2 de Diciembre de 2021

Estrategia de reestructuración del BGF aumenta tensión entre alcaldes y gobierno central

Por el 11 de Mayo de 2017

Según el plan fiscal aprobado para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los municipios de Puerto Rico le darán $1,760 millones de los casi $2,000 millones en “cash” que el banco espera recibir en los próximos 10 años.

Esto se suma a la pérdida de $350 millones en subsidios del gobierno central y la obligación de pagar por la electricidad que consume a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la eliminación de la contribución en lugar de impuesto (CELI).

El peso de las medidas fiscales recientemente aprobadas y la delicada situación financiera de los ayuntamientos ha desembocado en que algunos alcaldes ya ausculten la posibilidad de demandar al gobierno central.

“Estamos estudiando las opciones para ir al tribunal y reclamar los derechos”, dijo a CB en Español el primer ejecutivo de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz. Añadió que más que a los municipios, son los residentes a quienes “le duele la crisis”.

(Archivo)

El plan fiscal establece que los municipios le darán $1,760 millones de los casi $2,000 millones en cash que el banco espera recibir en los próximos 10 años. (Archivo)

Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, reiteró que todos los municipios se verán afectados, aunque pidió espacio para la administración de Ricardo Rosselló a que atienda la situación fiscal, particularmente en el tema del BGF.

“Tenemos que entender que estos es un momento histórico para Puerto Rico y de cambio. Que la realidad económica del país nos ha llevado a un Capítulo III donde todos vamos a coger nuestra agüita”, dijo el alcalde en entrevista con CB en Español.

Los municipios y el BGF

La pugna entre el BGF y los municipios entró en un nuevo capítulo con la reciente aprobación del plan fiscal de la institución financiera. Esto ya que el documento contempla que los municipios continúen pagando sus préstamos con el BGF, lo que a su vez sería la fuente de ingreso principal para que el banco pague a sus acreedores.

“El mejor cliente del BGF son los municipios. Más allá de que los alcaldes quieran pagar o no, la ley impone un mecanismo de pago y una fuente de recursos económicos para el pago. Eso ha hecho posible que los alcaldes paguen los préstamos (con el BGF)”, explicó Ortiz.

Aumento en tarifas, cese del BGF y privatización

El presidente de la Asociación de Alcaldes añadió que le han manifestado al presidente del BGF, Christian Sobrino, la necesidad de atender un posible alivio a las obligaciones de los municipios con el banco, considerando la situación fiscal delicada de los ayuntamientos.

De hecho, el propio plan fiscal del BGF reconoce que de no poder desembolsar a los municipios los depósitos congelados, se afectarían los servicios esenciales tales como recogido de basura, mejoras en carreteras, servicios de salud y hasta la nómina. Sin embargo, el documento no dice cómo el banco repartirá entre depositantes y otros acreedores cualquier exceso de efectivo que tenga.

“Si nos ponen en igualdad de condiciones con los bonistas (del BGF), y se logra rescatar una cantidad de dinero (…) es dinero que nos entra que habíamos dado por perdido”, manifestó Rivera sobre los depósitos que los municipios tienen atrapados en el banco, los cuales estimó en unos $320 millones.

El alcalde de Bayamón no ve con malos ojos el plan del BGF, aunque éste contemple el repago de la cartera de préstamos municipales, más no de los préstamos con agencias y el gobierno central.

Bajo amenaza de desaparecer 40 municipios

“Tenemos una responsabilidad con nuestros préstamos que vamos a tener que pagarlos porque es dinero que tomamos prestado”, sostuvo Rivera.

Alertan a la junta

Han sido varias las personas que ya levantaron bandera a la junta de control fiscal sobre la condición de los municipios y los efectos que tendría en ellos algunas de las medidas fiscales aprobadas hasta el momento.

Uno de ellos es el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, quien ha escrito en dos ocasiones a la junta a favor de permitirle a los municipios acceso a las herramientas de Promesa.

“Al dejar afuera a los municipios de un proceso de reestructuración, la junta dejará a (los municipios) en una posición de desventaja significativa en comparación con el resto de los emisores de deuda (del gobierno)”, lee la última misiva de Ortiz con fecha del 2 de mayo.

Hasta el día de hoy, la junta no ha designado como entidades cubiertas a los municipios, lo que impide que estos hagan uso de las herramientas de reestructuración de obligaciones que establece Promesa.

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