19 de Octubre de 2019

Espaldarazo a proyecto que crearía Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

Por el 19 de Enero de 2017

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA) y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), le dieron hoy un espaldarazo al Proyecto de la Cámara número 6 que pretende crear la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). Esto, con el fin de -según indica el propio proyecto- “modernizar, simplificar, unificar y agilizar” los procesos y servicios del gobierno para lograr un desarrollo amplio del tercer sector.

(Agustin Criollo/CB)

Omar Negrón Judice, comisionado designado de la OCAM y Jesús Vélez Vargas de la Oficina de Comunidades Especiales validaron el proyecto. (Agustín Criollo/CB)

Según se indicó durante la única sesión de vistas públicas para atender la legislación, esta busca promover un andamiaje ágil y eficiente que permita que las comunidades, el tercer sector y los municipios se integren para lograr un desarrollo social y económico en Puerto Rico.

Jesús Vélez Vargas, coordinador general designado de OFSA -también conocida como Oficina de Comunidades Especiales- y quien estaría a cargo de dirigir la nueva oficina, explicó que las organizaciones sin fines de lucro activas y que son parte del tercer sector han demostrado estar bien estructuradas y han probado ser eficaces en llevar servicios a la ciudadanía de manera más eficiente que el propio gobierno central, además de hacer una aportación económica y representar una fuerza laboral significativa en la isla.

“Según un estudio de Estudios Técnicos publicado en mayo 2015, se estima que las organizaciones sin fines de lucro impactaron a 700,000 personas en el 2014 a través de servicios directos. De estas organizaciones registradas en el Departamento del Estado (DE), el estudio estima que hay 11,750 realmente activas y de estas, el 22% se categorizan como organizaciones de base comunitaria. No obstante, si se analizan los estatutos relacionados a estas organizaciones, resulta forzoso concluir que no existe una política pública coherente y coordinada que potencie a estas y que a su vez se provean mecanismos efectivos”, explicó el funcionario.

“Esta legislación permite renovar y enfocar la visión y manera en que se atiende la pobreza en Puerto Rico. La ODSEC tendrá la responsabilidad de implantar y ejecutar la política pública de desarrollo comunitario establecida en esta legislación, así como aquella establecida en la Ley 1 de 2001 (Ley de Comunidades Especiales) y también tendrá a su cargo el desarrollo del tercer sector”, añadió a la vez que indicó que la oficina tendrá la responsabilidad de ser el principal asesor de los gobiernos municipales.

Vélez Vargas explicó además que la oficina estaría a cargo de proveer todos los servicios de carácter comunitario, servicios relacionados al tercer sector y asuntos municipales brindados en el gobierno. Para ello, todos los servicios de esta índole, diseminados y distribuidos entre las distintas agencias gubernamentales, serían unificados dentro de la ODSEC.

El funcionario indicó categóricamente que, luego de un minucioso estudio del proyecto, la Oficina de Comunidades Especiales avala y recomienda su aprobación.

Por su parte, Omar Negrón Judice, comisionado designado de la OCAM, también recomendó la aprobación del proyecto al entender que este traería justicia a las comunidades desventajadas, al sector comunitario y al propio tercer sector, maximizando los recursos del Estado.

“Nuestra oficina compite directamente con servicios de otras agencias, lo que representa una duplicidad de esfuerzos gubernamentales dentro de nuestras funciones y una falta de efectividad en la obtención de estos fondos, lo que a su vez nos hace no poder cumplir con la política pública del gobierno para erradicar la pobreza”, indicó Negrón Judice durante su ponencia.

“La presente legislación busca integrar dichos programas federales de servicio comunitario bajo la nueva oficina de ODSEC. Las asignaciones en bloque de fondos federales que recibe Puerto Rico son distribuidas entre diversas agencias del gobierno sin que necesariamente exista correlación entre la utilidad de estos y los deberes y responsabilidades de dichas agencias”, añadió.

Negrón Judice aseguró que la razón de ser de la nueva oficina estaría basada en el bienestar de las comunidades y su desarrollo, para que los fondos federales destinados a este propósito sean utilizados y maximizados de manera mucho más efectiva que en la actualidad.

El comisionado designado sostuvo además que la legislación pretende romper la burocracia desmedida que existe actualmente en la utilización y asignación de fondos federales de manera que redunde en una funcionalidad efectiva y ágil de la gestión gubernamental.

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