23 de Octubre de 2020

Espacios Abiertos insta al gobierno a rendir cuentas sobre el “presupuesto escondido”

Por el 11 de Mayo de 2017

La organización Espacios Abiertos, que desde el 2014 promueve una sociedad más abierta para poder incidir en los procesos sociales, hizo público hoy un informe en donde pone de relieve los miles de millones de dólares que el gobierno gasta en incentivos industriales en momentos en que se imponen recortes profundos a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Espacios Abiertos instó al gobierno a que rinda cuentas sobre lo que catalogó como el “presupuesto escondido”-o incentivos contributivos para estimular determinada actividad económica- que al momento no se sabe si están funcionando o cómo se utilizan.

La organización equiparó estos incentivos con “gastos fiscales” porque, aunque se usan para estimular la actividad económica, los mismos terminan siendo gastos del gobierno.

“Aunque sabemos que se eleva a miles de millones de dólares, nadie sabe exactamente cuánto nos cuenta y si logra los beneficios por los cuales se otorgaron”, sostuvo Nuria Ortiz, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, tras destacar que la invisibilidad de estos gastos impide la evaluación crítica sobre su efectividad.

Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?

El detalle de estos incentivos es tan secreto que el informe que el gobierno tenía que someter a la junta de control fiscal tiene carácter confidencial bajo la ley federal Promesa.

Durante una mesa redonda con periodistas, Daniel Santamaría Ots, analista de política pública de Espacios Abiertos, presentó un informe titulado “Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?” en donde habla sobre estos incentivos contributivos o gastos fiscales.

Un incentivo contributivo es una categoría que figura dentro del código de impuestos para estimular la economía o modificar el comportamiento de cierto grupo social pero termina siendo un gasto de gobierno. “En ese sentido, el incentivo contributivo y gasto fiscal significan lo mismo”, dijo.

Estas categorías de gastos fiscales se dividen en exclusiones, exenciones, deducciones, créditos contributivos, tasas impositivas preferenciales y diferimientos contributivos.

Los gobiernos suelen ocultar estos gastos fiscales en vez de incluirlos en el presupuesto para evitar el escrutinio y, en muchos casos, como en Puerto Rico, no suelen documentar su efectividad, dijo el analista.

Es por eso que Espacios Abiertos destacó la importancia de impulsar un registro sobre estos gastos fiscales. “Le requerimos al gobierno la publicación de un registro público oficial o presupuesto de gastos fiscales”, dijo Ortiz.

¿Qué ha hecho recientemente el gobierno de Puerto Rico en torno a los incentivos?

El pasado 17 de noviembre de 2015, el gobierno creó el Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico mediante la Ley 187 de 2016. El portal es de uso interno para agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios y, a su vez, sirve como requisito mínimo para la extensión y renovación de cualquier incentivo contributivo.

De otra parte, el gobierno también ha dicho que creará un nuevo Código de Incentivos. El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) está trabajando internamente en la evaluación e impacto real de los incentivos que se están otorgando en la actualidad con el objetivo de tener el nuevo Código de Incentivos para finales de 2017.

El pasado 7 de marzo de 2017, y a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), se emitió la orden administrativa congelando nuevas asignaciones de ciertos gastos fiscales y otros incentivos contributivos.

El análisis hecho por Espacios Abiertos encontró que hay sobre $4,000 millones en “gastos fiscales” que el gobierno ha dicho que recortará en los próximos años.

Santamaría Ots mostró una tabla del Plan Fiscal en donde se incluyen $20,329 millones que se deben reducir entre el 2018 y el 2016. Dentro de esa cantidad, hay una subcategoría de subsidios que ascienden a $7,825 millones, que a su vez se dividen en tres subdivisiones que son las apropiaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los 78 municipios y a otros subsidios que incluyen 53 leyes que proveen deducciones, créditos contributivos, tasas impositivas preferenciales y otros incentivos económicos.

“Debemos resaltar que esta última subdivisión definida de manera genérica y algo ambigua en el Plan como de ‘otros subsidios’ se refiere en realidad a gastos fiscales. Cabe destacar que en esa misma subdivisión 3, los mismos autores del plan ya señalan que la mayoría de esos gastos fiscales no están presupuestados adecuadamente”, sostuvo.

Santamaría Ots destacó que esos gastos fiscales ascienden a $4,225 millones y en el Plan Fiscal recientemente aprobado, el gobierno se comprometió a una reducción de los mismos en los próximos nueve anos sin saber en qué se gasta o se deja de gastar.

En el pasado, ya ha habido estudios sobre incentivos que promueven la reducción y eliminación de algunos por no impulsar la economía.

En el año 2014, la consultora KPMG sugirió eliminar la mayoría de estos gastos fiscales para individuos valorados en el 2012 en $1,114 millones y también eliminar la totalidad de los gastos fiscales para las corporaciones valorados en el 2012 en $556.1 millones. En la de individuos, la firma sugirió eliminar la ley 22 del 2012 o Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas; eliminar los tratos preferentes a ingresos de capital con la excepción de la deuda de los bonos de Puerto Rico; limitar las deducciones por donaciones exclusivamente a organizaciones benéficas y convertir la deducción de intereses hipotecarios a créditos contributivos.

En el 2014, el economista Ramón Cao por encargo de la Cámara publicó una evaluación de los incentivos a empresas. En el mismo, propuso eliminar los incentivos a Vivienda, a Hospitales y a los hoteles tras concluir que el beneficio social era menor que el costo social. Cao destacó en ese informe, la falta de información estadística y reiteró que se habían sobreestimado los beneficios y subestimado costos.

Santamaría Ots destacó una investigación periodística que encontró que el gobierno entre el 2006 al 2015 había hecho $525.6 millones en gastos fiscales para la industria de semillas transgénicas, datos que se pudieron haber obtenido mediante un registro pero que tomó meses encontrar.

“Desde Espacios Abiertos insistimos en reclamar al gobierno que cree un registro publico oficial o presupuesto de gastos fiscales”, dijo.

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