19 de Mayo de 2022

Favorecen incluir certificación de fondos disponibles con cada proyecto de ley

Por el 6 de Marzo de 2017

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda (DH) favorecieron hoy el Proyecto de la Cámara 774 para restablecer la solicitud de una certificación de parte de ambas agencias previo a la erogación de fondos públicos, así como establecer en la Ley 103 de 2006 —Ley para la Reforma Fiscal— que cada comisión legislativa incluya el impacto fiscal de cada medida legislativa que evalúa.

Sin embargo, ambas agencias objetaron que se solicite una declaración jurada, además de la firma de los jefes de agencia, en la certificación de fondos públicos disponibles, pues entienden que la simple firma de estos es suficiente para darle validez a los documentos.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio "Tony" Soto, dirigió las vistas públicas del P. de la C. 774. La medida pide incluir con cada proyecto de ley una certificación de Hacienda y OGP validando la disponibilidad de fondos públicos, si es que se tiene un impacto al fisco. (Suministrada: Tammy Olivencia, Cámara de Representantes)

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio “Tony” Soto, dirigió las vistas públicas del P. de la C. 774. La medida pide incluir con cada proyecto de ley una certificación de Hacienda y OGP validando la disponibilidad de fondos públicos, si es que se tiene un impacto al fisco. (Suministrada: Tammy Olivencia, Cámara de Representantes)

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De igual forma, sería un trámite adicional expedir una declaración jurada que “atrasaría los procesos y los haría menos eficientes”, explicó la técnico legal Mytsi Acosta, en representación del director de la OGP, José Marrero, durante la primera vista pública de la medida ante la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Por otra parte, la representante de la OGP sugirió que se incluya otra enmienda al proyecto para que “las comisiones legislativas también certifiquen el impacto fiscal de las medidas bajo evaluación”. 

“Esto con el fin de salvaguardar las facultades constitucionales conferidas a dicha rama de gobierno [la Rama Legislativa] y evitar así que las certificaciones expedidas por la Rama Ejecutiva se puedan entender como una usurpación de poderes… Dicha certificación legislativa tampoco deberá ser bajo juramento”, afirmó Acosta.

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Según se explica en la exposición de motivos del P. de la C. 774, la Ley 103 de 2006 incluía la solicitud de una certificación de OGP y el DH sobre la disponibilidad de fondos públicos para cada medida legislativa que se evaluaba. Sin embargo, en 2013 se enmendó la legislación para quitar dicho requerimiento.

Ahora, se pretende incluir nuevamente la certificación, lo cual entienden va a tono con lo que requiere la ley federal Promesa y la junta de control fiscal. En esta ley federal se solicita que cada medida legislativa incluya un estimado del impacto fiscal, una certificación al respecto y explicar si la ley va a tono con el plan fiscal que se certifique.

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