30 de Diciembre de 2020

Federales investigaban a socio de BDO desde el 2018

Por el 21 de Octubre de 2020

Gabriel Hernández (CPA), acusado de defraudar al Servicio de Rentas Internas Federal.
Foto: Juan José Rodríguez/CB

Gabriel F. Hernández, socio de una de las principales firmas de auditoria y gestión de negocio en Puerto Rico, sirvió de intermediario para que un supuesto millonario de Arizona estableciera una empresa en la isla bajo los decretos que proveen las leyes 20 y 22, con el fin no pagar las contribuciones que le corresponderían a nivel federal, según la acusación divugada el miércoles por la fiscalía federal.

El millonario para el cúal Hernández hizo las gestiones alegadamente fraudulentas, según la acusación, era un agente de Rentas Internas, haciéndose pasar como un empresario adinerado.

La corporación, denominada como compañía A, se creó en año 2018, apenas un año después de que la firma para la que trabajó hasta ayer Hernández, se convirtiera en una de las más influyentes en el gobierno de la isla.

Hernández, un contador público autorizado (CPA) y su exsocio Fernando Scherrer crearon Scherrer- Hernández & Co. y en el 2004 era una de las firmas de auditoría y contabilidad de más rápido crecimiento en el país.

En el 2012, Scherrer -Hernández & Co. se unió a la multinacional BDO International Network creando una de las firmas más importantes del país y se posicionó, precisamente, como líder en el mercado de asesoramiento de empresarios y compañías interesados en establecerse en Puerto Rico para beneficiarse de recién aprobadas leyes 20 y 22.

La Ley 20 ofrece incentivos contributivos a nivel local a empresas puertorriqueñas que exportan servicios a otras jurisdicciones. La Ley 22 ofrece incentivos contributivos a individuos que se relocalizan en Puerto Rico. Esta ley permite un exención total de los impuestos pagaderos en Puerto Rico del 100% de los ingresos pasivos que el individuo genere.

Estos estatutos, legislados por el gobierno de Luis Fortuño, buscaban atraer a la isla capital extranjero que ayudará a impulsar la alicaída economía boricua.

De acuerdo con la acusación, Hernández de forma concertada, se enriqueció y enriqueció a otros en recompensa por actos falsos y fraudulentos, entre ellos preparar planillas para lograr la aprobación de decretos de exención contributiva en la Oficina de Decretos Contributivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; ayudó a preparar información falsa y fraudulenta para el Departamento de Hacienda; así como una declaración falsa de Volumen de Negocio para el Municipio de San Juan. Además asesoró para que se presentara una planilla de contribución sobre ingresos falsa ante el IRS.

Entre la evidencia que dice tener el gobierno federal están comunicaciones via correo electrónico en el que alegadamente Hernández explica al agente encubierto del IRS cómo se crearía el negocio falso en Puerto Rico para que el alegado empresario pudiera evadir el pago de contribuciones federales y estatales. Además alegan tener llamadas telefónicas a esos mismos efectos.

En una vista celebrada el miércoles tras el arresto de Hernández en San Juan, el ejecutivo se declaró no culpable de los hechos que se le imputan. El magistrado Marcos López le impuso una fianza de $250,000 en efectivo o asegurada.

No obstante, le otorgó hasta el 6 de noviembre al socio administrador de la firma de contabilidad BDO para que presente la fianza impuesta. Además le advirtió que si bien podía comunicarse con sus empleados para asegurar una transición ordenada en la empresa, no puede comunicarse con clientes ni brindar asesoría.

Contexto del crecimiento de Hernández

Durante la administración de Alejandro García Padilla (2013-2016), la empresa que codirigía Hernandez, facturó $2.9 millones en contratos con el gobierno, principalmente brindado servicios de auditoría y contabilidad a varias agencias.

Tras asumir el poder la administración de Ricardo Rosselló Nevárez la cifra de contratos aumentó a $56. 4 millones con distintas agencias incluyendo el Departamento de Hacienda y la Compañía de Fomento Industrial -entidades en las que se gestionan y aprueban los decretos contributivos a empresas.

Además BDO tenía contratos con el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Las gestiones hechas por el exsocio de Hernández en BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, en estas agencias provocaron acusaciones de corrupción gubernamental en el año 2019, que influyeron en las protestas del Verano que culminaron a su vez, con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

A Scherrer se le imputó haber orquestado un ardid para conseguir contratos gubernamentales y lavar dinero junto al también acusado Alberto Velázquez Piñol. Como parte de esa supuesta artimaña, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, también fueron acusadas.

El juicio contra estos acusados está previsto para el año 2021.

A raíz de la pesquiza el Gobierno de Puerto Rico canceló todos los contratos con BDO Puerto Rico. Por su parte, la Junta de Control Fiscal a petición de varios congresistas entre ellos Raúl Grijalva y Nydia Velázquez, peticionó una auditoría de los trabajos realizados por BDO, revelando que aunque se las conclusiones de sus informes eran correctos, no todas las gestiones se hicieron siguiendo los estándares de la profesión.

Mira la acusación aquí.

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