15 de Julio de 2019

Exjefas del Departamento de Educación y ASES arrestadas junto con el presidente de BDO

Por el 12 de Julio de 2019

(CyberNews)
(CyberNews)

La exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher; la exdirectora la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, y el subcontratista Alberto Velázquez Piñol fueron arrestados por oficiales federales luego de que un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos. 

También fueron acusadas Glenda E. Ponce Mendoza, quien trabajó como asistente personal de Keleher, sin ser empleada del DE, y su hermana, Mayra Ponce Mendoza, dueña de la firma de consultoría Colón & Ponce. 

El Departamento de Justicia realizó, el miércoles, una conferencia de prensa en que la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dio detalles de la operación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

“Keleher y Ávila Marrero explotaron sus privilegiadas posiciones como jefas de agencias en Puerto Rico. Ambas defraudaron el gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico en un esquema de contratos que ascendían los $15.5 millones, $13 millones en el Departamento (de Educación) y $2.5 millones en ASES”, dijo la fiscal de distrito, añadiendo que los cargos de conspiración conllevan una sentencia de hasta 20 años. 

Rodríguez Vélez explicó que los 32 cargos cubren tres esquemas, dos en el DE y uno en ASES, que se llevaron a cabo de 2017 a 2019. 

Los cargos del 1 al 11, en la acusación, cubren los contratos que Colón & Ponce recibieron, presuntamente, debido a la estrecha relación con Keleher, para la cual no se presentaron pruebas de que se había beneficiado económicamente.

“El propósito de la conspiración fue dirigir los contratos entre el Departamento de Educación y Colón & Ponce, una compañía propiedad de Mayra Ponce Mendoza. Esto fue realizado a través de un proceso de licitación corrupto conforme a una Solicitud de Propuesta, donde Colón & Ponce obtuvieron una ventaja competitiva sobre otros postores, basados, en parte, por la estrecha relación entre Keleher, Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza”, dijo el Departamento de Justicia en un resumen escrito. 

Además, Rodríguez explicó que, a pesar de la presión de Keleher para otorgar el contrato a Colón & Ponce, nadie en la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación pidió esos tipos de servicios. Además, la acusación indica que alguien, identificado como Individuo C de la oficina del Departamento de Educación Unidad de Adjudicación de Fondos, “concluyó que Colón & Ponce fue la única compañía que no estaba cualificada para el contrato, y fue la peor solicitante”. 

No obstante, Colón & Ponce recibió un contrato de $43,000, que luego aumentó a $95,000 para pagarle a una de las asistentes de Keleher, quien no estaba clasificada como empleada del DE. 

Respecto a los dos esquemas restantes, Rodríguez explicó que eran similares, pero, en cambio, benefició a Velázquez Piñol a través de un contrato con BDO, que fue acordado por el DE y ASES. 

“La conspiración y el esquema de fraude involucraron fondos federales pagados por el DE a BDO para varios contratos que totalizaron más de $13 millones de enero del 2017 hasta abril del 2019. A pesar de las prohibiciones expresas en dichos contratos, BDO subcontrató a otras compañías para que prestaran los servicios y pagó a Velázquez a través de su compañía, Azur, una comisión del 10% por los contratos adjudicados a través de la influencia de Velázquez Piñol con funcionarios del gobierno”, dijo Justicia.

Keleher, quien renunció el 1 de abril, fue arrestada en Washington D.C. por el FBI, y Velázquez Piñol fue detenido en Greenwich, Connecticut, tras entregarse. El proceso para traerlos de vuelta a la isla puede llevar unos ocho días.

Keleher debe entregarse a las autoridades federales en Puerto Rico antes del 17 de julio, determinó un tribunal en Washington.

Los otros cuatro arrestados están libres bajo fianza. Ángela Ávila, así como las hermanas contratistas Glenda y Mayra Ponce Mendoza fueron puestas en libertad después de pagar una fianza de $25,000. La fianza de Scherrer requiere un depósito de $2 millones, o $1 millón en efectivo y $1 millón en activos. 

En un comunicado, BDO Puerto Rico dijo que Scherrer presentó su renuncia, lo que “permitirá al Sr. Scherrer concentrarse en su defensa, al tiempo que le permitirá a BDO concentrar sus esfuerzos en brindar servicios” a sus clientes. Agregó que toman las “alegaciones hechas por las autoridades federales muy seriamente y que reitera su voluntad de continuar cooperando”.

Un día antes, los agentes de la Oficina del Inspector General entrevistaron al ex principal asesor del gobernador Alfonso Orona. Los arrestos se realizaron menos de 24 horas después de que Orona declarara ante un gran jurado acerca de la relación de Velázquez con el gobierno.

Rodríguez aseguró que el gobernador no forma parte de la investigación. Sin embargo, al responder preguntas de la prensa, dijo que la investigación envuelve varios municipios, y añadió que “nuevas acusaciones” se avecinan. 

Orona admitió que le preguntaron acerca de las actividades de Velázquez Piñol después del huracán María por autorizar documentos oficiales y proporcionar evidencia de la participación del contratista en la adjudicación de los contratos del plan de salud del gobierno. 

Velázquez también estuvo a cargo de trabajar con el Departamento de Salud en la implementación del primer Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas inglés), y sirvió como asesor externo del DE. 

En un comunicado, el gobernador Ricardo Rosselló, quien estaba de vacaciones en Europa y dijo que regresaría antes de lo planeado, expresó que su administración “no tolerará corrupción y cualquiera que traicione la confianza (en el gobierno) debe pagar con todo el peso de la ley”. 

“Igualmente, reitero el llamado a la colaboración con las agencias de ley y orden que trabajan en estos casos”, agregó.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Raúl Grijalva (D-Ariz), que supervisa los asuntos de Puerto Rico en el Congreso, dijo que Rosselló debe tomar “medidas inmediatas” para restaurar la credibilidad de su administración.

En una entrevista con el Washington Post, Grijalva pidió a Rosselló que renunciara. 

“Hemos cruzado ese crisol ahora”, dijo Grijalva. “La restauración de la rendición de cuentas es demasiado clave para el futuro”.

En un comunicado publicado en su página oficial, el congresista escribió: “Anunciar una actitud de cero tolerancia hacia la corrupción es fácil. Tomar medidas significativas para prevenirlo y castigarlo es liderazgo “. Además, agregó que “el pueblo puertorriqueño merece un gobierno que tome en serio el servicio público, que sea transparente y responsable, y que eso no permita que esto suceda en primer lugar. El gobernador Rosselló tiene poco tiempo y mucho que hacer para restaurar la fe pública en su gobierno, y le insto a que adopte un enfoque de limpieza de la casa lo más rápido y lo más completo posible “.

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