

Mientras, este medio supo que la estrategia de negociación por parte de la administración Rosselló se ha centrado mayormente en lograr entendidos con los principales acreedores del gobierno tales como los bonistas de obligaciones generales y aquellos de Cofina. De hecho, fueron estos grupos de acreedores los que mayormente participaron de la primera ronda de mediación que finalizó el 21 de abril y estuvo a cargo del exjuez de quiebras, Allan Gropper.

Junta fiscal apunta a necesidad de usar Capítulo III de Promesa

Por otro lado, el gobierno también mantenía conversaciones esta semana con acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Universidad de Puerto Rico (UPR), según fuentes de CB en Español.

Reanudan las demandas

El efecto principal del final del “stay” es precisamente eso: la reanudación de más de una decena de demandas de acreedores que permanecen en suspenso en el tribunal federal por virtud de Promesa. También abriría la puerta a demandas de otros acreedores.

Algunas de estas acciones legales podrían resultar en el pago inmediato de cientos de millones de dólares por parte del gobierno de Puerto Rico a sus acreedores. Aunque los reclamos varían debido a las circunstancias particulares de cada crédito, el denominador común es invalidar la moratoria en los pagos de la deuda, según permiten órdenes ejecutivas promulgadas por el exgobernador Alejandro García Padilla y que Rosselló mantuvo vigentes tras la firma de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal.

Quedará entonces a discreción del juez federal, Francisco Besosa, decidir cómo y cuándo resolverá las acciones legales que han presentado grupos de acreedores desde el verano pasado.

Sin embargo, de lograrse acuerdos -incluyendo uno de indulgencia o “forbearance” en inglés- el gobierno busca un espacio para que las negociaciones continúen fuera de un tribunal. De igual forma, intentan asegurar la estabilidad de las operaciones gubernamentales, toda vez que se acuerda con los distintos acreedores que no ejerzan remedios que puedan afectar la liquidez en las arcas de Puerto Rico.

Esto también evitaría hasta cierto punto el que la junta radique casos bajo el Capítulo III de Promesa, mediante el cual la reestructuración de la deuda se llevaría al amparo del plan de ajuste que apruebe el tribunal. No obstante, el ente rector junta advirtió esta semana en una misiva enviada a dos senadores de Estados Unidos, que hay una alta posibilidad de que se presenten casos bajo el Capítulo III de modo que se puedan reestructurar otras obligaciones financieras del gobierno que no estén relacionadas a la deuda pública.

[VÍDEO] Junta aprueba plan fiscal para Puerto Rico

También reconocen que es el Capítulo III la única manera de mantener el “stay” vigente. No obstante, según la carta con fecha del 25 de abril, la junta asegura que incluirá cualquier acuerdo que se logre con grupos de acreedores al proceso que tenga que iniciar bajo el Capítulo III.  

Certificarán planes individuales

Mientras el gobierno trabaja contra el reloj para lograr acuerdos previo al 1 de mayo, la junta certificará esta semana “la mayoría” de los planes fiscales que entregaron el BGF, Carreteras, AAA, AEE y la Corporación para la Supervisión y Seguro de la Cooperativas (Cossec).

La junta de control fiscal sostendrá su séptima reunión pública mañana en la ciudad de Nueva York, según reseñó en primicia CB en Español.

Durante el nuevo cónclave, se discutirán y certificarán “la mayoría” de los planes fiscales que entregaron estas cinco entidades públicas del gobierno de Puerto Rico, indicó el presidente de la junta, José Carrión. No obstante, no brindó detalles sobre cuáles entidades tendrán un plan certificado una vez termine la suspensión de demandas.

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