30 de Marzo de 2020

Espaldarazo a la junta fiscal de parte del Congreso

Por el 8 de Noviembre de 2017

Lejos de quedar en un segundo plano o fuera del panorama tras el huracán María, la junta de control fiscal recibió hoy un espaldarazo durante una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal en la que se discutió su rol luego del paso del fenómeno atmosférico.

El presidente del comité, Rob Bishop (R-Utah), aseguró que el ente creado por Promesa no se irá de Puerto Rico hasta que termine su encomienda y añadió que buscarán otorgarle las herramientas que necesite para hacer su trabajo de cara al futuro.

Durante la audiencia —gran parte de la cual se centró en el tema de energía eléctrica— la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, pidió “más claridad” en la delimitación de los poderes del ente rector. Aseveró que esto evitaría “litigios costosos y que toman tiempo” cada vez que hay una desavenencia con el Gobierno de Puerto Rico en torno a la interpretación de la ley y la validez de sus acciones.

“Si el Congreso determina que clarificar y reafirmar nuestra autoridad existente a la luz de las nuevas encomiendas de la junta […] sería útil para evitar litigios y la incertidumbre, tiempo y costo que estos conllevan, por supuesto que le daremos la bienvenida”, reza la ponencia de la otrora ministra de finanzas de Ucrania.

Zamot explica su plan para reformar la AEE ante comité del Congreso

Asimismo, Jaresko enfatizó la importancia de dejar claro cuál será el rol que jugará la junta en la supervisión y manejo de los fondos federales que lleguen a la isla para atender la recuperación y reconstrucción de la infraestructura después de María. Esto, a pesar de que ya Promesa faculta a la junta en este aspecto a través de los procesos de aprobación de planes fiscales, presupuestos y deuda, según explicó.

De la vista también participaron el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y el recién nombrado oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Noel Zamot. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el director de la AEE, Ricardo Ramos, fueron citados pero no comparecieron.

Las declaraciones de Jaresko y Zamot no sentaron bien en La Fortaleza. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó por escrito y dijo que ponen “en peligro los recursos necesarios para el pago de pensiones y la estabilidad de empleos”, mientras que desconocen del proceso de recuperación en Puerto Rico.

El mandatario lanzó un llamado para que la junta desista de “condicionar la ayuda que corresponde a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, a que sea la junta la que asuma el rol administrativo que corresponde al Gobierno electo por los puertorriqueños”.

Rosselló Nevares está citado para una segunda vista del comité cameral que se llevará a cabo el próximo martes.

No menos de $13,000 millones hasta 2019

En su ponencia, Jaresko manifestó que Puerto Rico necesitaría entre $13,000 millones y $21,000 millones en liquidez adicional hasta el verano de 2019 para asegurar la prestación de servicios esenciales, según los estimados más recientes.

Ante esta realidad, el ente rector propuso “lenguaje legislativo” que le otorgaría el poder de validar cualquier petición de liquidez que haga el Gobierno, de manera que se asegure que solo se pida dinero federal por razones relacionadas al huracán.

Durante la reunión de la junta el pasado 31 de octubre, ya se había advertido de la necesidad de $3,600 millones solamente hasta diciembre. Un programa de préstamos federales que ya se aprobó en octubre inyectaría hasta $4,000 millones para la operación del Gobierno, municipios y corporaciones públicas.

Gobierno de Puerto Rico necesita $3,600 millones antes que culmine el año

“Será vital que cualquier préstamo o ‘grant’ que se provea para atender estas necesidades esté atado e integrado a los planes fiscales. Se requerirán los mecanismos de Promesa y la participación plena de la junta”, lee la ponencia de Jaresko.

Como consecuencia principal a la falta de liquidez, la directora ejecutiva apuntó a la caída que se proyecta en los recaudos del Estado por la devastación causada por el huracán María, particularmente en el cierre de negocios y la migración rampante que vive Puerto Rico.

De hecho, la proyección de la junta es que un 5% de la población, o hasta 175,000 personas, hayan abandonado la isla al finalizar el año, luego del paso del huracán.

Desconocen si pedirán mayores recortes a la deuda

A preguntas del líder demócrata en el comité, Raúl Grijalva (D-AZ), Jaresko dijo que desconoce en estos momentos cuánto dinero habrá para el pago de la deuda pública o si buscarán mayores recortes al principal.

Todo dependerá de la cantidad de fondos federales que se destinen a Puerto Rico y la nueva realidad macroeconómica de la isla luego del huracán María, a juicio de Jaresko.

“A corto plazo, será bien difícil para los acreedores”, dijo la directora ejecutiva. El Gobierno y varias entidades se encuentran en medio de procesos de quiebra bajo el Título III de Promesa.

¿Quién controlará los fondos federales tras María?

Se espera que junto a la entrega el 22 de diciembre de un nuevo borrador del plan fiscal, también se incluya un análisis de sostenibilidad de deuda a 30 años.

Como parte del proceso de revisión de los planes fiscales del Gobierno, Jaresko también pidió al Congreso claridad en la cantidad de fondos federales que estarían dispuestos a destinar a Puerto Rico de modo que puedan ser factorizados en las proyecciones.

Tanto la junta como la administración Rosselló Nevares apuestan a que el Congreso apruebe en algún momento antes que finalice el año una nueva asignación multimillonaria de fondos federales para la recuperación a largo plazo de Puerto Rico.

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