8 de Diciembre de 2019

Exsuperintendente de la Policía confirma que refirió caso de escoltas de Elías Sánchez a la SARP

Por el 25 de Junio de 2019

Fotos de los efectos del huracan Irma en Puerto Rico. (Juan J. Rodríguez/CB)
La exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández. (Juan J. Rodríguez/CB)

La exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández, confirmó el lunes por la noche que, en noviembre de 2017, refirió un documento anónimo que contenía alegaciones sobre el exdirector de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), Elías Sánchez, quien presuntamente tenía escoltas policiacas asignadas aunque no era un funcionario público.

En una entrevista televisiva con Jugando Pelota Dura en Univisión, Hernández dijo que, a finales del año 2017, recibió información muy específica de una fuente anónima alegando que Sánchez tenía escoltas policiacas asignadas.

“Fue muy específico y lo referí a la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional (SARP), que es una oficina interna en la Policía que investiga [las denuncias contra] los oficiales de la policía”, dijo Hernández. “La información anónima hacía referencia a [denuncias de] noviembre y diciembre de 2016”.

Hernández dijo que cuando leyó el documento anónimo estaba “sorprendida” debido a las graves denuncias que se hicieron y la cantidad de detalles que contenía el documento que la llevó a pensar que “provenía de alguien dentro de la fuerza policial que vio lo que sucedía”.

Ella dijo que el documento era lo suficientemente creíble como para que lo remitiera para su investigación y agregó que también fue enviado a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La exjefa de la Policía dijo que no sabe por qué la investigación policial ha tardado tanto. “No lo sé … porque una de las órdenes y regulaciones que ya se habían aprobado a nivel del Departamento de Justicia federal dice que una investigación debe completarse en 90 días”, dijo. “Se pueden solicitar tres extensiones de 30 días si hay una razón convincente para solicitar una extensión”.

El documento con las denuncias fue enviado para su investigación hace 18 meses. “Y si lo miras, la forma en que debería estar funcionando, es que hay una justificación para solicitar una extensión. Así que estamos hablando de 90 días más tres extensiones de 30 días, por lo que es un total de 180 días como máximo”, explicó.

Según informes de prensa, la OEG y el SARP todavía están investigando las denuncias. Alegadamente, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) también está investigando el asunto.

Hernández dijo que cuando envió la información para ser investigada no se hizo pública. “Es parte del trabajo que se debe realizar y que involucra a la policía, por lo que se envió a la SARP y a la OEG”.

Se supone que individuos no deben recibir protección de escoltas policiacas, ya que estos se pagan con fondos públicos.

“Es muy difícil justificar el otorgamiento de una escolta policial a alguien que no es una figura pública”, agregó Hernández.

Hernández destacó que cuando era superintendente, la mayoría de las amenazas que se hacían a las personas “no recibían escoltas policiales, pero se podían ofrecer patrullas preventivas cerca de la casa donde residía la persona que estaba bajo amenaza”.

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