25 de Septiembre de 2020

FEI suspende a Héctor O’Neill

Por el 24 de Mayo de 2017

El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, fue suspendido hoy por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) luego de evaluar el informe presentado por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) en torno a posibles violaciones administrativas en las que pudo haber incurrido el ejecutivo municipal.

Tras la acción del PFEI, el alcalde deberá abandonar de inmediato las instalaciones municipales.

“Como consecuencia de esta determinación, se le ordenó al señor O’Neill García entregar todos los bienes muebles municipales en su poder, a saber: automóviles, teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito y de gasolina, documentos y expedientes, así como cualquier otra propiedad del Municipio de Guaynabo”, informó la presidenta del PFEI, la licenciada Nydia M. Cotto Vives.

Además, el PFEI le ordenó a la vicealcaldesa de Guaynabo, Aurialis Lozada Centeno, que certifique que se cumplió con ocupar todos los bienes muebles municipales en poder de O’Neill antes de las 4:00 de la tarde de mañana, jueves.

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La UPAD es el foro administrativo autónomo dentro del PFEI que tiene la facultad de atender querellas contra los alcaldes y oficiales municipales electos sobre posibles violaciones de ley en el plano administrativo. Por disposición de ley, la investigación que realiza la UPAD es confidencial, por lo cual no se puede divulgar ninguna información sobre ese proceso hasta que haya concluido en su totalidad.

El pasado 1 de mayo, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, anunció el referido del alcalde de Guaynabo a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), por 20 violaciones de ley.

Específicamente, a O’Neill se le imputan violaciones a los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54, conocida también como Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, que corresponden a maltrato sicológico o emocional contra una persona con quien tiene o haya tenido una relación consensual, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra la persona con quien sostuviera esa relación consensual, respectivamente.

Además, se refirió al alcalde por violaciones a los artículos 135 y 136 del Código Penal de Puerto Rico, correspondientes a acoso sexual y exposiciones obscenas, respectivamente.

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Ese día, Vázquez indicó que, como parte de la investigación preliminar realizada por Justicia, se encontró causa suficiente para referir al ejecutivo de Guaynabo por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal, que corresponden a aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir la comparecencia de testigos.

Asimismo, la titular de Justicia manifestó que de la investigación preliminar surgen posibles violaciones a cuatro instancias del Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental ya que un servidor público no puede utilizar sus deberes, las facultades de su cargo, ni la propiedad de fondos públicos para obtener cualquier beneficio no permitido por ley.

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